Schiaretti prepara un nuevo revalúo de inmuebles, detrás del valor de mercado

[caption id="attachment_201595" align="alignleft" width="89"] Por Alfredo Flury aflury@comercioyjusticia.info [/caption] Contrató a la Fundación Innova del Conicet para “asistencia técnica” vinculada a revisar el valor de los inmuebles. Las nuevas valuaciones quedarán reflejadas en el paquete de proyectos económicos para 2021 que el Gobierno presentará antes del 15 de noviembre. Mientras, Llaryora postergará la presentación de su pauta que debía elevar al Concejo la semana próxima El Gobierno de Córdoba contrató en forma directa la Fundación para la Innovación y Transferencia de Tecnología Innova para el servicio de “asistencia técnica en el análisis y estudios del mercado inmobiliario y resultados alcanzados en el revalúo 2019, con énfasis en las zonas periurbanas y rurales residenciales-turísticas de baja densidad”.[privado] La medida, según confirmaron fuentes consultadas por Comercio y Justicia , tiene relación con un nuevo revalúo inmobiliario que quedará reflejado en el paquete de proyectos económicos que el Gobierno enviará a la Legislatura antes del 15 de noviembre próximo. Concretamente, se trata de los proyectos de Presupuesto, Código Tributario y Ley Impositiva Anual para 2021. La contratación de la entidad tendrá un costo de 200 mil pesos. Innova es un ente oficial. De hecho, forma parte del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet). Con todo, los institutos y centros de investigación del Conicet pueden transferir conocimientos fuera del ámbito académico y los facturan a través de Innova. Respecto a la contratación, apunta a asistencia y servicios de tratamiento de imágenes (incluidas nuevas tomas satelitales) fundamentalmente de cobertura del suelo. No obstante, el servicio sirve para actualizar tanto las imágenes de propiedades rurales pero también urbanas. Se apunta a obtener mayores detalles sobre zonas productivas pero, en el caso de los inmuebles urbanos, nuevas mejoras no declaradas, por ejemplo. Uno de los casos es el de las piletas de natación que este medio informó en su edición del lunes. Pese al fuerte crecimiento de la demanda en la construcción de nuevas piscinas este año, Rentas tenía relevadas en 2020 apenas 164 piletas. Seguramente, las imágenes satelitales contratadas y su correspondiente “bajada” a la realidad, reflejarán un número mucho más alto que el constatado hasta ahora. En cuanto al revalúo, la estrategia planteada hace ya tiempo por el Gobierno apunta a ir acercando la valuación fiscal de los inmuebles al valor de mercado. Años atrás, el atraso en esas valuaciones eran ostensibles particularmente en el caso de las rurales. Entonces, el ex gobernador José Manuel de la Sota terminó reconociendo que no actualizaban los valores rurales para no sumar mayor presión fiscal al campo, básicamente por impuestos nacionales Fue hace ya tiempo, en pleno conflicto entre el Gobierno de la entonces presidente Cristina Fernández y los productores agropecuarios, cuando Córdoba estaba en un abierto enfrentamiento con la Nación. Sin embargo, la situación cambió. Las propiedades rurales fueron revaluadas de manera progresiva aunque también es cierto que pasaron a tributar a fondos específicos destinados, por ejemplo, a la mejora de caminos rurales y a financiar a los consorcios canaleros, por ejemplo. En cuanto a las propiedades urbanas, también fueron incrementando su valuación para llevar esos valores a precios cercanos a los de mercado. De todas formas, para evitar una contundente alza en el tributo, Rentas optó por modificar alícuotas para que por medio de esa combinación, el cedulón no llegará con subas impagables. Por ahora no trascendió información sobre qué criterio se tomará para 2021 respecto al revalúo inmobiliario. Sí está claro que la idea es seguir el sendero de actualización de valores en función de la realidad de cada sector. De hecho, en el caso del rural, hay sectores que por la caída en la productividad del campo, por ejemplo, por razones climáticas, los valores sean inferiores a los vigentes más allá de la declaración de emergencia o desastre que pueda disponer el Ministerio de Agricultura y Ganadería de la Provincia. Por lo demás, lejos quedó ya aquel proyecto incluido en el Consenso Fiscal firmado entre el Gobierno nacional y las provincias para avanzar en un proyecto que fijara criterios uniformes a la hora de disponer de las valuaciones fiscales. El Pacto Fiscal, que luego sufrió cambios traducidos en una addenda, quedó en buena medida como letra muerta luego del recrudecimiento de la crisis económica que ya lleva más de dos años. Para el ejercicio en curso, el Presupuesto 2020 votado por la Legislatura proyectó una actualización segmentada del Inmobiliario Urbano. El aumento fue de 44 por ciento para 67 por ciento de los inmuebles. Son los valuados en menos de 2,75 millones de pesos. Para el segmento hasta 10 millones de pesos, la suba fue aún mayor. Se trata de 30 por ciento de las propiedades. Para el resto, los incrementos de entre 58 y 93 por ciento. Sin embargo, para aquellas cuya valuación fiscal supere 50 millones de pesos, no hubo tope en el impuesto. Pagaron un monto fijo de 348.150 pesos más un 0,92 por ciento sobre el excedente de esa valuación fiscal. Si bien se trata de un número reducido de inmuebles -muchos pertenecientes a empresas-, la recaudación por esa vía es importante. Respecto del Rural, los ajustes oscilaron entre el 46 y el 77 por ciento según la extensión y valuación del predio, segmentado en hasta 50 hectáreas, entre 50 y 200 y más de 200 hectáreas. En ese último caso también rigió la política de eliminar el tope, como en el Urbano. En la presentación que hizo entonces el ministro de Finanzas, Osvaldo Giordano, recordó que aproximadamente 60 por ciento del total de las imposiciones sobre los inmuebles rurales pasaba a engrosar el Fideicomiso para el Desarrollo Agropecuario, un fondo cuyos recursos son administrados de manera independiente y se destinan a infraestructura productiva. Llaryora posterga En tanto, el intendente de la ciudad de Córdoba, Martín Llaryora, postergará la presentación del paquete de proyectos económicos para después del 30 de octubre, fecha límite dispuesta por la legislación vigente para elevar el Presupuesto, Código Tributario y Ordenanza Tributaria Anual (OTA) al Concejo Deliberante. La decisión fue confirmada a Comercio y Justicia por fuentes del Ejecutivo. La determinación de la administración Llaryora imitará así a la que ya supo aplicar el ex intendente Ramón Mestre en los últimos años. Según la norma vigente, el Ejecutivo municipal debe presentar el paquete de proyectos económicos ante el Concejo Deliberante, 30 días antes del vencimiento del período de sesiones ordinarias del cuerpo deliberativo. La forma de eludir ese plazo es entonces extender el período de sesiones ordinarias para así respetar los plazos que fija la normativa. La decisión de postergar la presentación del proyecto apunta a “afinar el lápiz” a la hora de asignar partidas y proyectar ingresos y gastos, hoy más que nunca afectados por la volatilidad de la economía y la continuidad de la pandemia. Mientras, Llaryora continúa en plena negociación de la deuda de 150 millones de dólares, bono emitido durante la gestión Mestre y que cuyos vencimientos la comuna busca renegociar. De no lograrlo antes del próximo día 29, si no paga el vencimiento de intereses por 5,9 millones de dólares, el municipio caerá en default, más allá de que las negociaciones con los acreedores continúen abiertas. Por ahora, sigue vigente el período de confidencialidad por lo que no se conocen los términos de la propuesta que la comuna le hizo a los bonistas.[/privado]

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