ESCUCHAREl Concejo Deliberante aprobó ayer modificar la ordenanza 12648 que refiere al Marco Regulatorio para la Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos, cambio que obliga a las reparticiones públicas, tanto municipal, provincial o nacional, a separar residuos en origen como parte el reciclado.
El dato, que implica un cambio importante respecto a la situación actual, incluyó sin embargo un trasfondo político. Es que fue rechazado por los bloques de Unión por Córdoba, Fuerza de la Gente y Pensando Córdoba. El primero será mayoría desde el 10 de diciembre próximo luego del triunfo de Martín Llaryora como intendente de la ciudad.
En tanto, la iniciativa impulsada por el bloque Vamos, fue avalada por 19 voluntades que además del bloque impulsor, incluyó a Juntos por Córdoba, entre otros.
El proyecto aprobado ayer impulsa agregar a la ordenanza de Marco Regulatorio para la Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos, la figura del “generador público” de residuos, que comprende a los organismos públicos nacionales, provinciales y municipales, los que tendrán la obligación de realizar el reciclado en origen de los mismos.
El concejal David Urreta, en representación de Vamos, el bloque autor del proyecto dijo: “La idea es que en los edificios públicos se separen residuos en origen. En el Marco Regulatorio hay un rosario de conceptos de reciclado, pero no habla de uno de los grandes generadores de basura que es el Estado. 110 mil empleados públicos empezarían así a reciclar”.
El proyecto también contempla que la recolección, carga y transporte de los residuos sólidos de la generadores públicos estará a cargo de empresas sociales solidarias y derivadas a los centros verdes para su tratamiento final.
Por su parte, Laura Sesma se manifestó “absolutamente de acuerdo de que se separen los residuos y los edificios públicos deben ser los primeros en dar el ejemplo. En Mendoza y San Luis están preparados en los edificios públicos para separar. La idea es reforzar este concepto y no me parece mal. Sigue pendiente la regulación, el decreto reglamentario y el control, la notificación a todos los edificios de la ciudad de Córdoba”.
La concejal Nadia Fernández (UPC) aclaró que su bloque no acompaña el proyecto. “Estamos en un momento de transición”, dijo.
“Nosotros no aprobamos este marco regulatorio, una clasificación se hace a los fines prácticos, no dividir el ámbito privado del público, no debería ser así, sino dividirlos por pequeños generadores y grandes generadores de residuos, queremos un marco integral y no es el momento oportuno”, manifestó por su parte el concejal Llarena (Fuerza de la Gente).
En tanto, Urreta, de Vamos, recordó que el proyecto fue presentado el 7 de noviembre de 2017, “con el fin de quien trabaje en la función pública separe los residuos, no hay naturaleza política para que se separe en origen la basura. No queríamos que fuera en el marco de la campaña electoral y consensuamos un despacho…me gustaría que fuera política pública, La Casa de Gobierno lo está haciendo pero lo debería hacer la Lotería, el banco, y otros más; esta cultura del reciclaje debería empezar cuanto antes. Si hay un proyecto de buena fe es este, con los 100 mil empleados públicos deberíamos comenzar para que luego lo hagan en su casa”.
