El pedido de juicio político a la Corte Suprema de Justicia que impulsa el presidente Alberto Fernández con apoyo de un grupo de gobernadores tras el fallo por la coparticipación de la Ciudad de Buenos Aires puso de manifiesto el nivel de dependencia que tienen algunas arcas provinciales de los envíos federales automáticos desde la Casa Rosada.
Los datos oficiales muestran que para un grupo amplio de provincias los fondos recibidos por la vía de la coparticipación representan más del 75% de sus ingresos totales a través de impuestos provinciales, principalmente Ingresos Brutos, Sellos, inmobiliarios o automotor.
En general, las provincias que apoyan la estrategia de Fernández son del Frente para la Victoria o aliadas. Entre las que no lo hacen hay algunas que responden a Cambiemos, como Jujuy, Corrientes, Mendoza y CABA.
“Una cosa es colaborar o ayudar y otra es que el 90% de sus recursos dependen de la producción de bienes y servicios ajenos a esa provincia. Los ingresos que le entran a la Rioja, Chaco y Formosa no dependen en nada de la producción en esa provincia”, concluyó.
Para Alejandro Pegoraro, director de Politikón Chaco, una consultora que sigue cuestiones financieras subnacionales, “las provincias de menor grado de desarrollo relativo históricamente han sido las más dependientes de recursos nacionales por vía automática; y son provincias donde los fondos propios son los menores del país y tienen a su vez las economías más pequeñas de la Argentina”, apuntó.
“En estas provincias, y otras que conforman el listado de las más dependientes, una asignación de coparticipación alta trae desincentivos a desarrollar recursos propios. Además, tienen un un esquema de costos muy elevado porque el tamaño del Estado es muy alto”, aseguró Pegoraro.
