El Ejecutivo provincial avanzó en la implementación del polémico sistema, que estaría operativo para el segundo semestre.
El Ejecutivo provincial reglamentó por decreto la ley 10138, que exigirá a conductores de motocicletas la portación de casco “normalizado con inscripción visible de la identificación de dominio” del rodado.
En ese marco, el ministro de Gobierno y Seguridad, Walter Saieg, anticipó a Comercio y Justicia que en los próximos días se llamará a licitación para la implementación del sistema de stickers (etiquetas) y que la intención oficial es contar con el mecanismo operativo antes de los próximos seis meses.
La reglamentación de la ley, que apunta a sumar elementos de control para combatir hechos delictivos en ese tipo de vehículos, incluye en primer término la exigencia de “cascos normalizados” que, según la norma, “serán aquellos que cumplimenten con las normas legales vigentes, conforme las certificaciones expedidas por el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI)”.
Paralelamente, la reglamentación indica que la “etiqueta de identificación visible de dominio” será expedida por la Policía de la Provincia.
En cuanto a los stickers, la norma prescribe que “podrá inscribirse en cada casco normalizado hasta dos etiquetas de identificación de dominio”.
El texto enumera las características de las calcos -por ejemplo- el tamaño, que deberá ser de catorce centímetros por seis, además de una serie de características de seguridad .
Asimismo, la reglamentación avanza en los artículos de la Ley referidos a la “desnaturalización” del rodado.
En ese marco, señala que el concepto “desnaturalización” consistirá en la “destrucción por compactación” y se concretará en los casos en que, secuestrado el rodado por falta de documentación exigible, el propietario no reúna los elementos para reclamarlo en un plazo de un año.
Previamente, 15 días antes de esa acción, la autoridad competente deberá notificar al propietario del inminente desguace del vehículo.
Por lo demás, en la Provincia evitaron precisar cuál será el valor del sticker que expedirá la policía pero confeccionará una empresa privada, que deberá competir en licitación pública.
Si bien no hay cifras oficiales, se estima que en la provincia hay unas 700 mil motocicletas. Si se considera que en cada rodado muchas veces circula mas de una persona, la cantidad de stickers a colocar superaría el millón.
La ley fija asimismo un rango de sanciones de hasta 80 Unidades Fijas de Multa y hasta 20 días de arresto llegado el caso. Según el valor de la nafta premium de YPF, esas multas se ubicarían hoy levemente por encima de mil pesos.
La norma, que comenzará a regir de manera efectiva en el segundo semestre del año, generó fuerte polémica al momento de su presentación y posterior debate legislativo.
El proyecto, que se aprobó el 20 de marzo del año pasado, había sido impulsado por el entonces ministro de Seguridad, Alejo Paredes, y apuntaba a sumar elementos que colaboraran en el combate contra hechos delictivos.
La iniciativa generó fuerte resistencia de diferentes sectores, entre ellos desde la Cámara de la Motocicleta, entidad que denunció una campaña que, de manera indirecta, impactaría en las ventas del sector.
Con todo, la ley quedó virtualmente “cajoneada” pese a que el artículo 4 de la norma exigía su reglamentación “dentro de los 30 días contados desde la fecha de su publicación”.
En tanto, el artículo 5 señalaba que “la presente ley tiene un plazo de 180 días para su adecuación, contados a partir de su promulgación”. Los plazos se excedieron con creces.
Sin embargo, la ola de hechos de inseguridad y algunos hechos compatibles con “linchamientos” ocurridos en los últimos días, reavivaron el debate y activaron la reglamentación de la norma que una vez mas fue criticada por diferentes sectores.