ESCUCHARModificar el Código Procesal Federal, reorganizar el Ministerio Público Fiscal e introducir el modelo acusatorio son algunos de los ejes del cambio.
La ineficacia de la Justicia federal para perseguir e investigar los delitos económicos en nuestro país ha quedado demostrada con el resultado de este tipo de causas: años de instrucción y recursos judiciales que terminan sin condenas ni condenados.
Sobre esta línea de pensamiento, el Centro de Investigación y prevención de la Criminalidad Económica (Cipce) y el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (Inecip) presentaron un informe planteando como eje central la necesidad de la reforma del vetusto Código Procesal Federal, sancionado en el año 1888.
Entre los cambios, el Cipce y el Inecip proponen introducir el modelo acusatorio, reorganizar y modernizar el Ministerio Público Fiscal, modificar los roles que tienen hoy jueces y fiscales e introducir a la ciudadanía y a las organizaciones no gubernamentales (ONG) como actores del proceso, entre otros puntos.
Respecto de la reorganización del Ministerio Público Fiscal, el informe propone abandonar los compartimentos estancos. Es que “no existe en la actualidad un sistema de cruce de datos e información que permita tomar decisiones inteligentes a los fines de elevar los índices de eficacia en la persecución de los grandes delitos de mercado”, indica el estudio.
Como posibilidades se plantea dos: por un lado, la formación de unidades fiscales por especialidad o temáticas, ideadas como la mejor estrategia para ganar en eficacia en la investigación; por otro, la creación de unidades por flujo de trabajo, que favorecerán el aprovechamiento en términos de economía de escala al clasificar los casos desde el mismo instante en que ingresan.
A su vez, para Inecip y Cipce debe existir una clara política de priorización de casos a lo largo de todo el proceso. “El diseño de las fiscalías debe ser flexible, es decir, debe permitir su modificación de acuerdo con las necesidades de la demanda de casos que ingresen al sistema y con la pauta política de persecución dispuesta”, remarca el estudio.
“Un Ministerio Público moderno debe transparentar y hacer públicos de manera regular cuáles son los casos que priorizará, con base en qué fundamentos y por qué le interesa especialmente perseguir esos delitos y no otros”, agrega.
Acortar los procesos
Otro de los aspectos de la propuesta está vinculado con la falencia de nuestro proceso penal, que consiste en la extensa e irracional duración de la etapa inicial del procedimiento, especialmente en los casos complejos, como los de criminalidad económica.
La iniciativa plantea el modelo de un sistema acusatorio con cambios sustanciales en relación con el modo en que se impulsa la investigación.
Preparación del juicio
Se rompe con la idea de la instrucción como etapa de producción probatoria, en tanto ello se reserva exclusivamente para la audiencia de debate.
En un sistema de justicia moderno, la investigación preliminar es concebida como la fase en la cual se evalúa el mérito de una acusación para la elevación a juicio. En este sentido, se estipula con claridad que se trata de una etapa de preparación del juicio en la cual las medidas que se adopten no tienen carácter probatorio sino informativo.
Paralelamente, se propone la eliminación del expediente como fuente de información para la toma de decisiones.
Oficina de gestión administrativa
Para Inecip y Cipce, un modelo de justicia democrático debe enfrentar necesariamente un proceso de redefinición de los roles que le caben a cada uno de los actores.
En ese sentido, se propone que los jueces abandonden su función de instructor para trasladarla a los fiscales y se plantea la necesidad de que los magistrados asuman tareas de administración como la firma del despacho o cualquier otro acto de ese tipo.
“En un sistema adversarial, las tareas administrativas deben estar a cargo de personas con especialización en gestión, que organicen los despachos judiciales en atención a variables que se vinculen con la eficacia, flexibilidad y coordinación estratégica”, sostiene el estudio.
El esquema de trabajo propuesto implica la creación de “oficinas de gestión de audiencias”, las cuales tienen bajo su responsabilidad programarlas, llevar la agenda de los jueces y contactar a las partes, entre otras funciones.
Rediseño del sistema recursivo
Finalmente, se propone limitar el sistema recursivo y hacerlo más racional y simple e introducir la participación amplia de la sociedad en los casos de relevancia social, como los delitos de corrupción.
Así, se propone instaurar el juicio por jurados y la participación de ONG como actores del proceso.
El juicio por jurados es tan OSCURANTISTA como designar cirujanos por sorteo en el padrón electoral. Es tan ANTIDEMOCRÁTICO como designar al presidente, gobernador, intendentes y legisladores por sorteo en el padrón electoral. Dictar (como hace el jurado) un veredicto en secreto y sin fundamentación, es tan ANTIRREPUBLICANO como dictar leyes de ese tipo. Es unas 5 veces más LENTO y unas 3 veces más CARO. Es proclive al ERROR JUDICIAL, porque no exige una convicción fundada en la valoración razonada de la prueba producida. Es un sistema FRACASADO en todo el mundo.