El Gobierno provincial puede revisar la decisión de fijar una alícuota extra en el impuesto a los Ingresos Brutos (IIBB) a grandes contribuyentes si acuerda con la Nación respecto a los reclamos de fondos por diferentes conceptos que mantiene desde hace tiempo, muchos de ellos a la espera de una decisión de la Corte Suprema de Justicia.
El dato fue informado ayer por la Cámara de Comercio de Córdoba (CCC) luego de un encuentro que mantuvo con autoridades ejecutivas y legislativas para analizar los alcances del paquete de proyectos económicos en debate en la Unicameral.
“Las autoridades quedaron en reflexionar acerca de algunas alternativas que compensen la
suba sugerida en el proyecto, y a replantear el tema si Córdoba mejora la relación Nación-Provincia”, señaló uno de los párrafos del documento emitido por la CCC, que luego ratificó ante este medio el titular de la entidad, Horacio Busso.
El dirigente encabezó ayer la reunión que mantuvo la Cámara con funcionarios provinciales, entre ellos el ministro de Finanzas, Ángel Elettore. Además, estuvieron el presidente Provisorio de la Legislatura, Oscar González, el vicepresidente, Carlos Gutiérrez, y los legisladores Ricardo Sosa y Sergio Busso.
La entidad admitió que el proyecto incluye una suba de las bases imponibles para distintos tramos de facturación que habilitan rebajas de hasta 30% -alícuota de 2,8%-, decisión que, según indicó, “está en línea con el objetivo de beneficiar un número mayor de contribuyentes, casi 90%”. No obstante, la CCC advirtió de que “el recurso de compensar la recaudación centrando un mayor esfuerzo en 3.000 grandes aportantes con facturaciones superiores a $100 millones es un recurso que no se ajusta al criterio de igualdad de esfuerzo e igualdad entre iguales”. Respecto al esquema impositivo actual, la Cámara sostuvo que “la evolución de la actividad comercial y de servicios, en una economía signada por la concentración de proveedores oligopólicos y monopólicos, ha tornado inocua como herramienta de política impositiva compensadora los mecanismos de rebajas impositivas porcentuales y alícuotas diferencias, basadas en escalas de facturación”.
En ese sentido, señaló que “la facturación ya no define la capacidad contributiva de las empresas porque los rubros no son iguales, ni tampoco lo son la rentabilidad ni los formatos comerciales, en consecuencia, hoy más que nunca Ingresos Brutos es un impuesto al producto y, en última instancia, al consumo”.
La entidad insistió en una reforma impositiva de fondo para contemplar “aplicaciones diferenciadas -no sólo de alícuotas o descuentos- que propendan a reducir drásticamente la condiciones excluyentes e imposiciones de proveedores con posiciones dominantes de hecho, porque reducen la competencia, trasladan vicios ocultos a los consumidores y están convirtiendo el comercio minorista en apenas un ejecutor de sus políticas comerciales”.
