ESCUCHARLa Justicia prohibió por una semana que las AFJP realicen operaciones, con el objetivo de evitar que puedan modificar su cartera de inversiones, mientras se investiga si, como denunció el fiscal Guillermo Marijuán, las empresas habrían querido defraudar al Estado ante la inminente estatización del sistema de reparto.
Ayer por la tarde, el juez federal Claudio Bonadío dictó una medida cautelar para evitar que las empresas puedan modificar la cartera de clientes.
Bonadío dictó la resolución luego de que el fiscal federal Guillermo Marijuan denunciara a las diez AFJP por presunta administración fraudulenta a raíz de la supuesta liquidación de bonos del Estado que habrían realizado.
Según la denuncia, “el 77% de los 446 mil jubilados cuyos haberes son responsabilidad de las AFJP terminan siendo pagados con recursos del Estado”, al tiempo que “33 mil personas que integran el sector pasivo y que están afiliadas a las AFJP reciben el total de un haber del Estado”.
“El nivel de títulos públicos que tienen las AFJP (cerca del 60%) se convirtió en un régimen de reparto caro, donde el Estado paga altas tasas de interés y los particulares grandes comisiones”, sostuvo el fiscal. Según Marijuan, si se permitiera a las AFJP seguir operando en estas condiciones, se podrían provocar “serios e irreparables perjuicios”.
