El gobierno encabezado por Lacalle Pou ha decidido intensificar sus esfuerzos por independizar del bloque su economía. Protesta de las cancillerías de Argentina, Brasil y Paraguay
El Mercosur ingresó en una nueva crisis institucional por la decisión política del presidente de Uruguay, Luis Lacalle Pou, de profundizar su estrategia unilateral de cerrar tratados de libre comercio al margen del bloque regional que su país integra junto a Argentina, Brasil y Paraguay. Hace unos meses, Montevideo anunció negociaciones con China para hacer un pacto bilateral que excluye al Mercosur, y ahora se conoció que intenta sumarse en soledad al Acuerdo Transpacífico que lideran Nueva Zelanda y Australia.
Ante esa información pública, los gobiernos de Alberto Fernández, Jair Bolsonaro y Mario Benítez fijaron una estrategia diplomática que es inédita en la historia de 30 años del Mercosur. A través de un tuit común, posteado a la misma hora (9 de la mañana en Argentina), advirtieron a Uruguay que actuarán con el máximo rigor jurídico para evitar que se rompan las normas estructurales del bloque regional.
“Ante las acciones del gobierno uruguayo con miras a la negociación individual de acuerdos comerciales con dimensión arancelaria, y teniendo en cuenta la posible presentación, por la República Oriental del Uruguay, de un pedido de adhesión al Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (CPTPP), los Coordinadores Nacionales de Argentina, Brasil y Paraguay ante el Grupo Mercado Común del Mercosur tiene a bien comunicar a la Coordinación Nacional de Uruguay que los tres países se reservan el derecho de adoptar las eventuales medidas que juzguen necesarias para defender sus intereses en los ámbitos jurídicos y comercial”, sostiene el comunicado conjunto que firmaron las cancillerías de Argentina, Brasil y Paraguay.
La reacción de estos tres países es la respuesta directa a un viaje que el canciller de Uruguay, Francisco Bustillo, inició a Australia y Nueva Zelanda para entregar la adhesión de su país al Acuerdo Transpacífico. Bustillo ejecutará ese acto de pleno simbolismo diplomático mañana en Auckland (Nueva Zelanda), porque allí está depositado el acuerdo formal firmado por todos sus integrantes.
El CPTPP está integrado por Australia, Nueva Zelanda, Brunei, Canadá, Chile, Japón, Malasia, México, Perú, Singapur y Vietnam, lo que implica 13 por ciento del PIB mundial y un mercado de más de 500 millones de habitantes.
Lacalle Pou cree que el Mercosur es un corset comercial para Uruguay, y tiene una hoja de ruta que apunta a lograr una sucesión de tratados de libre comercio. Ya inició ese camino con China y ahora continúa con el acuerdo Transpacífico, pese a las estrictas limitaciones jurídicas que imponen las normas vigentes del acuerdo regional.
La norma fundacional del Mercosur es precisa: los acuerdos se hacen entre los cuatro socios y la contraparte internacional, no hay acciones unilaterales ni avances diplomáticos en soledad. Por eso, llamó la atención en Buenos Aires, Brasilia y Asunción que Lacalle Pou avanzara con el CPTPP.
Ya hubo una protesta formal dentro del Mercosur cuando el mandatario oriental anunció sus intenciones de firmar un acuerdo con China, pero ese reclamo no desalentó su estrategia.
Al contrario: antes del viaje del canciller Bustillo a Australia y Nueva Zelanda, Lacalle Pou presentó tres informes de la Cancillería, del Ministerio de Economía y del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) que alentaban la incorporación de Uruguay al bloque multilateral Transpacífico.
La semana que viene, en Montevideo, Lacalle Pou entregará la Presidencia Pro Tempore del Mercosur a Alberto Fernández. Será una cumbre compleja por las diferencias geopolíticas entre ambos mandatarios.
La posición argentina es muy difícil de sostener, independientemente de la letra del acuerdo. Los numerosos obstáculos que existen en la actualidad para comerciar con otros países -incluso con los del mismo Mercosur- siguen aislando al país de la economía global y convirtiéndolo poco a poco en un jugador marginal del comercio internacional. La pretensión del Gobierno es imposible de sostener: que los otros países le compren pero sin comprarle nada a ellos. Esa arcaica forma de entender la economía política internacional es un obstáculo al desarrollo y a las buenas relaciones con las demás naciones de la región.
