ESCUCHARAnoche se mantenía la protesta. De la Sota regresaba a la medianoche de urgencia. La ministra Monteoliva dijo que hubo avance en la mayor parte de los puntos del reclamo pero no en el tema salarial. Hubo una oferta de $1.000 por “uniforme” por única vez. La asamblea rechazó la propuesta. El planteo de haberes implicaría una suba de al menos 50% en la pauta salarial anual del Ministerio de Seguridad. Hubo saqueos. UTA para y podría no haber bancos.
La protesta del personal policial que se inició en la madrugada de ayer con la ocupación de una de las sedes del Comando de Acción Preventiva (CAP) en barrio Cerveceros y se extendió luego a diferentes áreas de la fuerza, continuaba anoche en el marco de un clima de tensión en el que no faltaron saqueos a supermercados, situación que generó el cierre anticipado de grandes superficies y locales comerciales principalmente en las zonas periféricas.
El reclamo, que había comenzado días atrás con la manifestación de un grupo de esposas de uniformados, desembocó ayer en un acuartelamiento masivo de policías y la difusión de un petitorio de 14 puntos, entre reivindicaciones salariales y por mejores condiciones laborales.
En ese marco -y luego de abrirse un canal de diálogo pasado al mediodía entre representantes de los policías y el abogado Miguel Ortiz Pellegrini, elegido por los manifestantes para ejercer su patrocinio- la situación no logró avances concretos pese a una oferta oficial anoche.
Concretamente, la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, anticipó que hubo avances “en la mayoría de los puntos” aunque dijo que el tema salarial quedó supeditado para una discusión “dentro de 40 días”, esto es en la fecha prevista para el inicio de las negociaciones con los estatales.
En ese marco, pasadas las 22, Ortíz Pellegrini dijo que la propuesta no había sido aceptada por los manifestantes y, si bien admitió la predisposición de las autoridades para atender los puntos a su alcance, admitió que el tema central vinculado con salarios no había sido respondido.
Según pudo conocer este medio, el Gobierno ofreció elevar a mil pesos y por única vez el adicional por “uniforme”. En rigor, se trata de una suerte de bono de fin de año aunque encubierto bajo ese concepto para evitar reclamos de otros gremios. En ese panorama, la situación parecía anoche lejos de solucionarse y se aguardaba el regreso anticipado del gobernador José Manuel de la Sota desde Panamá, destino al que había arribado como escala previa a Colombia donde iba a participar de un foro con mandatarios de otros estados.
La salida no parece sencilla
Por lo pronto, el reclamo de 10 mil pesos de básico que ya a mediodía de ayer se elevó a 13 mil pesos, implicaría una erogación extra de unos dos mil millones de pesos, según una estimación de Comercio y Justicia con base en datos oficiales.
La estimación parte de la base del proyecto de Presupuesto 2014, que incluye gastos salariales totales por 21.044 millones de pesos.
En ese marco, las erogaciones salariales dentro del Ministerio de Seguridad llegan a 4.216 millones de pesos. Dentro de ese gasto, se encuentran principalmente las erogaciones del personal policial, que incluye 21.553 cargos.
Del total de cargos, 13.339 corresponden a agentes, cabos y cabos primeros cuyos sueldos de bolsillo, según datos oficiales informados en la página web oficial, se ubican en promedio en 6 mil pesos.
El pedido de 13 mil pesos de bolsillo implica un esfuerzo fiscal superior a los mil millones de pesos.
En tanto, para el resto de los cargos el monto involucrado para alcanzar el reclamo de los uniformados, sumaría otros mil millones de pesos extra.
Según datos oficiales a octubre pasado, el sueldo de bolsillo de un agente con un año de antigüedad es de 5.943,8 pesos y el de un cabo con cinco años se ubica en 6.223 pesos.
En tanto, el de un oficial inspector llega a 7.917 pesos y el de un comisario inspector, a 15.891,1 pesos.
Fuentes de la Provincia insistían ayer en que, tras un fuerte aumento de los adicionales, la discusión de la pauta salarial para las fuerzas de seguridad se concretaría junto con la del resto de los agentes públicos, esto es a fines de enero y principios de febrero, para acordar una suba con vigencia desde el segundo mes del año.
Con todo, la evolución de los hechos derivó en una revisión urgente de los números para sondear la posibilidad de algún esfuerzo extra que, sin embargo, recién resolvería el gobernador en las primeras horas de hoy.
Mientras tanto, anoche, los diferentes ministros que integran el Gabinete provincial seguían con atención la situación y habían conformado una suerte de comité de crisis.
Según pudo conocer este medio, ya en horas de la tarde, el ministro de Industria y Comercio, Jorge Lawson, recomendó a las diferentes cámaras empresariales que sugirieran a sus asociados “cerrar sus puertas” ante la posibilidad de saqueos que comenzaron aún antes del anochecer en distintos supermercados de la periferia.
El escaso personal policial en actividad, junto a guardias de seguridad privados, intentó repeler la acción de grupos de personas que, sin embargo, lograron llevarse diferentes elementos de valor.
Los supermercados damnificados hasta anoche se sumaban a cada hora.
“Esto es un desastre y es incierto lo que pueda pasar en la madrugada. Hay grupos perfectamente organizados”, señaló Benjamín Blanch, titular de la cámara de supermercados. Anoche, el titular de La Bancaria, Raúl Ferro, señaló a este medio que si no estaban garantizados los adicionales, no trabajarían hoy. En tanto, UTA resolvió paralizar el servicio.
Monteoliva
La ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, aseguró anoche que se había avanzado en “la mayoría de los puntos” reclamados por los uniformados aunque el tema salarial recién se decidiría en enero, con el inicio de las paritarias con los estatales. La postura de la funcionaria fue rechazada por los uniformados autoacuartelados, quienes insistieron en reclamar un “salario digno”. La funcionaria pidió “reflexión y diálogo”. En tanto, las fuerzas políticas de la oposición reclamaron una inmediata salida al conflicto.
