ESCUCHARLo hizo la Federación Argentina de Colegios de Abogados. Aseguraron que la iniciativa limitará el derecho de los trabajadores de litigar en los tribunales competentes y negaron que los letrados sean quienes generan la denominada “industria del juicio”
Por medio de un duro documento, la Federación Argentina de Colegios de Abogados (FACA) criticó el proyecto de reforma de la Ley de Riesgos del Trabajo enviado por el Poder Ejecutivo al Congreso Nacional.
El presidente de la entidad, el abogado santafesino Eduardo Massot, suscribió un texto en el que expresa que la FACA “hace suyos los términos del dictamen que elevó a su consideración la Sección de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de su Instituto de Estudios Legislativos (IDEL)” con motivo del proyecto de reforma de la ley 24557.
“De sancionarse dicha ley –dice Massot- quedará afectado para los trabajadores víctimas de infortunios el derecho humano fundamental de ingreso irrestricto a un tribunal competente independiente e imparcial, mediante un recurso sencillo efectivo y rápido”.
La declaración del IDEL-FACA fue elaborada por su presidente, Ricardo Cornaglia, y los miembros de la Sección del Derecho del Trabajo, entre los que se destacan los jueces Juan Carlos Fernández Madrid, Néstor Rodríguez Brunengo, y los abogados especialistas Moisés Meik, Guillermo Gianibelli, Juan I. Orsini, Guillermo Pajoni, Juan Formaro y Carlos Vásquez Ocampo.
“La justicia del trabajo es el último refugio con que cuentan los trabajadores cuando padecen actos ilícitos o daños sufridos en ocasión de la dación de tareas. Cuando ella se torna ineficiente y no cumple su misión, a los trabajadores sólo les espera la marginalidad social y la miseria”, adelanta la declaración, que entiende que en un país “en el que la corrupción empresaria ha llegado al punto del escándalo, el trato que reciben los trabajadores y la burla sistemática y fraudulenta del orden público social es natural al abuso y la explotación”.
Los firmantes del documento señalan a los trabajadores como las víctimas de esa corrupción y, por ello, sostienen que son “sujetos de especial consideración tuitiva constitucional” y que “necesitan de abogados para su defensa”.
“Campaña mediática”
Las quejas respecto de la “industria del juicio” y del rol de los abogados como foco de la ineficiencia del servicio de justicia en el fuero del trabajo, con documentos que cuestionan “la alta litigiosidad” e incluso con las declaraciones del diputado Sergio Massa en orden a que hay “un curro de abogados laboralistas” fueron tomadas por los miembros del grupo como una “campaña mediática” que utiliza a los profesionales del derecho que defienden a los trabajadores como “chivo expiatorio”.
Según el IDEL, el fuero del trabajo y el ejercicio de la abogacía en él “merecen un trato justo que no reciben” ni “de la prensa sensible a los intereses empresarios, ni del presidente de la República”. Lo que no es cumplido, entre otras cosas, por la existencia de una campaña de medios “alentada desde los sucesivos gobiernos, contra la mal llamada industria del juicio, se lleva a cabo infamando a los abogados laboralistas y difamando al fuero del trabajo”.
Otros motivos
“El IDEL-FACA advierte que la justicia del trabajo viene siendo objeto de un trato peyorativo, al mismo tiempo que se deja de proveer los recursos humanos y materiales para que pueda cumplir su cometido”, denuncia la declaración.
El instituto señala que la prueba de ello “es la falta de provisión de los cargos de los magistrados, permaneciendo vacantes los puestos de desempeño, por incuria del Poder Ejecutivo en la elevación de los pliegos”. Los números dicen que de los 80 Juzgados del Trabajo de la Capital Federal hay 29 que no están ocupados.
Además, indica que el gran problema de la “litigiosidad” se da con el mantenimiento de la legislación “que inconstitucionalmente veda a los trabajadores la actualización del valor de sus créditos y el sostenimiento judicial de tasas de interés”, lo que hace posible una “morosidad sistemática” que se traduce “en la judicialización de los daños por despidos e infortunios de trabajo, eternizadas en prologados y burocráticos procesos que sirven para financiar a empresarios deudores y sus aseguradoras”.
“Son esas las causas objetivas que hacen que la justicia del trabajo sufra el recargo de tareas que padece, y los créditos alimentarios que en ella se procesan, se licúen a precio vil”, asegura.
