ESCUCHARLa agencia internacional de calificación de crédito pronosticó que las tensiones relacionadas con las elecciones presidenciales de octubre aumentará la incertidumbre este año
Un reporte de la agencia internacional de calificación de crédito Moody’s alertó que subieron los riesgos políticos y sociales en la región.
En el informe privado, Argentina tiene una de las puntuaciones más negativas.
Precisa que el país tiene “una larga historia de marcos de política fiscal y monetaria impredecibles e insostenibles” que dieron lugar repetidamente a desequilibrios macroeconómicos, “dejando a la economía propensa a las recesiones”.
Sumó que la inflación “persistentemente alta”, combinada con la creciente tensión sobre el peso, redujo “significativamente la estabilidad macroeconómica” y afectó a ciudadanos, bancos y empresas.
El análisis privado indica también que los resultados económicos, la volatilidad financiera y los cambios de políticas son los principales canales de transmisión de los riesgos políticos en Argentina.
En su relevamiento, Moody’s abordó, país por país, cómo los riesgos sociales o políticos (governance) afectan el riesgo operativo para los tesoros nacionales, como emisores de deuda, y para la conducción de los negocios de las compañías.
Sobre Argentina, sostuvo que el riesgo político o de Gobierno es particularmente nocivo para la deuda soberana y para el sector financiero.
“El frecuente ruido político derivado de las luchas internas y la escasa coordinación de la política económica entre los poderes del Estado dificulta la confianza de las empresas”, subrayó.
Explicó que aquél distrae a los funcionarios a la hora de implementar medidas que faciliten la inversión y frenen el exceso de regulación, imponiendo costos fiscales y económicos innecesarios.
“El difícil entorno macroeconómico exterior agrava estos problemas, provocando una inflación muy elevada y bajos niveles de reservas, lo que aumenta el riesgo de devaluaciones que pueden elevar aún más la inflación”, reseñó.
En tanto, pronosticó que el “ruido” relacionado con las elecciones presidenciales de octubre aumentará la incertidumbre política este año.
“Las empresas se enfrentan a distorsiones fiscales y subvenciones, aranceles elevados, una apertura comercial limitada y, en consecuencia, mercados de bienes débiles”, consignó.
“Los constantes cambios en las políticas públicas dificultan a las empresas y a los bancos predecir incluso los escenarios a corto plazo, lo que dificulta la toma de decisiones estratégicas y de gestión del riesgo”, agregó.
Además, señaló que los riesgos sociales afectan a las empresas de servicios públicos e infraestructura y alertó que, en ese contexto, el sector financiero “opera con una estrategia puramente defensiva” que limita su capacidad de maniobra.
Sin embargo, postuló que a pesar de las tensiones derivadas de la inflación y la regulación de los tipos de interés, los bancos tienen “unos fundamentos relativamente sólidos”.
La firma expuso que el riesgo social se traduce más que nada en impactos negativos para las empresas de servicios públicos y las inversiones en infraestructura en general debido al mantenimiento de subsidios, trabas a las tarifas y otras regulaciones.
