ESCUCHARSe trata de Aníbal Fernández, Jorge Capitanich, Omar Judis, Sergio Lorusso y Juan José Mussi. La medida la dictó el juez Claudio Bonadio
Los ex jefes de Gabinete Aníbal Fernández y Jorge Capitanich y los ex secretarios de ambiente Omar Judis, Sergio Lorusso y Juan José Mussi quedaron procesados por la presunta comisión de irregularidades en el denominado Programa de Gestión de Residuos Sólidos Urbanos.
La medida la dictó el juez Claudio Bonadio, en el marco de la causa en la cual se investigan maniobras sospechosas observadas por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable (MAyDS) entre los años 2013 y 2015.
El proceso se inició por la denuncia que presentó la Dirección General de Asuntos Jurídicos de la Subsecretaría de Coordinación Administrativa de aquella cartera, con base en un relevamiento realizado por la Sindicatura General de la Nación (Sigen).
El programa tenía como finalidad lograr una mejora en la gestión sustentable de residuos sólidos urbanos, por medio de la financiación de proyectos municipales de todo el país, como eliminación de basurales a cielo abierto; construcción de rellenos; montaje de plantas de separación y reciclaje, y adquisición de vehículos destinados a la recolección.
Los fondos eran girados directamente desde las arcas del tesoro nacional a la jurisdicción solicitante, previa presentación de proyectos ajustados a los lineamientos y finalidades del programa.
Una vez aprobados una serie de pasos administrativos, el secretario de Ambiente y el intendente del municipio interesado firmaban los convenios marco, que luego eran aprobados por el jefe de Gabinete, que les transfería el dinero. Finalmente, el municipio debía rendir cuentas de los avances y culminación del plan, al igual que de los fondos invertidos.
Si bien se analizaron 634 solicitudes, prosperaron 212. Por intermedio de la Sigen y del MAyDS, el juzgado de Bonadio las relevó y detectó que sólo 18 % cumplió con los objetivos pautados y acordados.
Falencias
Entre las falencias observadas, el titular del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal Número 11 citó que no se hizo un mapa critico de las municipalidades más vulnerables o con mayores problemas de gestión de residuos sólidos; que no se respetó el orden cronológico de recepción de los proyectos y que se incumplieron los requisitos exigidos por el programa.
Además, halló diferencias sustanciales en el tiempo de tramitación de solicitudes e informes de aprobación de iniciativas basados en cuestiones meramente administrativas, sin datos sobre factibilidad y sustentabilidad.
Por otra parte, la pesquisa verificó que hubo falta de control interno en la ejecución de los proyectos (plazos y rendiciones) y que se hicieron modificaciones.
