ESCUCHARLa frase pertenece al especialista Marcos Sequeira, quien destacó que es fundamental revisar vía consenso cómo se distribuyen las potestades tributarias entre la Nación, las provincias y los municipios
Según el tributarista Marcos Sequeira, el proceso de distribución de las potestades tributarias entre los diferentes estamentos del Estado (Nación, provincias y municipios) debe basarse en un consenso genuino que refleje la idiosincrasia social y las necesidades contemporáneas de la sociedad argentina; además, es muy importante entender que el federalismo fiscal no es simplemente una cuestión de teoría política o económica sino una herramienta práctica para asegurar una convivencia armónica y un desarrollo equitativo en todo el país. “Debemos reconocer que la estructura fiscal actual, muchas veces ineficiente y descoordinada, ha generado desigualdades regionales y obstáculos para el desarrollo económico. Por ello, en ocasión de haber actuado como asesor ad honorem del Ministerio del Interior de la Nación durante el Gobierno del ex presidente Mauricio Macri, propuse una reforma integral que contemple las realidades actuales y proyecte un futuro más justo y equilibrado para todas las regiones de Argentina”, señaló Sequeira a Factor.
– ¿Cuáles cree que son los pilares fundamentales para lograr un nuevo federalismo fiscal?
– Los pilares fundamentales para refundar un nuevo federalismo fiscal incluyen varios elementos claves. Primero, la implementación de una nueva ley de coparticipación federal de recursos fiscales que garantice una distribución justa y equitativa de los ingresos entre los diferentes niveles de gobierno. Esta ley debe ser producto de un amplio consenso y reflejar las necesidades específicas de cada región, asegurando que los recursos lleguen de manera eficiente a las áreas que más lo necesitan.
Segundo, la eliminación gradual del impuesto sobre los Ingresos Brutos y del impuesto a los Débitos y Créditos bancarios. Estos impuestos generan distorsiones significativas en la economía, desincentivando la inversión y afectando negativamente la competitividad de nuestras empresas. Es fundamental reemplazarlos por mecanismos tributarios más eficientes y menos distorsivos.
Tercero, es vital eliminar cualquier tributo que viole la prohibición de aduanas interiores. La libre circulación de bienes y servicios es un principio fundamental para el desarrollo económico y la integración nacional. Cualquier impuesto que impida esta libre circulación debe ser revisado y, en su caso, eliminado para fomentar un mercado interno más dinámico y competitivo.
Además, debemos reformar la integración de los organismos del Convenio Multilateral. Actualmente, las grandes jurisdicciones tienden a imponer criterios que perjudican a las provincias productoras. Es necesario asegurar una representación más equitativa y justa en estos organismos, permitiendo que todas las provincias tengan voz y voto en las decisiones que afectan la distribución de los recursos fiscales.
Finalmente, la creación de una ley penal de responsabilidad fiscal es esencial para asegurar una gestión adecuada y responsable de los recursos públicos. Esta ley debe establecer claramente las responsabilidades y sanciones para los funcionarios que no cumplan con los estándares de eficiencia y transparencia en la administración de los fondos públicos. De esta manera, se promoverá una cultura de rendición de cuentas y se evitarán prácticas indebidas que puedan afectar negativamente las finanzas públicas.
– ¿Puede profundizar sobre cómo cree que debería alcanzarse este consenso entre los distintos niveles de gobierno?
– El consenso debe alcanzarse por medio del diálogo y la colaboración entre la Nación, las provincias y los municipios. Es necesario un enfoque inclusivo que considere las necesidades y perspectivas de todas las partes involucradas. Debemos evitar las imposiciones y trabajar juntos para crear un marco fiscal que sea equilibrado y eficaz. Esto implica, por ejemplo, promover la eliminación del Sircreb en manos del Banco Central y la Comisión Arbitral del Convenio Multilateral, que actualmente complican la administración tributaria de las empresas.
Además, es fundamental abordar cuestiones específicas como la prórroga del régimen de amortización acelerada y la devolución del IVA para nuevos proyectos de inversión. Estas medidas pueden fomentar significativamente el crecimiento económico y la creación de empleo, incentivando a las empresas a invertir en nuevas tecnologías y expandir sus operaciones.
El proceso de consenso debe basarse en principios de transparencia, equidad y cooperación, asegurando que todas las decisiones tomadas reflejen un verdadero interés común y no intereses partidarios o sectoriales. Para lograr esto, se deben establecer mesas de diálogo permanentes donde se discutan y acuerden las políticas fiscales, con la participación activa de representantes de todos los niveles de gobierno, así como de los sectores productivos y de la sociedad civil.
De igual modo, es determinante implementar mecanismos de consulta y participación ciudadana, que permitan a la población involucrarse en el proceso de toma de decisiones. Esto no sólo aumentará la legitimidad de las medidas adoptadas sino que también garantizará que éstas respondan a las verdaderas necesidades y preocupaciones de la sociedad.
Definitivamente, es importante fomentar una cultura de colaboración y confianza entre los diferentes niveles de gobierno. Esto se puede lograr por medio de programas de capacitación y fortalecimiento institucional que promuevan el intercambio de buenas prácticas y el desarrollo de capacidades técnicas y administrativas. Sólo por medio de un esfuerzo conjunto y coordinado podremos construir un sistema fiscal que promueva el desarrollo equitativo y sostenible de todas las regiones de Argentina.
– En una de sus obras, Bases para la reconstrucción de la economía argentina, menciona la reforma constitucional de 1994 y los desafíos actuales del federalismo fiscal. ¿Puede explicar cómo estos desafíos se manifiestan en la práctica?
– Los desafíos actuales del federalismo fiscal se manifiestan en la distribución de competencias tributarias y la forma en que se gestionan los recursos y gastos públicos. La realidad política, muchas veces tergiversada por urgencias partidarias, ha convertido la cuestión fiscal en un obstáculo para la inversión y la producción. Por ejemplo, la proliferación de tributos locales y provinciales que no encuentran justificación en un servicio específico, como ciertos impuestos municipales, generan una carga excesiva para las empresas y los ciudadanos.
Esta situación no sólo afecta la competitividad de las empresas sino que también crea una gran incertidumbre jurídica y administrativa, dificultando la planificación y ejecución de proyectos de inversión. Además, la falta de coordinación entre los diferentes niveles de gobierno a menudo resulta en una duplicación de impuestos y en la imposición de tributos que dificultan la libre circulación de bienes y servicios en el país. Este escenario genera ineficiencias y aumenta los costos de cumplimiento tributario para las empresas, lo que a su vez desincentiva la inversión y el desarrollo económico.
La integración de los organismos del Convenio Multilateral también presenta problemas significativos. Las grandes jurisdicciones tienden a imponer criterios que perjudican a las provincias más pequeñas y productoras. Esto crea desequilibrios en la distribución de los recursos fiscales y exacerba las desigualdades regionales. Es fundamental reformar estos organismos para asegurar una representación más equitativa y justa, que refleje las necesidades y perspectivas de todas las provincias.
Además, la falta de una política fiscal coherente y coordinada ha llevado a una fragmentación del sistema tributario, con una proliferación de impuestos y tasas que varían considerablemente entre las diferentes jurisdicciones. Esta fragmentación no sólo aumenta la carga administrativa para las empresas y los ciudadanos, sino que también crea distorsiones en el mercado interno, dificultando la libre circulación de bienes y servicios.
Otro desafío importante es la gestión de los recursos públicos. La falta de mecanismos efectivos de control y rendición de cuentas ha llevado a una mala gestión de los fondos públicos en muchos casos, con consecuencias negativas para la eficiencia y eficacia de los servicios públicos. La implementación de una ley penal de responsabilidad fiscal es esencial para asegurar una gestión adecuada y responsable de los recursos públicos, estableciendo claramente las responsabilidades y sanciones para los funcionarios que no cumplan con los estándares de eficiencia y transparencia en la administración de los fondos públicos.
– ¿Qué espera lograr con la propuesta de un nuevo federalismo fiscal?
– Espero que la propuesta de un nuevo federalismo fiscal nos permita construir un país más unido y equitativo. La verdadera refundación argentina debe basarse en consensos que reflejen nuestra diversidad y fortalezcan nuestra unidad. Un federalismo fiscal renovado debe ser capaz de armonizar las finanzas públicas, promover la inversión y asegurar una distribución justa de los recursos. Sólo así podremos avanzar hacia un futuro de prosperidad compartida para todos los argentinos.
La implementación de una nueva ley de coparticipación de impuestos, la eliminación de tributos distorsivos y la creación de mecanismos de responsabilidad fiscal son pasos decisivos para alcanzar estos objetivos. Además, debemos fomentar una cultura de diálogo y cooperación entre los distintos niveles de gobierno, asegurando que todas las decisiones tomadas sean en beneficio del país en su conjunto y no de intereses particulares.
Un aspecto clave de esta reforma es la promoción de la inversión y el desarrollo económico. Para lograrlo, es fundamental eliminar las barreras tributarias y administrativas que actualmente dificultan la inversión y la producción. Esto incluye la eliminación del Sircreb, la promoción de la devolución del IVA para nuevos proyectos de inversión y la creación de incentivos fiscales para fomentar el crecimiento económico. Al mismo tiempo, es esencial garantizar que los recursos públicos se utilicen de manera eficiente y transparente, promoviendo una gestión responsable y sostenible de las finanzas públicas.
Equidad
Según Sequeira, es importante promover la equidad en la distribución de los recursos fiscales, asegurando que todas las regiones del país tengan acceso a los fondos necesarios para su desarrollo. Esto implica reformar la integración de los organismos del Convenio Multilateral para asegurar una representación equitativa de todas las provincias, así como implementar mecanismos de redistribución que consideren las necesidades específicas de cada región.
“Mi esperanza es que esta propuesta genere un debate constructivo y abierto sobre el futuro del federalismo fiscal en Argentina, promoviendo un diálogo inclusivo y participativo que involucre a todos los actores relevantes. Sólo por medio de un esfuerzo conjunto y coordinado podremos construir un sistema fiscal que promueva el desarrollo equitativo y sostenible de todas las regiones de Argentina, asegurando un futuro próspero y justo para todos los ciudadanos”
