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La iniciativa avanzó ayer en el Congreso y pretende acreditar conocimientos adquiridos por los trabajadores en circuitos formales o no formales.
La comisión de Legislación del Trabajo de la Cámara baja avaló ayer la creación del Instituto Nacional de Acreditación de Saberes y Competencias Laborales, un organismo que deberá coordinar políticas de certificación de conocimientos adquiridos por los trabajadores en circuitos formales o no formales de sus trayectorias laborales y educativas.
La pedagoga Adriana Puiggrós (FPV), autora del proyecto, explicó en la reunión de comisión que se trata de una iniciativa “que no está pensada para un gobierno” sino que se busca trascender “la gestión para que perdure en beneficio de los trabajadores”.
El espíritu del proyecto es “incorporar saberes de gente que no ha podido acceder a certificaciones oficiales”, añadió durante el encuentro de la comisión de Legislación del Trabajo, que preside el diputado Héctor Recalde.
De aprobarse en el recinto, el organismo será el encargado de “certificar las competencias y los saberes laborales de los trabajadores que lo soliciten, independientemente de la forma como fueron adquiridos”.
En la reunión de ayer, los diputados acordaron dejar en manos del Poder Ejecutivo determinar de qué ministerio dependerá el nuevo instituto, aunque Puiggrós expresó su preferencia de que sea el de Educación el encargado de monitorear su funcionamiento.
La legisladora expresó que el proyecto busca reforzar el federalismo y que el organismo sea “articulador” de políticas similares que esperan poder repetir en el interior del país.
Oportunidad y empleabilidad
Consultada por este avance en Diputados, Flavia Miscevich, consultora en Recursos Humanos y docente de la Universidad Blas Pascal, sostuvo que la iniciativa apunta a sostener el concepto de “empleabilidad” que es la adquisición y mantenimiento de conocimientos, habilidades y actitudes en sintonía con las necesidades del mercado.
“Estas tres variables están vinculadas y las tres son necesarias para obtener resultados efectivos. Por lo tanto, toda acción tendiente a unificar saberes, con habilidades y actitudes y sistematizarlos u oficializarlos es beneficiosa”, afirmó a Comercio y Justicia.
“Ahora bien -aclaró-, es imprescindible que el proceso de certificación sea sistematizado y objetivo, para que tanto los trabajadores como las organizaciones puedan hacer de ésta un instrumento que promueva el desarrollo y la empleabilidad”.
Por su parte, Patricia Almandoz, directora de la carrera de Recursos Humanos del IES consideró que “podría ser una oportunidad más para el que no tiene el título oficial”.
Aunque aclaró que no conoce los detalles de la iniciativa, indicó que a la hora de presentar un currículum y competir por un puesto, “siempre suma contar con experiencia más certificación que sólo con la experiencia. Aunque cuando hay necesidad en el mercado (por demanda insatisfecha) a las empresas no les importa en esos casos el título oficial”, dijo la especialista, quien ejemplificó con el caso de compañías que hoy no encuentran programadores en el mercado y los están formando por cuenta propia.
Acreditación
Según el proyecto, las certificaciones que emita la entidad “constituirán un documento de acreditación fehaciente de los saberes y competencias adquiridos por las personas en situación de trabajo, cuya referencia serán las certificaciones existentes en el sistema educativo nacional, en sus diversos niveles y modalidades”.
