ESCUCHAREntre las medidas para hacer frente al lavado de dinero se creó en el país la Unidad de Información Financiera (UIF), entidad encargada de recibir la información de operaciones sospechosas. Los escribanos, uno de los agentes de información, sostienen que no están capacitados para saber de dónde proviene el dinero de las operaciones que pasan frente de ellos, si viene de los narcos colombianos o si es de una herencia familiar de Italia.
Para afrontar este problema, desde el Consejo Federal del Notariado Argentino (CFNA) acaban de proponer al ministro de Justicia de la Nación, Aníbal Fernández, la creación de un organismo intermedio, especializado y bipartito (Estado-profesionales) que sea el encargado de analizar los casos que los escribanos consideren sospechosos para que este ente, luego de un pormenorizado análisis, eleve a la UIF aquellos que efectivamente lo sean.
“La propuesta del organismo intermedio llevaba dos años pero ahora parece haber tenido un impulso para que llegue a concretarse. Recientemente tuvimos un diálogo con el Ministerio de Justicia de la Nación y con Alejandro Strega, el representante de la Argentina en el Grupo de Acción Financiera Internacional (Gafi)”, afirmó Carlos Guillermo Ríos, titular del consejo notarial que estuvo el pasado viernes en Córdoba presidiendo la segunda asamblea ordinaria que nuclea a los 24 colegios de escribanos del país.
“A nosotros nos están pidiendo que controlemos más. La idea es que el escribano en vez de pasarle la información a la UIF, se la pase al nuevo organismo bipartito que tendría un software trabajado conjuntamente con el Estado”, explicó Ríos.
COTI
Por otra parte, al consultarlo acerca de si compartían la acción de inconstitucionalidad que prepara la Federación de Inmobiliarios (Fira) contra la Afip por el Código de Transferencia de Inmuebles (COTI) señaló: “Estamos convencidos de que el COTI no sirve, es como una aspirina para el cáncer; es prácticamente imposible que puedan sanear un problema grave como el que hay mediante el Coti, que no te da absolutamente ninguna seguridad”.
“El Estado tiene la solución definitiva para terminar con el problema. Si pretenden tener certeza en los montos y valores de las operaciones, la única vía es que las provincias sinceren las valuaciones fiscales, que en última instancia es lo que el interesa a todo el público”, agregó.
