Según la izquierda, un proyecto de Schiaretti busca sumar deuda

El Ejecutivo provincial envió a la Legislatura un proyecto de ley para adherir a los artículos 67, 68 y 69 de la Ley de Presupuesto que en principio le permite relajar exigencias respecto a determinados límites impuestos por la Ley de Responsabilidad Fiscal. En ese marco, el legislador Ezequiel Peressini del Frente de Izquierda, consideró que el Gobierno de Juan Schiaretti busca lograr asistencia del Gobierno nacional, bajo el pretexto de haber sobrecumplico con las pautas fiscales impuestas originalmente.
Concretamente, el artículo 67 dispone que, “en el marco de la ley 25917 del Régimen Federal de Responsabilidad Fiscal y sus modificaciones, se dispone que: a) Si, durante el Ejercicio Fiscal 2018, la tasa nominal de incremento del gasto público corriente primario neto de las jurisdicciones adheridas al Régimen Federal de Responsabilidad Fiscal, fuere menor que la tasa de aumento promedio del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de cobertura nacional, la diferencia podrá ser considerada en la medición de la regla de gasto prevista en el artículo 10 de la ley 25917 y sus modificaciones, permitiendo incrementar el límite de gasto público corriente primario neto del Ejercicio Fiscal 2019; y b) Para el Ejercicio Fiscal 2019, se podrá deducir en la evaluación de la regla de gasto público corriente primario neto contemplada en el artículo 10 y de la regla de gasto primario neto contemplada en el artículo 10 bis, ambos de la ley 25917 y sus modificaciones, los mayores egresos en que incurran las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires como consecuencia de la transferencia de responsabilidades de gastos por parte del gobierno nacional a las otras jurisdicciones. En sentido contrario, los montos involucrados en las transferencias de responsabilidades deberán ser incrementados respecto del gobierno nacional. El Consejo Federal de Responsabilidad Fiscal dictará las normas complementarias para su cumplimiento”. Por su parte, el artículo 68 señala que, “adicionalmente, y sólo en aquellas jurisdicciones que en el año previo a su evaluación hallan ejecutado el presupuesto (base devengado) con resultado corriente positivo y cumplan con el artículo 21 de esta ley, se deducirán los gastos operativos asociados a nuevas inversiones en infraestructura en las áreas de educación, salud y seguridad”. Finalmente, el 69 dice que “las disposiciones del Régimen Federal de Responsabilidad Fiscal y Buenas Prácticas de Gobierno de la ley 25917 y sus modificaciones, deben ser observadas por cada poder integrante del sector público nacional y de las jurisdicciones adheridas”.

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