ESCUCHARPara la investigadora Valeria Plaza, algunas actitudes del Gobierno o la policía “incluso la retroalimentan”. Los hechos como “punta de iceberg” de una crisis social más profunda, su alcance, ribetes políticos y la necesidad de un debate más profundo sobre la cuestión.
Por Javier De Pascuale – [email protected]
“En Córdoba resolvimos aquel desencuentro tomando mates en las plazas”, decía hace pocos días el gobernador José Manuel de la Sota en un programa de la TV porteña, minimizando los efectos de la grave herida social que dejaron los hechos de 3 y 4 de diciembre pasados, cuando cientos de miles de cordobeses vivimos 36 horas de caos, violencia, anomia social.
Afecto a pintar en tierras lejanas bucólicos paisajes de la vida mediterránea, De la Sota vende ahora la imagen de una Córdoba unida en la amistad, cuando es más que nunca una sociedad desgajada en insolidaridades que necesita de un exacerbado control policial para mantener un orden social mínimo. “¿Pasó algo hoy, que hay tantos policías con fusiles en las calles?” preguntan sorprendidos visitantes cuando en el breve trayecto de 20 manzanas se topan con dos, tres controles policiales y efectivos con escopetas que vigilan la salida del cine, como sucede día a día a metros del Cinerama de la avenida Colón.
Más que reuniones materas, las plazas de la Córdoba “pos-3 de diciembre” muestran “corralitos” con detenidos, una “foto” que para la abogada especialista en políticas de seguridad Valeria Plaza es parte de una “estrategia publicitaria” de la Policía de la Provincia para mostrarse activa ante la ciudadanía, más que para prevenir actos delictivos.
“No sólo arman corralitos con detenidos. Los dejan horas y horas para que pasen los vecinos y vean ese accionar. Es algo similar a los controles vehiculares de las motos. No han servido para bajar los índices delictivos pero sí para mostrar una policía activa”, señala Plaza, para quien “la crisis social que se mostró el 3 y 4 de diciembre pasados está muy lejos de resolverse”. De aquel momento que exhibió “sólo una punta del iceberg” de violencia que se ha instalado “no sólo en Córdoba, sino en el país e incluso en el continente”, poco se ha hecho para salir de esa crisis, advierte la especialista.
“Más allá de componentes específicos que pueda mostrar Córdoba o el país, una deuda de las democracias latinoamericanas es la inexistencia de avances en políticas penales y de seguridad”, recuerda, y ejemplifica con Venezuela, país que ha registrado notables avances en derechos sociales o laborales y que muestra alarmantes índices de violencia urbana.
Los rasgos que presentan las fuerzas de seguridad en ese contexto son, a juzgar por el equipo que dicta el Seminario sobre Políticas de Seguridad en la Faculdad de Derecho de la UNC, dirigidos por Gabriel Pérez Barberá, “fuerzas policiales autonomizadas del poder político y fuertemente atravesadas por la organización institucional y las prácticas de la última dictadura militar”. Aún hoy. Perfil que incluso se ha acentuado tras los hechos del 3 y 4 de diciembre pasados.
Durante todo este año, “la corporación policial fue objeto de múltiples gestos de legitimación desde el poder político”, aún frente a casos aberrantes de “gatillo fácil” como los que ha vivido Córdoba en estos meses, o incluso ante investigaciones judiciales sobre el accionar de la policía o de algunos de sus jefes.
Lo notable es que la crisis no causó la reacción esperada del Gobierno provincial. “Con la intención de tapar la crisis, de mostrar que nada pasó, se reafirmó el modelo. Un modelo que no sólo no resuelve la explosión sistémica de violencia emergente de 40 años de neoliberalismo sino que quizás la retroalimenta”, afirman en el Seminario de la UNC.
Para Valeria Plaza, “hay mucha irresponsabilidad en la gestión actual en materia de violencia urbana, gestión que si no se modifica puede profundizar el fenómeno”. La política actual, dice, no sólo es cara, costosa en cuanto a las violaciones a los derechos humanos, sino que es ineficiente ya que, lejos de frenar la violencia, “la está profundizando” al reavivar las llamas de los enfrentamientos sociales entre saqueadores y saqueados, entre linchadores y linchados.
En la misma línea, los investigadores Julián Rebón y Leandro Gamallo advirtieron en un estudio reciente del Instituto Gino Germani de que estos hechos conforman “climas sociales” favorables a potenciales procesos destituyentes, por lo cual su abordaje deficiente atenta contrala la democracia misma.
Para estos investigadores, “la violencia colectiva constituye una de las formas ‘informales’ en las cuales se expresa la política después de tres décadas de vigencia de las instituciones de la democracia representativa”.
Democracia que hoy requiere de un debate más profundo sobre las violencias contenidas que están en su seno y sobre las respuestas arbitrarias y también violentas que dan las instituciones. “A esta altura no hay muchas esperanzas de cambios de políticas desde el Gobierno, pero sí creo que Córdoba tiene un grado de debate y movilización frente a este tema, favorable para discutir otro paradigma en materia de políticas de seguridad”, asegura Valeria Plaza.
