ESCUCHARLa Organización de Estados Americanos (OEA) aseguró que Nicaragua se encamina “a las peores elecciones posibles” y calificó como “nuevo atentado a la democracia” el intento de inhabilitar a la aspirante opositora a la presidencia Cristiana María Chamorro Barrios, quien está detenida en su domicilio.
Agentes gubernamentales entraron con violencia a la residencia de la mujer, en el sudeste de Managua, cuando se preparaba para dar una conferencia de prensa tras una acusación penal en su contra.
En un comunicado, la secretaría general del organismo rechazó el proceso de inhabilitación de Chamorro y consideró que imposibilita “más aún” la existencia de “elecciones libres, justas y transparentes”.
La OEA se pronunció luego de que el Ministerio Público de Nicaragua le enrostrara a a Chamorro Barrios la presunta comisión de los delitos de gestión abusiva y falsedad ideológica, en concurso con lavado de dinero, y solicitara que no pueda ocupar cargos públicos.
Según una encuesta de la firma CID Gallup, Chamorro Barrios es la figura de la oposición con mayor probabilidad de ganar las elecciones de noviembre y relevar a Daniel Ortega en la presidencia de Nicaragua.
El organismo calificó como “violatorios de la Carta Democrática Interamericana, de la carta de la OEA” y de los instrumentos de derechos humanos y pactos internacionales “la utilización del Ministerio Público, las medidas cautelares y precautelares, el manejo politizado de la Justicia y la proscripción de facto de candidatos”.
Asimismo, reiteró su llamado a la “inmediata liberación de los presos políticos” y a poner fin a las tácticas de intimidación y amedrentamiento contra opositores, a restituir las libertades y a “reconducir el país hacia la democracia a través de elecciones con observación internacional”.
Los casos de violencia se incrementaron en Nicaragua ante la inminencia del proceso electoral. El lunes, el grupo independiente Urnas Abiertas denunció que sumaron 279 en el lapso de un mes y medio, entre el 1 de abril y el 15 de mayo.
Entre los principales hechos de violencia relacionados con los comicios, el observatorio ciudadano registró 178 casos de hostigamientos, 36 agresiones, 27 retenciones, 15 amenazas, 14 detenciones, seis lesiones y tres procesos judiciales.
Brutal represión
Cabe recordar que en abril de 2018 estalló una revuelta popular en Nicaragua por polémicas reformas a la seguridad social y que fuerzas de seguridad y grupos paramilitares sandinistas respondieron con una brutal represión contra la sociedad civil.
Tras las protestas, calificadas por el Ejecutivo como “intento de golpe de Estado”, se contabilizaron al menos 328 muertos, según datos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), aunque organismos locales aseguran que fueron 684.
El régimen sólo reconoce 200. En las elecciones de noviembre, Ortega, quien gobernó entre 1979 y 1990, busca extender por cinco años el poder que recuperó en 2007. No obstante, tanto la oposición como gran parte de la comunidad internacional advierten que la transparencia no está garantizada.
La Oficina de Derechos Humanos de la ONU, que dirige la Alta Comisionada Michelle Bachelet, alertó el viernes pasado que ve con preocupación que “disminuyen las posibilidades de que las elecciones presidenciales sean libres y genuinas” ante las medidas que las autoridades están tomando contra candidatos y periodistas independientes.
