ESCUCHARLas entidades locales reafirmaron el apoyo a los diputados y senadores de Córdoba para impulsar una agenda común.
A poco más de un año de haberse firmado un acta entre las más influyentes entidades empresariales cordobesas y la mayoría de los legisladores de la provincia para impulsar una agenda propia en el Congreso nacional, las organizaciones renovaron ayer su apoyo, reconocieron el trabajo de los diputados y senadores y evaluaron el trabajo conjunto como una “experiencia inédita en el país”. Pero también resultó evidente que en muy pocos de los objetivos planteados se lograron avances importantes y, en algunos de esos casos, se debió a decisiones políticas del Ejecutivo nacional.
Los interrogantes que se abren tras la reunión fueron qué ocurrirá con este “trabajo conjunto” en un año electoral y qué planteos realizarán los empresarios a los legisladores ante un tema urticante para los empresarios como la distribución de ganancias, que será incorporada a la agenda común.
En agosto de 2009, hace poco más de un año, la Bolsa de Comercio, la delegación local de la Cámara de la Construcción, la Cámara de Comercio, la Cámara de Comercio Exterior de la provincia, la Federación Comercial local y la Unión Industrial firmaron una serie de “acuerdos básicos” con los legisladores representantes de Córdoba en el Congreso -con excepción de los miembros del oficialismo nacional-.
Allí se planteaban el compromiso de impulsar en conjunto una serie de iniciativas en el “corto plazo”, como la eliminación de las facultades delegadas al Poder Ejecutivo, la reforma del Consejo de la Magistratura, el reordenamiento del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec), la disminución de las retenciones y la eliminación del Impuesto al Cheque.
También se disponían a buscar una “disminución urgente” de la pobreza y la indigencia, una restitución escalonada de los fondos coparticitables que las provincias derivan a la Anses, una reformulación de los servicios de deuda provinciales, una reforma al esquema de coparticipación para la construcción de viviendas sociales, una reformulación del Organismo Nacional de Control Comercial Agropecuario (Oncca) y el envío “urgente” de los fondos adeudados por la Nación en la Caja de Jubilaciones y el Programa de Asistencia Financiera (PAF).
Lento avance
El análisis del avance de estos proyectos en el Congreso evidencia que, al menos las expectativas para la “agenda de corto plazo”, resultaron demasiado optimistas, pues en casi 11 meses -los legisladores asumieron en diciembre de 2009- se lograron pocos avances.
En ese plazo sólo se produjo la eliminación de las facultades delegadas -que pasó por el Congreso-, la reformulación de la deuda de la provincia y el arreglo con la Nación por la vieja acreencia de la Caja y el PAF.
Si bien es cierto que en las dos últimas iniciativas la oposición presionó al Ejecutivo, no es menos cierto que fue finalmente la decisión política del Gobierno la que permitió la resolución de estos temas.
El resto de las iniciativas está por ahora -en el mejor de los casos- en los meandros de la actividad legislativa, con escasas perspectivas de definición en 2010 y con pocas esperanzas para 2011, un año electoral en el cual hasta los propios legisladores presentes ayer reconocieron las dificultades para avanzar en ese contexto.
Con respecto a los cambios en el Consejo de la Magistratura, Manuel San Pedro -quien tomó la palabra ayer por las entidades empresariales- explicó que se logró media sanción en Diputados, lo que significó el “esfuerzo” de renunciar a las ideas originales de cada partido. Y con relación a la reforma del Indec señaló que el tema “está encaminado” y “hay una comisión especial” en la Cámara Baja.
Sobre la reducción de las retenciones evaluó que fue un tema “más trabado” y que para avanzar “se tienen que resolver cuestiones internas de los partidos”. Con respecto a la eliminación del Impuesto al Cheque precisó que “se puso en suspenso” -en realidad en el Congreso se trató la coparticipación plena de este tributo-, pero que el reclamo de legisladores y empresarios “sirvió como ariete” para forzar al Ejecutivo nacional a la refinanciación de las deudas provinciales.
Algo similar interpretó San Pedro sobre el reclamo de “disminución urgente” de la pobreza y la indigencia, pues entendió que “forzó la promulgación de la asignación por hijo”, sobre la cual se exige ahora “una real universalidad”.
Por último, con respecto a una reforma al esquema de coparticipación para construir viviendas sociales dijo que “hay un informe” enviado a la Cámara de la Construcción y con relación a los cambios en la Oncca sólo señaló que “hay dos proyectos” del radicalismo.
Respaldo empresarial
Los empresarios locales que firmaron el acta compromiso con los legisladores renovaron ayer su apoyo al trabajo realizado. “Se ha honrado la palabra y se ha obrado consecuentemente, dentro y fuera del Parlamento”, expresó Manuel San Pedro.
También Rubén Martos, de Fedecom, consideró que “las expectativas se cumplieron” y reconoció que “era imposible lograr todo lo que pretendíamos”. Por último, Alejandro Dragotto, de la Cámara de Comercio, indicó que se trató de un “hecho inédito” y que la “intención era hacer un trabajo en serio, dándoles tiempo a los legisladores”.
