ESCUCHARUn estudio sobre el gobierno griego, el acuerdo con la troika y el resultado de esas políticas pone al descubierto el uso político de los acuerdos internacionales. El caso argentino
La imagen que propone el columnista Tomás Olava en el sitio ArtePolítica puede ser compartida en muchos países del mundo y particularmente en Argentina. Un país entra en algún tipo de crisis económica y acude al Fondo Monetario Internacional (FMI). Éste lo recibe, negocia un crédito y su contrapartida son una serie de reformas estructurales en la economía, acorde con los intereses de sus acreedores.
Años después, cualquier fracaso en la política económica doméstica es señalado como responsabilidad del FMI, lo cual se convierte -hasta cierto punto- en un recurso importante para el manejo de la opinión pública, por parte de gobiernos ineficientes o con errores graves de diagnóstico y programa. Vale entonces la pregunta: ¿cuál es la utilidad que tiene para el Gobierno argentino la recurrencia al Fondo? ¿Interna por necesidades económicas o interna por necesidades políticas?
Una respuesta posible la dieron dos investigadores europeos, Catherine Moury y André Freire, quienes realizaron una investigación sobre la intervención de la troika -formada por la Comisión Europea, el Banco Central Europeo y el FMI- en Portugal a partir de la crisis económica de 2011 en el trabajo Austerity policies and politics: the case of Portugal.
Para poner un breve contexto: en 2011 el gobierno de Portugal pide a la troika el rescate. Luego de las elecciones de ese mismo año, una coalición de centroderecha asume el gobierno y comienza a implementar las medidas de austeridad y las reformas sociales acordadas con los organismos internacionales.
El argumento principal de esta investigación es que, contrario a la imagen ampliamente extendida, las propuestas de reformas estructurales no vienen impuestas desde arriba por los organismos internacionales sino que estos aparecen como una ventana de oportunidad para los gobiernos nacionales. De esta forma, el acuerdo con el FMI permite pasar en términos políticos reformas que, de otra manera, no hubieran pasado. El trabajo comprueba dos hipótesis: primera, que algunas reformas que se hicieron en Portugal luego de la intervención de los organismos correspondían exactamente a las preferencias del gobierno antes de la intervención internacional; segunda, algunas de las políticas incluidas en el acuerdo no eran demandas de los organismos sino requerimientos del propio gobierno.
Según la investigación, la presencia de un organismo internacional como “regente” de la política económica permite dos cosas:
– Mueve el proceso de formación de la política pública a arenas internacionales. Como las crisis son generalmente “globales”, sostiene, se mueve el diseño de la política pública a arenas internacionales, donde las oposiciones locales no están representadas. De esa forma, la negociación se produce en un juego a dos niveles, que causa el efecto siguiente: – Incrementa el costo de oponerse a las reformas: para un gobierno soberano, ingresar a un acuerdo con el Fondo no requiere consenso de los actores opositores locales, como requeriría un intento de cambiar una política (supongamos, por ejemplo, una reforma laboral). Por eso, el camino de involucrar un organismo internacional en el diseño de dicha política podría incrementar el costo del actor local de oponerse la reforma. ¿De qué manera? El hecho de bloquear la reforma pondría en peligro, por ejemplo, la estabilidad del programa financiero acordado con el organismo internacional. Los actores del veto local pagan, al rechazar una iniciativa que ya está acordada con el organismo internacional, ese sobrecosto por oponerse.
Quiere decir que para los gobiernos nacionales la “presión externa” de organismos como el FMI puede contribuir, por un lado, a disminuir los costos de reformas que eran parte de su programa; y, por otro, a redistribuir grados de responsabilidad, no sólo hacia ese actor sino también hacia sectores de la oposición.
Al traer esto al caso argentino, es posible pensar que el factor de “la presión del organismo internacional” le sirvió al gobierno de Mauricio Macri para implementar una política a todas luces problemática para su coalición de gobierno: la reimposición de retenciones a productos de exportación (entre ellos, los agropecuarios); medida que aparecía como imposible en la ecuación política local, que pasó como imposición externa. Incluso las sucesivas limitaciones al nuevo impuesto para pymes e industrias confirmarían esa visión.
Otro aspecto a considerar se relaciona con la posibilidad de que el Fondo actúe como un “segundo aire” para llevar adelante reformas que el Gobierno, por la situación política, no alcanzó siquiera a tratar en el Congreso. ¿Es posible pensar el rol del FMI como el actor que, una vez que se despeje cierta incertidumbre político-económica, sea la punta de lanza para el relanzamiento de aquellas reformas que el propio Macri presentó en su discurso en el CCK en octubre de 2017?
Por supuesto, que lo logre o no depende también de qué pase en las elecciones. Y en cualquier caso, la presencia del Fondo actúa como lo que el macrismo describió como “bombas que le dejó” el gobierno anterior.
Lo que no deja lugar a dudas es que la presencia del Fondo podría transformarse así en una garantía de que el proceso de reformas continúe, en caso de un nuevo oficialismo ideológicamente más cercano a esas reformas; o en una garantía de que el proceso de desactivar la bomba del Fondo sea más costoso, si quien sucede al macrismo es una propuesta ideológicamente más lejana.
