UART: los nuevos juicios laborales pueden sumar 117 mil hacia fin de año

La Unión de Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (UART) propuso la unificación de criterios jurisprudenciales como un paso necesario para reducir la litigiosidad laboral que, en lo que va del año, ya sumó 75.000 nuevos juicios, aunque la entidad prevé que a fin de 2016 se hayan acumulado 117.000 controversias.
“Desde hace unos 12 años, el Sistema de Riesgos del Trabajo viene siendo objeto de una creciente litigiosidad”, señaló la UART en un informe.
En ese sentido, detalló que “el crecimiento en la judicialidad no se corresponde con la baja de la accidentabilidad ni con la baja en los fallecimientos ni con las mejoras en las prestaciones y beneficios que el sistema fue incorporando”.
E indicó la UART: “En el camino de hallar una solución a esta problemática, que aqueja no sólo a las ART sino también a los sectores productivos en su conjunto, como así también pone en jaque muchos de los beneficios que hoy son valorados por los trabajadores, se estudian y promueven diferentes iniciativas”.
Así, la entidad recordó que la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) dictó hace cuatro meses el fallo en el caso “Espósito”, por el que la Justicia laboral de todo el país comenzó a alinear sus pronunciamientos sobre riesgos del trabajo con los criterios vertidos en él.
Con la firma de los jueces Ricardo Lorenzetti, Elena Highton de Nolasco y Juan Carlos Maqueda, en ese fallo la Corte resolvió que el reajuste de las indemnizaciones legales dispuesto por ley 26773 en octubre de 2012 no puede aplicarse a la reparación de daños causados por accidentes laborales ocurridos con anterioridad.
“Distintos juzgados y tribunales de primera y segunda instancias, en diversos lugares del país, fueron haciendo propios los criterios de ese pronunciamiento”, según la UART.
“La unificación de criterios en cuanto a la aplicación de aspectos clave de la reforma de la Ley 24.557 sobre riesgos del trabajo, contribuye a dar certidumbre a ambas partes: empresas y trabajadores, en torno a los alcances de la cobertura de la Ley y con ello, no sólo evita dispendios innecesarios en cuanto a tiempo y recursos sino además permite focalizar la atención en la prevención y en la calidad de los beneficios, como así también contribuir a la sustentabilidad de costos razonables para la generación y la registración del empleo”, sostiene la UART.
El informe pregunta “¿qué medidas deberían tomarse para controlar la judicialidad?” y considera que “si bien se dio un gran paso con el reciente ‘Fallo Espósito’, es necesario unificar el uso del Baremo, la tabla para determinar las incapacidades”.
Y agregó: “También resulta necesario regular la forma de pago de los peritos y que es prioritario contar con instrumentos que le pongan coto a esta judicialización extrema”.