ESCUCHAREl jueves pasado se conoció la noticia de que la jueza federal María José Sarmiento, a cargo del Juzgado en lo Contencioso-administrativo Federal N°11, reconoció el derecho de funcionarios judiciales a contar con la posibilidad de ser incluidos como jueces subrogantes. Además, declaró la inconstitucionalidad de las normas que sólo autorizan a abogados a integrar la lista de conjueces para cubrir vacantes en el Poder Judicial.
La decisión de la magistrada surgió en respuesta de una acción de amparo que oportunamente presentó la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional, en la que pidió al Estado nacional que se abstenga de poner en ejecución las normas referidas, a las que consideraron como viciadas de inconstitucionalidad.
En su resolución, y en el mismo sentido, la jueza Sarmiento entendió que las leyes analizadas “no contienen fundamentación alguna que permita valorar la razonabilidad del criterio escogido para la exclusión”. De ese modo, la magistrada concluyó que “la discriminación efectuada en el caso respecto de los funcionarios judiciales matriculados como abogados en sede federal, al impedirles ser incluidos en los listados de conjueces, carece de justificación objetiva y razonable, lo que crea una situación contraria a elementales principios de la Constitución nacional”.
Al conocer la decisión de Sarmiento, el presidente de la entidad que nuclea a los jueces federales y nacionales, Ricardo Recondo, recibió con beneplácito la noticia y opinó que los secretarios y prosecretarios “están más capacitados para subrogar a un juez”. En la causa que motivó el fallo, “hemos tratado de conseguir que se rodee de una aureola constitucional el nombramiento de subrogantes”, añadió.
No obstante, más allá de la decisión judicial, Recondo remarcó que el fondo de la cuestión no se circunscribe a cómo se estructuran los nombramientos, “sino a que no tienen que existir vacantes”. En la actualidad hay casi 160 puestos sin cubrir y se estima que la demora para nombrar un magistrado supera el plazo de dos años.
Para el camarista civil, la normativa ,que fue cuestionada por la Asociación de Magistrados y ahora declarada inconstitucional, fue “claramente orientada a tratar de domesticar al Poder Judicial, en donde tiene una preeminencia absoluta-y en detrimento de la orden constitucional- el sector político sobre los otros sectores”.
“El dominio del Consejo de la Magistratura lo ejerce el sector político y, lo que es más grave, el oficialismo. Funciona para cercenar la independencia del funcionamiento del Poder Judicial”, indicó.
Sobre el caso del juez porteño Federico Faggionato Márquez, que instruye la causa por el tráfico ilegal de efedrina y sobre quien pesa una treintena de pedidos de enjuiciamiento, Recondo señaló que algunas de esas denuncias tienen más de tres años de antigüedad.
“Lo que hay que tratar es que el sistema de denuncias no permanezca crónicamente en el Consejo de la Magistratura sin definiciones. Porque esto es justamente lo que se usa para presionar a los jueces”, aseguró.
Al mismo tiempo, el jurista advirtió que los magistrados deben ser prudentes. “El juez tiene que ser cauto, no puede interferir en actividades políticas, sobre todo en momentos álgidos como el de ahora. Se está criticando en estos momentos la judicialización del proceso electoral, entonces los jueces tenemos que tener prudencia, aun frente a la mala fe de algún polít
