ESCUCHARA pesar de la marcha atrás con los descuentos y de los relevos de las cúpulas, el reclamo continuaba anoche. En un acto en la Casa Rosada, anoche, la Presidenta evitó hablar de los hechos.
Argentina vivió ayer una jornada inédita. Un conflicto a raíz de cambios en la escala y en la liquidación de salarios de los efectivos de Prefectura y Gendarmería, que explotó el miércoles por la noche con el acuartelamiento de los prefectos, se extendió ayer por todo el país y sumó el apoyo de parte de otras fuerzas, como la Armada, la Policía Bonaerense y la Policía Federal. El Ejecutivo suspendió por un mes la implementación de los cambios dispuestos pero no dio marcha atrás con ellos. También removió la cúpula de ambas fuerzas. No logró con ello acabar con el conflicto porque los efectivos de Prefectura y Gendarmería pidieron más: otros cambios en la escala y un básico de 7.000 pesos, entre otras cosas. En medio de todo este conflicto, diputados y senadores solicitaron a los manifestantes “adecuar sus acciones a pautas de funcionamiento democrático y subordinación a las autoridades legalmente constituídas”; sectores cercanos al oficialismo denunciaban una conspiración destituyente; y la oposición acusaba al oficialismo por la situación salarial de los efectivos.
Lo concreto es que los cambios en la escala y en la liquidación de sueldos, a instancias de un decreto presidencial, desató el miércoles pasado la protesta entre los integrantes de Prefectura, quienes se concentraron frente al edificio Guardacostas y llegaron a bloquear sus puertas con esposas. Hasta altas horas de la noche hubo reuniones con funcionarios pero los efectivos no cedieron y, más aún, incrementaron sus reclamos.
Ayer por la mañana, efectivos de Gendarmería Nacional se plegaron al acuartelamiento que llevaban adelante los prefectos. Más tarde se sumaron efectivos de ambas fuerzas en distintos puntos del país: Jesús María (Córdoba), San Juan, Santiago del Estero, Rosario (Santa Fe), Paso de los Libres (Corrientes), Posadas (Misiones), Orán (Salta), San Miguel de Tucumán, Dorrego (Mendoza), General Acha (La Pampa), Bariloche (Río Negro), Comodoro Rivadavia (Chubut) y Usuhaia (Tierra del Fuego), entre otros lugares.
Por la mañana sumaron reclamos también unos 200 suboficiales de la Armada, quienes montaron una protesta en el edificio Libertad, frente a los Tribunales de Comodoro Py. Si bien no estaban afectados por el mismo decreto que Prefectura y Gendarmería, aseguraban que sufrieron recortes salariales. Por la tarde, efectivos de las policías Federal y bonaerense expresaron su apoyo a las demandas.
El disparador
El conflicto empezó por la implementación del decreto N° 1307/12, firmada el 4 de septiembre por la presidente Cristina Fernández y la ministra de Seguridad, Nilda Garré, que se basó en dos fallos judiciales de la Corte Suprema. Su objetivo, según las declaraciones oficiales, era regular los salarios y evitar futuras presentaciones en la Justicia. Su impacto recién fue advertido por los efectivos en los salarios cobrados esta semana.
Se estima que hasta que se sancionó ese decreto, 79% de los gendarmes cobraba salarios basados en medidas judiciales. En la Prefectura, 60% del personal en actividad estaba en la misma situación. Eso determinaba sueldos muy altos, en algunos casos de entre 20 mil y 90 mil pesos -sobre todo en los grados superiores-.
A partir de la decisión oficial, se estableció un reordenamiento de los haberes básicos para cada escalafón, eliminando adicionales y compensaciones presuntamente desordenadas y creando además cuatro nuevos conceptos suplementarios, según las tareas realizadas y el cargo asignado.
Lo que ocurrió es que, a partir de la implementación del decreto, a muchos efectivos se les blanqueaba en el básico buena parte de los adicionales, lo cual les significó más cargas sociales y el descuento por Ganancias. El efecto entonces fue una reducción en el sueldo de bolsillo, lo cual disparó el descontento. Muchos efectivos denunciaron ayer también reducciones de sus salarios.
La respuesta oficial
Poco después del mediodía, el jefe de Gabinete, Juan Abal Medina, pretendió dar una solución definitiva al conflicto. Explicó que se registró una anomalía en el pago de sueldos correspondientes a septiembre; anunció que al personal de la Prefectura se le hará, por única vez, un pago compensatorio -ya que cobraron sus sueldos del mes pasado- y el de Gendarmería Nacional cobrará en los próximos días el mismo haber que en agosto último.
El funcionario consideró además que la aplicación del decreto 1307 que hizo la Prefectura para la liquidacíon de los haberes fue desastrosa. “No sabemos si fue un problema administrativo; tenemos serias sospechas de que se está usando a los (efectivos) de más abajo como carne de una maniobra por los que quieren mantener sus privilegios. Se investigará por qué ocurrió esta anomalía, quién es el responsable, si hubo problemas administrativos o si se busca generar caos, usar a los de abajo para que los de arriba aprovechen para mantener su situación”, acusó.
Más tarde, la ministra de Seguridad, Nilda Garré, anunció que se determinó el pase a retiro de 10 prefectos generales de la Prefectura Naval y de 10 comandantes generales de la Gendarmería. Los titulares de ambas fuerzas habían puesto sus renuncias a disposición del Ejecutivo poco después del mediodía.
La funcionaria anunció, entonces, el recambio en la plana mayor de esas fuerzas. “Con lo cual queda normalizada la situación en las dos fuerzas de seguridad”, concluyó Garré.
La situación era grave en ese momento pues las protestas de los prefectos y los gendarmes habían generado la deslegitimación de las cúpulas de ambas fuerzas, que habían acordado la nueva escala salarial con el Ejecutivo y conducido su implementación. En los hechos, se había roto la cadena de mandos. La designación de nuevos titulares permitió retomar las negociaciones.
Hay que recordar que la preocupación de Cristina Fernández por el conflicto la obligó el miércoles por la noche a adelantar su viaje de Lima, donde participaba de una reunión internacional.
Persistieron los reclamos
A pesar de que el Gobierno anunció la suspensión del decreto en cuestión, los efectivos de Gendarmería que se manifiestan frente al edificio Centinela, y los de Prefectura, que se desplegaron en el edificio Guardacostas, no terminaron la protesta.
Luego de que el Gobierno confirmó el relevamiento de las cúpulas de ambas fuerzas, los prefectos y gendarmes dieron al Ejecutivo un plazo de dos horas para recibir a funcionarios con nuevas propuestas. “Si no vienen, tomaremos otras medidas en lo inmediato, siempre pacíficas, pero no vamos a esperar más”, advirtió el cabo primero de Gendarmería Fernando Gabriel Parodi.
“Para que el pueblo se quede tranquilo y entienda por qué su fuerza de seguridad esta acá: queremos un sueldo digno, un básico de 7.000 pesos”, indicó. Los efectivos subrayaron en varias oportunidades que la medida de fuerza era “meramente salarial” y no buscaba “desestabilizar”, como denunciaron voces cercanas al oficialismo. “Esto no es un golpe de Estado”, señaló.
Luego, reveló el pedido completo de los manifestantes: discusión de una nueva escala salarial acorde a las jerarquías; un básico de 7 mil pesos en mano; incorporación del personal a una ART; libre elección de obra social; y respeto por las decisiones judiciales para el personal en actividad, retirados y pensionados. Por último, pidió “garantías” para que no se adopten “medidas administrativas, disciplinarias y judiciales” para el personal involucrado en los reclamos.
Tras una hora de reunión, cerca de las 21, delegados de Gendarmería Nacional anunciaron que no prosperó el diálogo con el comandante general Enrique Zach -funcionario recientemente nombrado por Nilda Garré, que había reemplazado a Héctor Schenone-, por lo que continuarían la protesta y el acuartelamiento.
Mientras tanto, otra reunión se lleva a cabo en Puerto Madero entre el prefecto general Luis Heiler -quien reemplazó a Oscar Arce- y los delegados de la Prefectura. Sin embargo, el fracaso en la primera reunión presagiaba un panorama complicado para el diálogo.
Gendarmes de Jesús María también adhirieron y acamparon en la plaza
Unos 1.500 gendarmes, aspirantes a suboficiales y suboficiales de la escuela local de Gendarmería Nacional marcharon ayer en Jesús María en reclamo de mejoras salariales y luego se instalaron en la plaza San Martín de esa localidad a la espera de definiciones en el conflicto planteado a escala nacional.
Los gendarmes iniciaron su reclamo incluso antes de las ocho de la mañana y luego lo mantuvieron durante toda la jornada, en parte apoyados por familiares y por la comunidad de Jesús María donde la Delegación tiene importancia clave en el movimiento social y económico de la ciudad. La protesta se mantenía anoche.
En tanto, familiares de gendarmes protestaron en la tarde de ayer en la zona de El Tropezón en la ciudad de Córdoba, en consonancia con el resto de las manifestaciones en el país.
Cordobeses en el Congreso pidieron cautela y descartaron actitud “golpista”
Legisladores nacionales por Córdoba coincidieron en solicitar cautela a las partes en el marco del conflicto desatado por el reclamo salarial de Gendarmería y Prefectura, al tiempo que descartaron de plano que exista una actitud “golpista” por parte de los integrantes de las fuerzas de seguridad.
En tanto, la Legislatura provincial aprobó ayer un proyecto de declaración, en el cual expresa su “preocupación por los sucesos que derivaron en la protesta de efectivos de Gendarmería y Prefectura, a la vez que brega por el pronto restablecimiento de la situación de institucionalidad y para que las fuerzas de seguridad adecuen sus acciones a las pautas de funcionamiento democrático y subordinación a las autoridades democráticamente instituidas”.
El documento fue firmado por los titulares de todos los bloques a excepción de la legisladora por la Izquierda, Liliana Olivero.
En cuanto a los legisladores nacionales por Córdoba, el senador Luis Juez consideró que el conflicto fue generado por el propio Gobierno al mantener un “altísimo” componente de cifras no remunerativas en los haberes del personal militar y de las fuerzas de seguridad.
“Es paradójico que aperciban a evasores y paguen en negro”, resumió Juez y pidió al Ejecutivo “autocrítica” ante la “falta de reflejos” para resolver un conflicto como el vigente. Con todo, pidió cautela al personal involucrado por tratarse de quienes ejercen un rol clave en la prestación de un servicio como el de la seguridad en el país.
Asimismo, Juez pidió “no ver fantasmas” respecto a eventuales actitudes desestabilizadoras.Por su parte, el diputado nacional Oscar Aguad advirtió que la situación planteada es producto de un “reclamo salarial mal manejado por las autoridades” y negó que esconda posturas “golpistas”.
Aseguran que nueva liquidación de haberes generará mas juicios
El abogado Daniel Cobos Porta, patrocinante de unos siete mil integrantes de las Fuerzas Armadas en situación de retiro, anticipó que la nueva liquidación de haberes conforme los Decretos 1305 y 1307 (en este último caso para las fuerzas de seguridad), derivará en nuevos planteos judiciales por el cobro de los beneficios previsionales.
En diálogo con Comercio y Justicia, el letrado consideró que los decretos, en particular el referido a las Fuerzas Armadas, no respetan el espíritu de los fallos de la Corte Suprema de Justicia conocidos con Salas y Zanotti y que apuntaban a blanquear las sumas no remunerativas que los militares en actividad percibían desde el año 2005 a la fecha.
“La solución que acercó el Gobierno no respeta los fallos de la Corte Suprema y va a terminar generando nuevas presentaciones judiciales”, aseguró Cobos Porta. El profesional advirtió asimismo que parte de los adicionales que se instrumentaron a partir de esas normas no sólo incluyen fuertes diferencias entre oficiales y suboficiales sino también mantienen cifras como no remunerativas.
