La causa tiene 10 imputados. El fiscal asegura que habrá más procesamientos y negó que la investigación esté paralizada. El titular de la financiera todavía no fue llamado a concluir con la indagatoria.
Hace seis meses Jorge Suau se convertía en una persona pública y reconocida por la sociedad cordobesa cuando su cuerpo sin vida era encontrado en su camioneta en un camino rural, entre las ciudades de Córdoba y de Alta Gracia. Tenía 49 años y tres hijos, y era el vicepresidente de la entidad financiera Cordubensis (CBI). Su muerte generó enigmas y numerosas especulaciones que persisten sin que aún pueda dilucidarse si se suicidó o lo mataron.
Tras su carta póstuma en la que dejó plasmada graves acusaciones a varias personas que integraban la financiera CBI, la investigación se dividió en dos partes: por un lado, la Justicia provincial se abocó a la muerte del vicepresidente de CBI, y, por el otro, la Justicia federal se hizo cargo de investigar a Cordubensis.
Pasado algunos meses, la justicia federal imputó a diez personas, entre ellos al presidente de la financiera, Eduardo Rodrigo; en tanto que la justicia local cerró la instrucción bajo la conclusión de que Suau se quitó la vida. Hoy, ambos aspectos de la causa quedaron en manos del fiscal de instrucción, Enrique Senestrari y el juez federal Ricardo Bustos Fierro, bajo directiva expresa de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
¿Paralizada?
Seis meses después de la muerte de Suau, la causa se encuentra en plena etapa de instrucción. Algunos aseguran que está paralizada, aunque el propio fiscal asegura que la causa sigue creciendo y habrá más imputaciones en los próximos días.
La elevación a juicio, no obstante, aún parece muy lejana, según adelantó el mismo Senestrari, quien en declaraciones a la prensa explicó que en este tipo de causas “uno quiere que vaya de un modo integral, para que no se analice por pedacitos, porque así quedan como pequeños hechos. Esto fue una maniobra muy grande y muy grave”, aseguró.
Entre las indagatorias aún pendientes está una que es clave: la del extitular de la firma, Eduardo Rodrigo, quien si bien prestó declaración ante Bustos Fierro nunca concluyó y el acto procesal se encuentra suspendido por diferentes planteos en los que se reclamó el apartamiento de Bustos Fierro.
Entre las pruebas faltantes, indicadas como esenciales, se señala la existencia de un servidor paralelo, en el que habrían quedado registradas muchas de las operaciones clandestinas que se realizaban dentro de la financiera.
“Se habla del famoso ‘servidor dos’ como si fuera el cofre de la fortuna. Seguramente si lo tuviésemos, habría más pruebas. Pero hay muchísima información, que da buenos resultados. La fiscalía tiene mucho, por eso va a seguir haciendo imputaciones. Sólo falta terminar de coordinar la información para terminar de avanzar”, añadió.
Al respecto, destacó que tal servidor podría incluso haber sido incautado ya.