ESCUCHARAl trabajo a convenio de los empleados de LUSA, ayer se sumaron los de Crese residual en el predio de enterramiento. La medida, que complicó la prestación del servicio, fue producto de un reclamo por insumos y elementos de seguridad. No obstante, subyace la exigencia del pago de indemnizaciones a los 1.846 empleados, que el gremio quiere cobrar “en octubre” y que estaría atado a la resolución de la licitación en suspenso.
El conflicto desatado en las últimas horas entre trabajadores de LUSA y de Córdoba Recicla Sociedad del Estado (Crese) residual, por un reclamo de más insumos y elementos de seguridad, que afectó la normal prestación del servicio de higiene urbana en la ciudad, esconde una exigencia de fondo vinculada con el pago de indemnizaciones a los 1.846 empleados de Crese por unos 200 millones de pesos que, según el gremio que los nuclea, deberían abonarse en el mes en curso.
Si bien el reclamo de fondo fue desmentido por el Sindicato Único de Recolección de Residuos y Barrido de Córdoba (Surrbac), ayer, los diferentes actores consultados por Comercio y Justicia admitieron que el tema subyace al conflicto por insumos y demás reivindicaciones.
Éste comenzó el domingo por la noche cuando los trabajadores de LUSA, prestataria del servicio de recolección de residuos en la zona norte de la ciudad, comenzaron con trabajo “a convenio” en demanda diferentes elementos. La medida, que en la práctica implica cumplir horarios estrictos y no sumar horas extras o nuevas rutas, recién tuvo efectos concretos ayer cuando la prestación debió afrontar la basura acumulada durante el fin de semana largo.
En ese marco, LUSA sólo logró completar la mitad de las rutas, por lo que dejó en la calle al menos unas 300 toneladas de residuos de las 600 que recoge habitualmente.
Pero pasado el mediodía y sin que ese conflicto se hubiera resuelto aún, el Surrbac emitió un comunicado en el que informó la extensión de la medida, ahora a los trabajadores del predio de enterramiento de Piedras Blancas.
“La falta de respuesta ante los reiterados reclamos que se vienen realizando desde el gremio profundiza el conflicto y agudiza las medidas a tomar. El principal impacto que tendrá la medida en las actividades de Crese será sobre el predio de enterramiento sanitario. A partir de las 13 hs (de ayer) se discontinuarán las tareas de descarga de camiones durante una hora, se retomarán las tareas por el mismo lapso para luego volver a interrumpirse. Así hasta el final de la jornada. Esto generará que la mitad de los camiones no podrán realizar la descarga y por ende no podrá salir a realizar la recolección en el siguiente turno”, señaló el gremio en un comunicado, recordando que la medida continuaba también en LUSA.
Anoche, una reunión convocada por el Ministerio de Trabajo de la Provincia, a solicitud de Crese, buscaba una salida al conflicto que amenazaba con complicar seriamente desde hoy el servicio en toda la ciudad.
Como fuere, el dato de fondo, más allá de la pertinencia del reclamo de los trabajadores, apuntaba al cobro de las indemnizaciones.
Ese pago, según el gremio, fue un compromiso asumido por el intendente Ramón Javier Mestre a fines de marzo pasado luego de que el municipio resolvió prorrogar los contratos con LUSA y Cotreco, a la espera de una resolución de la licitación convocada oportunamente para concesionar el servicio de higiene urbana por los próximos ocho años.
Concretamente, el sindicato publicó entonces un comunicado en el cual señalaba, en su parte medular, que “el Ejecutivo municipal se comprometió a abonar las indemnizaciones a los trabajadores afiliados al Surrbac en octubre de 2015 y en una sola cuota” .
El 28 de septiembre pasado, este medio publicó que el gremio ratificaba su intención de cobrar en octubre y que aguardaría el regreso de Mestre de unas breves vacaciones para reunirse con él e insistir con el compromiso asumido -siempre según el sindicato-.
Esa reunión debía concretarse, en principio, esta semana. En el encuentro, el gremio presionaría también por la cobertura de cargos vacantes en Crese residual tras la jubilación de una decena de empleados.
Como fuere, para el municipio el tema aún no está resuelto. En esa línea, siempre según lo publicado por Comercio y Justicia a fines de septiembre, se analizaba la alternativa de pagar parcialmente las indemnizaciones aun sin adjudicar la licitación en marcha, a tenor de un antecedente en ciudad de Buenos Aires.
En cualquier caso, la comuna deberá afrontar un desembolso importante, que hoy no estaría en condiciones de hacer sino en cuotas o recurriendo a algún tipo de endeudamiento.
Según el convenio colectivo que rige esa rama de actividad, los empleados del servicio de higiene urbana deben ser indemnizados cada vez que sean transferidos a otra empresa.
Actualmente todos pertenecen a la Crese. Cuando se creó y comenzó a operar el 1 de febrero de 2009, la empresa estatal incluyó a 1.100 trabajadores de la anterior prestataria Cliba, previo a ser indemnizados. Hoy, los involucrados suman casi 1.850 empleados. De hecho, no todos cobrarán por igual porque muchos ingresaron entre 2009 y 2011. Ya en la gestión Mestre, el intendente resolvió tercerizar los servicios a las empresas LUSA y Cotreco.
Con todo, los trabajadores continuaron siendo empleados de Crese.
En principio, la única forma en que deberían cobrar sus resarcimientos es si el municipio resuelve la licitación en marcha, que el 13 de diciembre cumplirá dos años desde la apertura de sobres.
La decisión de avanzar con ese proceso, que tiene en carrera a LUSA y Cotreco, o bien de desactivarlo y convocar a una nueva licitación, aún no fue resuelta por la comisión conformada oportunamente. De desactivarse, las actuales prestatarias continuarán por otros 24 meses desde resuelta esa decisión, según se convino en la prórroga vigente desde abril pasado.
El servicio de higiene urbana importa un costo anual de los 1.400 millones de pesos, el 20% del presupuesto de gastos totales del municipio.
