ESCUCHAREl anteproyecto de ley impulsado por los notarios para que las declaratorias de herederos se realicen en escribanías ya encontró una fuerte oposición entre los abogados locales que consideran “inconstitucional” la idea del Consejo Federal del Notariado Argentino (CFNA), anticipada por este diario el martes pasado.
El presidente del Colegio de Abogados de Córdoba, Jorge Curtó, sostuvo que “todo intento de sustraer de la autoridad de los jueces y del contralor de los fiscales, la tramitación de las sucesiones, es una privatización de la Justicia, una demostración del abandono por parte del Estado de una de sus funciones esenciales y, en la práctica, permitir la justicia por mano propia”.
Cabe señalar que la CFNA pretende que cuando existan herederos mayores de edad, sin litigio o proceso contencioso entre ellos, y no se trate de sucesores menores o incapaces, pueda optarse por realizar el trámite ante un escribano en lugar del juez. Los notarios sostienen que de implementarse este cambio le restarían un 15 por ciento de tareas a los atiborrados juzgados civiles.
En la vereda opuesta, Curtó atacó todos estos puntos. “Son inconstitucionales las posiciones y propuestas notariales que pretenden sustituir, sustraer o soslayar a los jueces para que determinen o declaren los herederos de una persona fallecida. De esa forma y so pretexto de modernización y economía, se atropellan las garantías constitucionales y se ponen en grave riesgo los derechos de las personas y la seguridad jurídica”.
El titular de la entidad profesional local ratificó de esta manera las conclusiones a las que arribó en abril pasado el plenario de presidentes de Colegios, Asociaciones y Cajas de Previsión de Abogados del país, cuando advirtió que un escribano de Río Negro había intentado comenzar con el trámite de sucesión y fue denunciado penalmente por el Colegio de Abogados de General Roca. La postura, tomada en forma conjunta con la Federación Argentina de Colegio de Abogados (FACA), se denominó Declaración de Mendoza y hoy recobra fuerza frente a la insistencia de los escribanos que próximamente presentarán el proyecto al nuevo ministro de Justicia de la Nación, Julio Alak.
Incumbencias
Mientras Carlos Ríos, presidente de la Confederación que nuclea a los notarios, aclaró en la entrevista a Comercio y Justicia que la tramitación seguirá requiriendo patrocinio letrado y no se vulnerarían los derechos de los abogados, Curtó opinó que éste es un caso de “intrusismo profesional”, en el que se están inmiscuyendo en una incumbencia ajena.
“El escribano carece de capacitación en este tema; ésta es una incumbencia de los abogados, fijada por la Ley de Educación Superior”, defendió el dirigente profesional.
También agregó que la iniciativa atenta contra la seguridad jurídica y que el hecho de que lo planteen como un trámite optativo, limitado a ciertos casos y sin anular el rol abogadil, no lo exime de controversia.
En este sentido, recalcó que deben mantenerse las garantías al ciudadano, como la obligación de la publicación de edicto y la comparecencia ante el juez. Y señaló que con la “intromisión” del escribano y la actuación de dos profesionales, el trámite no sería más económico como habían argumentado desde la CFNA.
