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2- De la conjugación de los arts. 7 y 68, LP 9086, no puede negarse que el art. 68 no se refiere a las empresas estatales, no sólo porque alude a los fondos del Tesoro, sino que además expresamente establece que es para los casos en que el «Estado» fuera el «obligado a pagar». Además no tendría sentido argüir que el requerimiento se debe hacer a la Fiscalía de Estado para el pago de una deuda con fondos cuyo manejo no corresponde a la Administración. Tampoco puede sostenerse que el previo requerimiento de pago debe hacerse a la ejecutada deudora, otorgándole así una prerrogativa de abonar la condena de manera diferente a la establecida por la sentencia y contradiciendo lo dispuesto por la legislación de fondo respecto a los derechos y obligaciones de acreedor y deudor en las relaciones personales. (Mayoría, Dres. Zarza y Simes).
3- No pueden soslayarse la naturaleza de la deuda que se pretende reclamar (honorarios) y el carácter alimentario de ésta (cfr. art. 6, ley 9459). Tales extremos deben ponderarse junto con las demás constancias de la causa, de las cuales surge que se aplicó el art. 806, CPC, y por lo tanto se otorgó el plazo de cuatro meses para la ejecución de la sentencia, se corrió vista de la liquidación efectuada a la ejecutada, que pese a haber comparecido con anterioridad pidiendo la apertura de cuenta para uso judicial no evacuó la vista que le fuera corrida ni el traslado del presente recurso. Es decir, se trata de la ejecución de un crédito que cuenta con resolución firme, en la cual la empresa ejecutada, pese a contar con suficiente tiempo para cumplimentar con su obligación y habiendo sido notificada de los distintos estadios procesales de la presente ejecución, no ha pagado su deuda. En virtud de lo expuesto, corresponde acoger el recurso interpuesto por el ejecutante, revocar el proveído apelado y, en consecuencia, declarar la inaplicabilidad del art. 68, ley 9086. (Mayoría, Dres. Zarza y Simes).
4- El régimen de la ley 9086, al cual remite la Ordenanza Municipal 10604, es aplicable también a las sociedades estatales de acuerdo con lo dispuesto por el art. 5 inc. 2, ley 9086, norma que determina el ámbito de aplicación de la ley con carácter general y que no puede soslayarse pese que la Ordenanza Municipal solo refiera al art. 68, ley 9068. Determinado el alcance de la ley, no se puede pretender dejar fuera a las sociedades estatales (expresamente incluidas) máxime cuando la disposición no dice que están exceptuadas. (Minoría, Dra. Palacio de Caeiro).
5- Tratándose de un requerimiento de pago formulado al ente provincial, el cumplimiento de pasos administrativos y de presentación de documentación conforme a los procedimientos reglados para el accionar de la Administración no se aprecia abusivo ni inconstitucional. No debe olvidarse que el ejecutado en autos es una sociedad con participación mayoritaria estatal, persona jurídica que a fin de disponer y autorizar el pago, debe respetar las vías administrativas que reglan su actuar. En esta causa, iniciada la ejecución de gastos, el ejecutante se opone a la aplicación del art. 68, ley N°. 9086, por lo que aún no se ha acatado con la normativa. En los hechos ello implica que ni las partes ni el Tribunal pueden adelantarse y afirmar que se ha perjudicado el derecho del acreedor como si existiera una negativa al pago por parte de la condenada. (Minoría, Dra. Palacio de Caeiro).
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