ESCUCHARLos detenidos piden que los magistrados agilicen el tratamiento de los planteos judiciales que efectuaron sus defensas. Quieren acceder a distintas medidas que morigeren su encierro, como prisiones domiciliarias, salidas transitorias y excarcelaciones.
Unos 1.200 presos alojados en cárceles de la provincia de Buenos Aires hacen huelga de hambre en reclamo de que se agilice el tratamiento de sus pedidos tendientes a que se les concedan distintas morigeraciones de encierros, como domiciliarias, salidas transitorias o excarcelaciones.
Los presos exigen que los magistrados que tratan sus casos acaten el fallo del Tribunal de Casación Penal bonaerense, que ordenó que accedan a la domiciliaria quienes se encuentren dentro de la población de riesgo; es decir, personas mayores de 65 años o con enfermedades preexistentes que favorezcan el contagio y la complicación de un cuadro de coronavirus.
La mayoría de los detenidos que se niegan a comer tenía salidas transitorias que se suspendieron cuando se decretó la cuarentena. Otros forman parte del colectivo vulnerable y el resto simplemente teme contraer la enfermedad.
En poco más de un mes, los jueces de Buenos Aires enviaron a sus casas a cientos de presos, siguiendo los lineamientos de la Cámara de Casación Penal provincia.
Hasta el momento hay un caso confirmado de Covid-19 en la jurisdicción y el hacinamiento y las deficientes condiciones de higiene preocupan a las autoridades.
No obstante, el fiscal Carlos Altuve apeló la decisión que otorgó un habeas corpus colectivo y pidió que sea revisado por la Suprema Corte de Justicia provincial.
El agente cuestionó la forma en la que se implementó el decisorio y alegó que no está claro cómo se evaluar qué es un delito leve.
Bajo esa premisa, reclamó que se esclarezca ese escenario antes de empezar a ejecutar las salidas. Paralelamente, recordó que antes del recurso colectivo ya se habían otorgado habeas corpus individuales a presos mayores de 60 años o con patologías.
Tras el motín del miércoles en la Unidad Penitenciaria número 23 de Florencio Varela, que provocó la muerte de un detenido y 40 heridos, la subsecretaria de Derechos Humanos bonaerense participó de los controles de salud que se les practicaron a los internos y confirmó la puesta en marcha de una mesa de diálogo.
