El proyecto de una nueva Ley de Hidrocarburos, que según el Gobierno nacional permitirá generar “un importante ahorro de divisas y atraer mayores inversiones para aumentar la producción y crear más fuentes de trabajo”, ingresó hoy a la mesa de entradas del Senado para su tratamiento.
El acuerdo fue firmado anoche por la presidenta Cristina Fernández y los gobernadores de las provincias nucleadas en la Organización Federal de los Estados Productores de Hidrocarburos (Ofephi), durante una reunión en la Quinta de Olivos.
La iniciativa, remitida esta mañana al Senado por el Poder Ejecutivo, será girada ahora a comisión para su posterior tratamiento en el recinto, confirmaron hoy fuentes parlamentarias.
La propuesta buscará “actualizar la ley vigente y adecuarla a las nuevas oportunidades que se presentan al país, como son los recursos no convencionales, off-shore y la recuperación terciaria”, según sostiene el texto del documento rubricado por la mandataria y los gobernadores.
Qué dice el proyecto
Éstos son los puntos principales del proyecto de Ley de Hidrocarburos acordado entre el Gobierno nacional y las diez provincias petroleras que integran el Ofephi, que ya se encuentra en el Congreso.
– Las provincias podrán cobrar un extra por extender concesiones a empresas energéticas provinciales que quieran participar en áreas.
– La concesión para explotaciones no convencionales será de 35 años; y de 30 años para las off shore.
– La normativa a sancionar no incluirá las negociaciones en curso de prórroga de áreas de explotación hidrocarburífera, como también el debate impositivo.
– La Secretaría de Energía y los gobernadores acordarán, en un plazo de seis meses posterior a la sanción de la reforma, un pliego modelo a ser aplicado en todas las jurisdicciones.
– En cada extensión otorgada, la provincia podrá incrementar 3% las regalías, con un tope de 18%. Sin embargo, no afectará los derechos adquiridos por los contratos vigentes.
– En las nuevas licitaciones se suprimen las reservas de áreas y las empresas provinciales podrán participar en la etapa de desarrollo de los proyectos según su inversión.
– Se le otorga rango legal al decreto 929/13, régimen de promoción de inversión para la explotación de hidrocarburos, y se amplía su alcance a proyectos de inversión superiores a 250 millones de dólares.
– Las empresas aportarán como Responsabilidad Social Empresaria (RSE) a las provincias productoras 2,5% del monto inicial de inversión y el Estado nacional aportará financiamiento para obras de infraestructura.
– Nación y provincias adoptarán mecanismos que permitan uniformar las legislaciones tributarias en las actividades hidrocarburíferas y promoverán una legislación ambiental uniforme para aplicar las mejores prácticas de gestión ambiental para la industria.
– Las provincias limitarán la alícuota de Ingresos Brutos a 3% y los municipios no podrán crear nuevos impuestos ni aumentar los existentes.
– Según la estimación del Gobierno, la normativa puede ser aprobada en octubre o a más tardar en noviembre, y las legislaturas provinciales deberán ratificarlas.