Según el Índice de Confianza en la Justicia (ICJ) elaborado por la Escuela de Derecho de la Universidad Di Tella y el Foro de estudios sobre la Administración de Justicia (Fores), correspondiente a noviembre de 2023, solo el 8% de la población encuestada confía en la honestidad de la Justicia argentina y el 9% en su eficacia.
El ICJ mide semestralmente la evolución de la opinión pública respecto de la administración de Justicia en el país. Está compuesto por dos subíndices: el conductual y el perceptual.
El conductual permite conocer el comportamiento que los consultados manifiestan que tendrían ante conflictos jurídicos potenciales en materia patrimonial, familiar y laboral.
En tanto, el perceptual mide su opinión respecto de los atributos que esperan del Poder Judicial en términos de imparcialidad, eficiencia y honestidad.
El índice, como medida de confianza, se obtiene promediando los dos subíndices y tiene una amplitud que varía entre 0 y 100.
Para el onceavo mes del año, el Índice de Confianza en la Justicia dio un resultado de 47,5 puntos.
Respuestas
El subíndice conductual, uno de los componentes para la elaboración del reporte, refleja las respuestas de las personas frente a situaciones hipotéticas que requerirían la intervención de la Justicia, como recibir un cheque sin fondos, ser despedidas o divorciarse.
En esos escenarios, 70,1% respondió que llevaría su caso a la Justicia o consultaría a un abogado. El promedio histórico 2004-2011 fue 68,48%.
Frente a la pregunta de si recibiera un cheque sin fondos por un trabajo realizado recurriría a un letrado para que el caso llegue a la Justicia, el 50% respondió “seguro que sí”, el 27% “probablemente que sí”, el 8% “probablemente que no”, el 12% “no” y un 3% no contestó o dijo que no sabía.
En la consulta sobre los supuestos de no recibir lo que corresponde en un divorcio y una menor indemnización en un despido, en ambos casos el 52% respondió que recurriría a un abogado.
En cuanto a subíndice perceptual, ante la consulta realizada sobre los atributos de imparcialidad, honestidad y eficiencia de la Justicia, las respuestas fueron bastante más negativas: el resultado final fue de 24,8 puntos. El promedio histórico 2004-2011 fue de 29,25 puntos.
Así, aún cuando las personas puedan tener una percepción general negativa de la Justicia, alrededor del 75% de los encuestados afirmó que acudiría a un profesional del derecho para que lleve su demanda o recurso ante los tribunales.
Por igual
88% de las personas entrevistadas consideró que es “poco o nada confiable” que la Justicia trate a todos por igual, sin importar sus medios económicos, contactos o afiliación política
En términos de honestidad y honradez, el 90% de los consultados consideró que la Justicia es poco o nada confiable, frente al 8% que considera que sí lo es.
De los datos segmentados surge que el 91% de las personas entrevistadas percibe a la Justicia “nada” o “poco confiable” en términos de capacidad y eficiencia. Sin embargo, si se analizan las respuestas por nivel de educación, se observa que la respuesta “nada confiable” es más baja mientras mayor es el nivel educativo.
Por otro lado, en relación a la ubicación en el territorio de los entrevistados, dentro de un conjunto de resultados bajos, el gran Buenos Aires mostró los niveles de confianza más altos en lo que respecta a la capacidad y la eficiencia de la Justicia: “bastante confiable” para el 11% y “muy confiable” para el 5%.