La presidenta Cristina Fernández envió ayer al Congreso un proyecto de reforma de la Ley Penal Tributaria. En ese marco, el titular de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), Ricardo Echegaray, expresó que la finalidad de la iniciativa “es que tanto los organismos recaudadores como la Justicia puedan hacer foco en las causas de mayor relevancia económica, descomprimir los juzgados de casos menores y redoblar esfuerzos en la búsqueda de sentencias condenatorias respecto de los grandes evasores”.
El funcionario explicó que la iniciativa oficial contempla la eliminación de “una institución muy importante que es la extinción de la causa por pago” y el fin de la posibilidad de que se aplique la “probation” en los casos de evasión tributaria y contrabando como forma de dar por finalizada la causa. De esa manera se restringirían las formas de finalización de las causas penales tributarias y previsionales.
La iniciativa gubernamental también prevé adecuar el monto para la evasión impositiva simple, que se incrementa de 100.000 a 1.000.000 de pesos. A su vez, ese monto se computará sumando el importe final de los impuestos evadidos por período, sin ninguna diferenciación entre ellos.
La reforma busca también ampliar la intervención procesal de la AFIP para casos de mayor relevancia, ya que los indicadores de evolución total de las causas demuestran que cuando participa el organismo fiscal -como querellante- se obtiene una exponencial mejora en los índices de condenabilidad.