Los desafíos de implementar la nueva Ley de Educación Ambiental en Córdoba

Por Rosana Guerra. Colaboración especial
Twitter: @Rosana666

Propiciar un nuevo contrato social en torno a la construcción de una ciudadanía responsable y protectora de los recursos naturales es la clave. Contenidos curriculares, áreas problemáticas, debates ambientales y políticas públicas complementarias se ponen en juego

La aprobación de la nueva Ley 27621 de Educación Ambiental Integral en Argentina es inédita porque establece el derecho a la educación ambiental integral como una política pública nacional. 

Además, propicia un nuevo contrato social en torno a la construcción de una ciudadanía responsable, promoviendo la inclusión de los nuevos paradigmas de sostenibilidad en los ámbitos educativos formales, no formales e informales en todo el país. 

Sin embargo, los desafíos para su implementación efectiva suponen un proceso complejo que depende de varios factores vinculados con el rol de actores sociales como el Estado, las instituciones educativas y las organizaciones de la sociedad civil. 

En Argentina rige la Ley de Educación Nacional 20.206 y también la Ley General de Ambiente 25675, que reconoce la educación ambiental (arts. 8, 14 y 15) como instrumento de política, conciencia ciudadana y gestión ambiental. Lo novedoso de la nueva iniciativa aprobada es que permitirá contar con una normativa legal que brinde herramientas para desarrollar una implementación articulada y coordinada en todo el país. 

La Ley de Educación Ambiental Integral reconoce los antecedentes internacionales, donde nuestro país tomó un compromiso, como la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo, la Cumbre de la Tierra celebrada en Río de Janeiro en 1992, y -en el ámbito regional- con el Acuerdo Marco sobre Medio Ambiente del Mercosur.

Sin embargo, para su implementación, la normativa debe ser reglamentada en el término de los 90 días de promulgada. Además, requiere tener financiamiento para su ejecución y lograr el trabajo coordinado entre todos los actores involucrados para incluir contenidos de temas socio ambientales relevantes en el ámbito formal, no formal e informal. 

Coordinación y articulación

La Ley de Educación Ambiental Integral prevé la creación de una Coordinación Ejecutiva encargada de desarrollar la Estrategia Nacional de Educación Ambiental Integral. 

Estará formada por dos miembros del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación, dos miembros del Ministerio de Educación de la Nación, dos miembros del Consejo Federal de Educación (CFE) y dos del Consejo Federal de Medio Ambiente (Cofema). “Se está trabajando conjuntamente con el Ministerio de Educación de la Nación para la reglamentación de la norma. El financiamiento está previsto dentro del Presupuesto Nacional”, informaron desde el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación. 

Un tema a considerar es el contexto previo a la implementación de la ley de educación ambiental en Córdoba. Además de los inconvenientes que trajo la pandemia por covid-19 desatada en marzo de 2020 por las medidas de aislamiento y restricciones, hay que considerar los problemas educativos estructurales pre existentes: lograr la accesibilidad a una educación de calidad en particular de los sectores más vulnerables, el desafío para mejorar los estándares de finalización de los tres niveles educativos y las competencias necesarias para que los jóvenes puedan integrarse al mercado laboral. En este punto, cabe señalar la necesidad de contar con personal docente cualificado, recursos e instalaciones educativas inclusivas. 

En este escenario, otro pendiente es preparar los contenidos curriculares en educación ambiental garantizando una educación de calidad en sintonía con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 de la Organización de Naciones Unidas. Particularmente, lograr el cumplimiento del objetivo 4, que aboga por garantizar una educación de calidad, está vinculado con otros objetivos como salir de la pobreza, promover estilos de vida sostenibles y fomentar una cultura de paz, los derechos humanos y de igualdad de género. En esta meta se establece la necesidad de asegurar una escuela gratuita, garantizando una educación gratuita, equitativa y de calidad. 

“Esta ley brindará un marco regulatorio en educación ambiental tanto en el ámbito formal y no formal para poder lograr un efecto más tangible en relación a los objetivos de desarrollo sostenible de la Agenda de Naciones Unidas”, consideró Elga Velásquez, presidenta de la Fundación para el Desarrollo Sostenible y de Green Drinks Córdoba. La especialista agregó que la normativa tiene un efecto multiplicador para las comunidades. “La idea es que se puedan aplicar los temas de educación ambiental en forma efectiva como parte de la currícula no de un solo docente sino de toda la escuela”, añadió Velásquez. 

Lo fundamental es conectar el propósito de esta ley con un cable a tierra para que la educación ambiental se forme a partir de un eje de actividades prácticas. “De esa manera los alumnos pueden generar cambios positivos en las comunidades donde viven, formar conciencia y practicar una ciudadanía activa y responsable a partir de la participación en la resolución de las temáticas ambientales que los involucran”, aseguró Federico Kopta, presidente del Foro Ambiental Córdoba.

El eje de las actividades prácticas requiere apoyo institucional y compromiso docente. “En esto de saber cómo hacerlo es fundamental que se involucren las organizaciones de la sociedad civil que vienen trabajando hace muchos años en educación ambiental”, propone Kopta. 

La complejidad y multicausalidad de los problemas ambientales y socio ambientales interpela los conocimientos que todo docente posee para poder establecer las redes de relaciones de los problemas ambientales. “La primera dificultad que tienen es que no logran establecer las relaciones multicausales: por ejemplo, el funcionamiento de un ecosistema, para luego analizar causas y consecuencias”, reflexionó Rita Stanislavs, presidente de la Asociación de Amigos de la Reserva San Martín. La especialista considera que la capacitación debe ser principalmente formal y sistemática para no quedar solo en la voluntad de los docentes entusiastas. 

Es indispensable lograr la interconexión, coherencia y comunicación entre los programas educativos y el sistema de transmisión de enseñanza de esos programas en los tres niveles educativos, donde se refleje la variable socio ambiental. “Porque el problema es que la educación ambiental se trabaja en compartimentos separados. La brecha de este hilo conductor en la educación no formal se profundiza aún más”, indicó el biólogo Raúl Montenegro, presidente de la Fundación para la Defensa del Ambiente.

Estrategia transversal

La nueva iniciativa permite implementar una política pública nacional en materia de educación ambiental, a través de una Estrategia Nacional de Educación Ambiental (ENEA). Esta herramienta es un instrumento de planificación estratégica y, a la vez, una política pública nacional permanente y concertada que alcanza a todos los ámbitos informales, no formales y formales de la educación ambiental. El nuevo instrumento legal es universalista pero a la vez es focalizado porque propicia la territorialización de la educación ambiental mediante estrategias jurisdiccionales adecuadas para su implementación en todas las provincias. La implementación de esta ENEA se concibe como una responsabilidad compartida, con competencias y facultades diferenciadas, entre el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y el Ministerio de Educación, en articulación con Cofema y el Consejo Federal de Educación (CFE), así como el involucramiento de los ministerios de Educación y la Secretaría de Ambiente de la provincia de Córdoba. 

La estrategia nacional prevé garantizar en todos los niveles educativos una educación ambiental gratuita, federal y constante. La propuesta de la ley consiste en incorporar a todas las materias la perspectiva ambiental y realizar talleres de reflexión sobre biodiversidad, problemáticas ambientales, equidad, diversidad cultural y participación ciudadana. La ley podrá implementarse de diversas maneras en cada una de las jurisdicciones. Sobre el ámbito de la educación formal, la ley deja bajo responsabilidad del Ministerio de Educación de la Nación la formación docente conforme a los mecanismos que actualmente posee. 

Viabilidad e implementación

El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación informó a Comercio y Justicia que se promoverá en todos los sectores formales e informales, ciudadanos, trabajadores, empresarios y funcionarios, para que tomen decisiones informadas y conscientes.

 “En el caso de las universidades, no se limitará a los contenidos curriculares, sino que deberán incorporar la dimensión ambiental en todos los ámbitos, desde lo curricular a la gestión edilicia, la extensión y la investigación, con miras a la construcción de una cultura ambiental universitaria. Por otro lado, desde el ámbito no formal, la ley prevé campañas de concientización para medios masivos y contenidos audiovisuales”, agregaron fuentes del organismo al ser consultadas para este informe especial.

En tanto, el recorte temático relevante a cada región y jurisdicción será responsabilidad del trabajo desde las Estrategias Jurisdiccionales de Educación Ambiental Integral (Eneai) de cada provincia y de los actores que articulen en los territorios. Además se informó que cada jurisdicción convocará a los actores que puedan contribuir a esta construcción conjunta. En tanto, las Eneai tendrán como marco la Estrategia Nacional de Educación Ambiental Integral concertado desde un ámbito de participación ciudadana previsto en el Consejo Consultivo. 

En la provincia

Consultado sobre cómo se implementará la nueva ley en Córdoba, Juan Carlos Scotto, secretario de Ambiente de la provincia de Córdoba, consideró: “Esta ley es una excelente razón para continuar impulsando y ampliando nuestra red de trabajo con el Ministerio de Educación. Todavía no se realizó la adhesión a esta ley en la provincia de Córdoba. Sin embargo a nivel de la Nación se están discutiendo los lineamientos de la misma en el seno del Cofema, en el cual Córdoba tiene su representación”. 

Scotto adelantó que las provincias ya elaboraron el cuerpo de la ley durante los últimos años de trabajo dentro de la Comisión Educación Ambiental y se están desarrollando las reuniones para consensuar los lineamientos generales mínimos para trabajar en todas las provincias del país. Lo mismo ocurre en el CFE.

Desde el año 2008, ambas carteras del gobierno provincial vienen trabajando de manera articulada, mediante un convenio marco que tiene por objeto diseñar, desarrollar y evaluar políticas y acciones de Educación Ambiental, sobre la base de la cooperación interinstitucional.

En tanto, el Ministerio de Educación de la provincia de Córdoba añadió que los diseños curriculares que están en vigencia actualmente ya establecen contenidos ambientales mínimos en los diferentes espacios curriculares de los distintos niveles educativos, tales como agua, aire, suelo, energías sustentables, ambientes naturales, biodiversidad, residuos, cambio climático, influencia del crecimiento demográfico, entre otros. Así también surgen problemáticas ambientales emergentes locales, regionales, nacionales y mundiales, como pueden ser los incendios forestales, las inundaciones, el desmonte, el dengue o la pandemia. 

Con la sanción de la Ley de Política Ambiental Provincial N° 10208/14, se estableció la coordinación con el Ministerio de Educación para el incentivo en el tratamiento de aspectos ambientales en la currícula de la educación formal en los distintos niveles.

“Entre las acciones realizadas que son antecedentes de este trabajo articulado podemos mencionar las capacitaciones con puntaje a docentes de los diferentes niveles educativos, en temáticas ambientales como cambio climático, producción de huerta escolar agroecológica, producción de juegos y juguetes con materiales reciclables, análisis de cortometrajes ambientales, ambientes naturales de Córdoba”, enumeró Scotto. Además de las charlas y capacitaciones a alumnos, docentes y directivos por demanda de la propia institución o del docente; la participación en las ferias de ciencias, el asesoramiento en trabajos prácticos diseñados por los docentes para proyectos escolares o locales y la lectura, redacción y corrección de materiales de estudio.

Entre las acciones con el sistema educativo Scotto informó que tienen en marcha un programa de prácticas supervisadas, abierto a estudiantes de todas las universidades e institutos terciarios. Se trabaja con el nivel superior, por medio del Instituto Técnico Superior Córdoba, dependiente de la Dirección de Técnica, para que los alumnos que estudian la Tecnicatura en Gestión Ambiental puedan realizar su práctica pre-profesional en la Secretaría de Ambiente, como así también participar de charlas, capacitaciones y otras actividades de articulación.

Construcción colectiva

Los mecanismos que facilitarán espacios de participación a la ciudadanía por medio de las Organizaciones de la Sociedad Civil especializadas en educación ambiental es otro de los desafíos de la nueva normativa. Los contenidos curriculares deben estar en sintonía con una visión integral de la educación ambiental como eje transversal alineados con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 de Naciones Unidas. “La generación de mecanismos participativos es clave para facilitar la interconexión entre los programas que se articulen entre el ministerio de educación y el ministerio de ambiente, considerando las áreas ambientales relevantes que las organizaciones de la sociedad civil vienen trabajando en terreno”, sostuvo Raúl Montenegro. 

Por su parte, la Secretaría de Ambiente de la Provincia de Córdoba adelantó que vienen trabajando con organizaciones de la sociedad civil. Actualmente están instrumentando la Ley Nacional Yolanda N° 27592/20 y la ley provincial de adhesión N° 10758/21. El área de educación ambiental representa a la provincia en el Cofema – Comisión de educación ambiental y se viene trabajando en capacitaciones abiertas a la ciudadanía. Se trabaja con centros vecinales, ONG, instituciones de salud mental, grupos de parroquias y organizaciones de adultos mayores. “Asimismo trabajamos en diversas actividades de formación, de investigación, tanto con universidades públicas y privadas mediante convenios de vinculación, cooperación y asistencia y con otras organizaciones como Parques Nacionales, INTA, Aves Argentinas, Natura International, Bosquizar, entre otras”, enumeró Juan Carlos Scotto. El funcionario de la cartera de ambiente aseguró que continuarán convocándolas para organizarse de modo de que todos puedan sumarse para generar alianzas. “Éste es un mandato de los ODS, el 17”, puntualizó Scotto. 

“En la mayoría de los problemas ambientales las medidas para su solución partieron de reclamos de la sociedad, y no de una planificación por parte de las gestiones gubernamentales”, señaló por su parte Stanislavs. A través de mecanismos de participación ciudadana es que se crearon muchas de las áreas protegidas en Córdoba, como la Reserva San Martín y muchas de las que integran el corredor de Sierras Chicas.

Un tema crucial es la construcción colectiva del conocimiento. “La existencia de plataformas de participación de organizaciones de la sociedad civil, las universidades y otros actores tienen que ser viable, para incorporar dentro de una matriz cuáles son los problemas ambientales más graves y sus posibles soluciones”, consideró Montenegro. 

En los sistemas de gestión ambiental debe incorporarse los mecanismos de participación ciudadana, el compromiso ciudadano con las problemáticas ambientales y la defensa del derecho a vivir en un ambiente sano porque estos inciden en el progreso de los sistemas de gestión. “Generar mecanismos abiertos y estandarizados en base a un documento base, donde participen en forma activa y permanente las organizaciones de la sociedad civil y otros actores sociales para que puedan ser sistematizados e integrados en plataformas digitalizadas de fácil acceso”, añadió Montenegro. Desde su perspectiva es fundamental abordar los enfoques socio ambientales además de los temas socio ambientales más relevantes, así como analizar los estilos de vida impactan en forma directa en relación a las inequidades sociales y a las situaciones ambientales. 

Problemas relevantes

Debido a la amplitud del territorio y la gran diversidad de problemáticas para cada sector se dará un abordaje transversal con otras disciplinas desarrolladas en el ámbito del sistema educativo formal. Esta instancia permitirá que se preparen capacitaciones a medida para los ámbitos de la educación informal y no formal. La ley establece el diseño de estrategias localizadas, identificando problemáticas y desarrollando contenidos y formas de tratamiento. 

“Los diseños curriculares establecen contenidos ambientales mínimos para cada nivel educativo vinculados a temas de agua, aire, suelo, ambientes naturales de Córdoba, biodiversidad, residuos o cambio climático. Asimismo surgen problemáticas ambientales emergentes locales, regionales, nacionales o mundiales, como pueden ser los incendios forestales, las inundaciones o a nivel mundial la pandemia”, describió Scotto. 

También se deben tener en cuenta las orientaciones específicas de cada institución en nivel secundario. Las que tienen orientación en Turismo, pueden trabajar temas como el turismo sostenible, la conservación de los ecosistemas, el reconocimiento de flora y fauna local y la promoción de la cultura local.

El secretario de ambiente de la provincia de Córdoba, agregó que la problemática de los residuos sólidos urbanos, su separación y los beneficios de la economía circular son temas muy interesantes para abordar en el aula. “De hecho, estamos avanzando en el trabajo con la unificación en la simbología y colores para la separación de residuos, un tema que podremos trabajar desde las comunidades educativas”, señaló.

Mientras, las organizaciones de la sociedad plantean áreas de problemas ambientales entre los que se mencionan como el más grave en la provincia de Córdoba como la pérdida de biodiversidad. “Nos podemos adaptar con una gran capacidad de sufrimiento al cambio climático pero no así a la pérdida de biodiversidad a niveles críticos. “Se pueden plantar árboles pero no se puede plantar biodiversidad”, advirtió Montenegro. 

En relación a la selección de temas socio ambientales se deben indagar también sobre los modelos económicos y sociales que impactaron respecto al uso de nuestros recursos naturales y a la salud de los ecosistemas. “Casi naturalizamos que casi las tres cuartas partes del bosque nativo en la provincia de Córdoba sean campos de cultivos bañados en agrotóxicos y a veces el Estado es funcional a los modelos extractivistas y de destrucción de los ecosistemas”, reflexionó Kopta. 

La destrucción del bosque nativo vinculado con la expansión de la frontera agrícola, el uso del suelo para la actividad ganadera y el avance inmobiliario, es otro de los problemas. “Según datos de 2016, cuando se trató la fallida actualización del Ordenamiento Territorial del Bosque Nativo (OTBN), nos quedaba menos de tres por ciento del bosque nativo en la provincia de Córdoba, es decir un 2, 27% de bosques nativos en buen estado de conservación”, describió Kopta. Respecto a los bosques abiertos con intervención de extracción de árboles quedaba un 6 % y luego se incluyen los matorrales. Si a eso se le agrega los incendios ocurridos en Córdoba en 2020, donde se quemaron más de 350 mil hectáreas de bosque, la situación se agrava notablemente. 

Otra área de problema es el cambio climático global. Luego hay otras áreas de problema como alteración de cuencas hídricas, la erosión y la desertificación, la destrucción de la fauna, la captura de fauna y sobre la captura a nivel de plataforma continental argentina. También la destrucción de la vegetación, modificación de la geomorfología, la contaminación del agua superficial y subterránea, del suelo, de las aguas marinas, del aire, además de la contaminación electromagnética no ionizante e ionizante y la contaminación con materiales radiactivos. También se menciona el problema de los residuos peligrosos, la contaminación industrial y los residuos sólidos urbanos. 

 “En un estudio sobre diagnóstico provincial de sistemas de manejo de residuos sólidos urbanos de Guillermo Fernández publicado por el Ministerio de Salud de la provincia de Córdoba, se advierte que en 1993 producíamos 630 gramos de residuos por habitante por día. En 2009 pasamos a tener 1 kilo 300 gramos, de residuos sólidos urbanos, más 400 gramos de escombros por habitantes por día”, comparó Kopta. 

Asimismo se mencionan como áreas problemas socio ambientales, la dispersión de organismos genéticamente modificados al ambiente, la contaminación con sustancias químicas, el ingreso de especies exóticas que pueden alterar los ecosistemas nativos, los modelos extractivos de la agricultura, de la mega minería, la contaminación de residuos cloacales y los estilos de vida consumistas. 

“La actividad agropecuaria y los emprendimientos inmobiliarios diezmaron los ecosistemas nativos que son los que brindan los servicios ambientales que atenúan los impactos negativos de la actividad humana”, describió Stanislavs. Son ellos quienes captan el dióxido de carbono, liberan oxígeno, permitiendo la vida en el planeta y disminuyendo el calentamiento global, regulan el régimen hídrico, evitando sequías e inundaciones, regulan el clima, captan contaminantes, promueven la biodiversidad, restableciendo el equilibrio ecológico, forman suelo y evitando la erosión eólica.Por eso es fundamental propiciar el mantenimiento y creación de áreas protegidas como reservas, parques nacionales, corredores biológicos y bosques de bolsillo. Además de conservar los recursos naturales y brindar servicios ambientales funcionan como aulas abiertas a la comunidad.