En Chile, una encuesta de la consultora Data Influye realizada en marzo indicó que un 68% de la población está de acuerdo con que los militares apoyen la vigilancia de calles, poblaciones, supermercados, y otros espacios públicos.
Un 60%, en tanto, avalaría incluso que las Fuerzas Armadas hagan allanamientos en barrios y campamentos y un 58% que realicen controles de identidad.
Además, según los resultados, un 74% afirmó que las deben resguardar infraestructuras críticas, un tema de debate entre oficialismo y oposición.
Cabe resaltar que en Chile siguen registrándose atentados incendiarios en la región de La Araucanía y aumentaron los secuestros y los hechos de sicariato.
Desde el último gobierno de Sebastián Piñera, La Araucanía vive en un constante estado de excepción con la presencia de militares en sus calles por el llamado “conflicto mapuche”.
Hace dos semanas, al referirse a la solicitud del alcalde de Maipú, Tomás Vodanovic, de desplegar militares en ciertas zonas para reforzar la seguridad, el presidente Gabriel Boric afirmó: “Los militares, y lo han señalado ellos mismos, no tienen capacitación para realizar labores de orden público, pero, desde nuestra perspectiva, pueden colaborar en algunas funciones específicas para liberar a policías de otras labores que sí están preparados. Eso requiere modificaciones legales, y yo no me cierro en ningún caso a poder disponer de esas herramientas, por ejemplo, por medio de la ley de infraestructura crítica que tiene que ser discutido en el Congreso”.