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La Cámara de la Construcción reclamó por la falta de actualización de deudas que se pagarán con títulos. Asimismo alertó sobre el hecho de que la licitación para obras de saneamiento financiadas por el BID no permite competir a firmas locales. “La posición de los empresarios denota una falta total de solidaridad en una instancia crítica”, dijo el ministro Sosa. Sobre las obras, aseguran que son las condiciones que impone el organismo multilateral
El Gobierno de Córdoba y la Cámara de la Construcción local cruzaron ayer posiciones y tensaron al límite la ya complicada relación que mantienen desde los últimos días producto del reclamo de los empresarios por la deuda que la Provincia pagará con bonos.[privado]
Además, ayer se sumó el abierto pedido de las constructoras de que el Gobierno flexibilice condiciones y permita que empresas locales puedan participar de licitaciones financiadas por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para obras de saneamiento.
La situación quedó plasmada en un comunicado emitido ayer por la entidad empresarial.
La postura fue prontamente replicada por el Ejecutivo, en este caso por el ministro de Obras Públicas, Ricardo Sosa, y por el secretario de Servicios Públicos, Alberto Bresciano, en este caso por el tema licitaciones.
En el fondo, todo se reduce a un tema de recursos. Tanto respecto a los bonos como incluso a las licitaciones.
La decisión de las partes de explicitar sus posiciones se produce luego de numerosas reuniones previas y de reclamos solapados de los empresarios, en parte anticipados ya por Comercio y Justicia, que ahora directamente salieron a la luz pública.
Abrir el juego
En ese marco, la Cámara de la Construcción emitió ayer un comunicado en el que blanquea su posición sobre los dos temas en discusión.
Concretamente, la entidad recordó que la Provincia “se encuentra en proceso de llamado, y a llamar, de una serie de licitaciones de obras financiadas por el BID dentro del “Programa de Desarrollo de los Servicios de Agua y Saneamiento – Plan Belgrano”, obras que son muy necesarias para los cordobeses, pero también de fundamental importancia para las pymes constructoras del medio que como consecuencia de la pandemia y de un sostenido descenso de la cantidad de obra pública en los últimos 24 meses, se han visto impactadas en su actividad, con una fuerte caída de empleo de sus trabajadores”.
Esas obras, indicaron, “representan una gran expectativa para un sector que además suma la contrariedad de haber sido perjudicado en el cobro de obras ya ejecutadas y en ejecución, debido al pago con bonos de Cancelación de Deudas emitidos por la Provincia que nunca estuvieron pactados contractualmente, y que significan un quebranto a soportar por las contratistas”.
Sin embargo, prosiguen, “esta Cámara junto a Uocra y Uecara del Interior (administrativos), detectamos con sorpresa” que las licitaciones “impiden” la participación de la gran mayoría de las pymes cordobesas, ya que en los pliegos se destaca como antecedente excluyente para poder efectuar una oferta, el haber ejecutado kilómetros de redes cloacales en los últimos 10 años, cuando “es de público conocimiento que en la Provincia, hace bastante más de una década que este tipo de obras no se realizan, y por la tanto es muy bajo el porcentaje de constructoras locales que pueden cumplir con esta condición, y quedar así habilitadas para cotizar las obras”.
En esa línea, la cámara pidió revisar esos requisitos para dejar en competencia a compañías locales, situación que, según indican, no sólo redundará en más trabajo local sino también en la comparecencia de más oferentes que permitirían mejorar cotizaciones, además de otros beneficios para el mercado cordobés.
El comunicado indica que ya solicitaron a las autoridades la revisión del tema, por ahora sin respuesta afirmativa.
“El reconocimiento de los intereses devengados de las deudas que nos quieren pagar con bonos y la posibilidad de que las pymes locales puedan participar en esas licitaciones son claves en un momento en que la situación económica complica sobremanera a las empresas”, resumió a este medio Luis Lumello, titular de la Cámara de la Construcción.
Dura respuesta oficial
En ese marco, la réplica oficial no se hizo esperar y de hecho fue ciertamente dura.
“Hay una clara falta de solidaridad de un grupo de empresarios a los que no les faltó trabajo ni tuvieron demora en los pagos y que ahora, en el marco de una crisis inédita producto de la recesión y de los efectos de la pandemia, reclaman mantener todo como si nada hubiese ocurrido”, resumió a este medio el ministro de Obras Públicas, Ricardo Sosa.
La referencia es respecto a los bonos que recibirán las contratistas por las deudas que mantiene el Gobierno de obras ya ejecutadas.
Sosa recordó que las empresas locales se vieron beneficiadas por el plan de obra pública “más grande de la historia de la provincia durante casi cuatro años y fue pagado en tiempo y forma” y que ahora sólo adeuda 12% del total del monto involucrado.
Esa deuda, indicó el funcionario, está indexada por el costo de los insumos.
Por contrapartida, los ingresos de la Provincia van en sentido contrario, con una pérdida en términos reales que en dos años fue de 22,2%. En paralelo, los trabajadores en general también vienen perdiendo poder adquisitivo e incluso sus propios empleos, en el marco de la crisis.
En ese contexto, el bono que ofrece el Gobierno a las contratistas ya incluye un interés igual a la tasa Badlar y que tiene amplias facultades para poder negociarse y usarse como garantía.
“Pretender que encima se reconozcan otros intereses es un despropósito”, señaló Sosa y recordó que ya numerosas empresas ya aceptaron los títulos.
Obras de saneamiento
En cuanto al reclamo por las condiciones para que las pymes locales participen en las licitaciones por obras de saneamiento, el secretario de Servicios Públicos, Alberto Bresciano, recordó que es precisamente el organismo multilateral el que define los requisitos respecto a quienes califican en los llamados a concurso.
“Es el BID el que financia la totalidad de las obras. Es un crédito que obtuvo Argentina y del que, como no se utilizó plenamente, Córdoba logró que una parte se destinara a la Provincia pero son ellos los que disponen los requisitos”, explicó.
Y si bien reconoció que en el caso de las mismas obras realizadas en la localidad de Arroyito, las condiciones fueron más flexibles, ahora no hubo posibilidad de modificar esos requisitivos que son precisamente los que piden las empresas locales.
Cotizan los bonos
Los bonos a proveedores y contratistas que el Gobierno provincial ya comenzó a entregar por deudas contraídas con anterioridad, cotizaron en las últimas horas a entre 95 y 97 pesos por cada 100 nominales, según las primeras operaciones en el mercado secundario, indicaron desde el Gobierno provincial. [/privado]
