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La firma especializada en el diseño de juegos para telefonía móvil, confirmó que desmantela su sede en Córdoba para concentrarse en Buenos Aires. Despidió a 85 empleados. Contaba con subsidios al empleo y exenciones impositivas totales
El Gobierno provincial iniciará acciones contra la empresa Gameloft, radicada desde 2007 en Córdoba y especializada en el diseño de software para diferentes aplicaciones, para que restituya el monto de los subsidios y eximiciones impositivas con las que fue beneficiada desde entonces, luego que la compañía violentó los términos del contrato legal suscripto con la Provincia para obtener las perrogativas promocionales.
La decisión fue confirmada a Comercio y Justicia por el ministro de Industria, Comercio y Trabajo, Roberto Avalle, tras conocer que la compañía, de origen francés, desmantelará su sede local para concentrar sus operaciones en la ciudad de Buenos Aires.
Pese a que fuentes de la Provincia indicaron que recién el primero de junio conocerán con precisión el monto involucrado, se calcula que sólo en subsidios al empleo la cifra supera el millón de pesos.
El planteo del Gobierno quedó expresado formalmente ayer en el marco de una audiencia en la sede de la Secretaría de Trabajo. Las partes convinieron volver a reunirse la semana próxima, en el mismo ámbito.
“Ratificaron la decisión de irse honrando todos los compromisos asumidos”, resumió una fuente oficial.
La decisión de Gameloft de abandonar sus tareas en Córdoba obedecería, entre otros motivos, a los problemas para contar con un plantel estable de personal, indicaron fuentes de la firma.
“Hubo mucha rotación del personal. Son profesionales de alta especialización que tienen muchas ofertas laborales y es difícil retenerlos”, dijeron.
Ayer, la compañía ofreció trasladar a Buenos Aires a los 85 trabajadores que aún se desempeñaban en la compañía.
Según se informó, seis accedieron a la propuesta, 40 no respondieron y otros 34 ya anticiparon que rechazan la oferta. En tanto, quedan cinco empleados administrativos para cerrar las operaciones de la empresa en Córdoba. La empresa pagará las indemnizaciones de ley.
Como fuere, ayer, el ministro Avalle se mostró contrariado por la determinación “intempestiva” de la empresa. “Se fueron como escapando”, graficó al tiempo que confirmó contactos con la Embajada de Francia por el tema.
En ese marco, Avalle ratificó que estudiarán los alcances del contrato con Gameloft para reclamar el pago de los aportes efectuados por la Provincia.
Incumplimiento pleno
En rigor, la partida de la empresa sólo terminó por completar una larga lista de incumplimientos por parte de la compañía respecto del contrato firmado con la Provincia para acceder a beneficios promocionales.
El acuerdo ratificado por la ley 9432 del 24 de octubre de 2007 es similar al rubricado por la Provincia con otras empresas tecnológicas y automotrices.
El texto ratifica “en todas sus partes” el decreto que aprobó el “contrato definitivo para la radicación de un Centro de Desarrollo de Tecnología de Entretenimientos para Teléfonos Celulares, celebrado el 14 de agosto de 2007 y rubricado por la entonces ministra de Producción y Trabajo, Adriana Nazario, en representación de la Provincia.
Según el convenio, la empresa se obligaba, entre otros puntos, a crear “empleos directos de personal calificado” conforme un cronograma anual: 185 nuevos empleos en 2007, 100 en 2008 y 160 en 2009 para totalizar 445 nuevos puestos de trabajo.
En tanto, la Provincia eximiría plenamente a la firma del pago de tasas e impuestos por cinco años.
Asimismo, se comprometía a pagar un subsidio de 300 pesos por mes por empleo nuevo en 2007. La cifra se incrementaba a 350 pesos mensuales desde 2008 a 2011.
Según trascendió, la empresa sólo alcanzó a emplear a 140 trabajadores.
El artículo cinco del convenio explicitaba que la compañía se comprometía a mantener en funcionamiento su sede en Córdoba por un plazo de cinco años. El incumplimiento la obligaría a “abonar a la Provincia el monto en pesos que resulte equivalente al monto de los tributos eximidos y subsidios otorgados”.
En tanto, Avalle señaló que se trata del primer caso de incumplimiento de beneficios promocionales, desde que la prerrogativa se puso en vigencia.
