ESCUCHAREs por obras en Circunvalación, pero también en Altas Cumbres y en el puente del San Roque. El pasivo se vincula a la retención del 10% en las redeterminaciones de precio que debe pagarse al final pero que aún no se cancela. Desde el Ejecutivo supeditan en parte los pagos a que la Nación destrabe deuda de $13 mil millones de la gestión Macri. Esa situación recién se resolvería cuando termine la reestructuración de deuda a nivel país
Alfredo Flury [email protected]
Empresas constructoras responsables de obras viales claves como el cierre de la Circunvalación, Altas Cumbres y Variante Costa Azul, alertaron por la voluminosa deuda que el Gobierno de Córdoba acumula en concepto de redeterminaciones de precios por final de obra que, según trascendió, rondaría los 3.500 millones de pesos.
Se trata de la retención del 10 por ciento que la Provincia realiza sobre cada redeterminación y que debe pagarse luego tras la recepción provisoria de la obra, conforme lo determina el Decreto nacional 691/2016.
La normativa fue la aplicada para aquellas obras en rutas nacionales o bien en otras que el Gobierno nacional se comprometió a solventar, como el cierre del Camino de Altas Cumbres.
En la mayoría de los casos, son trabajos ya concluidos y que estaban en cabeza de la empresa Caminos de las Sierras, concesionaria de la Red de Accesos a Córdoba (RAC).
Desde el Gobierno provincial admitieron a Comercio y Justicia algún atraso que sin embargo evitaron cuantificar. Está claro que la estrechez financiera que golpea al Gobierno de Córdoba, al igual que a la mayoría de los distritos producto de la crisis económica, es clave para entender el atraso.
En ese marco, fuentes oficiales consultadas supeditaron en parte esos pagos a que el Gobierno nacional regularice la deuda por 13 mil millones de pesos que mantiene con Córdoba, precisamente como contraparte por el costo de esos proyectos.
Desde las empresas admiten la lógica del argumento oficial pero, sin embargo, no la comparten. Es que si bien es cierto que los acuerdos originales para ejecutar esas obras incluian una contraparte de la Nación que de hecho nunca llegó, o lo hizo en cuentagotas, los contratos para la ejecución de los trabajos fueron con Caminos de las Sierras o en definitiva con la Provincia. Por lo tanto y desde un punto de vista contractual y legal, el reclamo por el pago debe ser hecho al organismo contratante, en este caso del ámbito provincial.
“Es cierto que la Nación les debe mucho dinero por esos proyectos pero el reclamo nuestro es hacia la Provincia”, coincidieron algunos de los contratistas.
La lista incluye empresas de Córdoba y otros pesos pesados que participaron de las obras. Entre los locales está Boetto y Buttigliengo, Cisa, Afema e incluso Astori en el caso del puente José Manuel de la Sota sobre el lago San Roque. Pero también hay otros como Roggio, en rigor de Córdoba pero con fuerte proyección nacional, Rovella Carranza, Chediak o Sacde, la ex Iecsa.
Los reclamos de pago por ahora no tuvieron respuesta efectiva. Si bien los montos de la retención aún no abonada difieren según cada empresa, en todos los casos es un lastre que complica la situación financiera de las compañías, particularmente las de Córdoba que tienen menos espalda.
La deuda, anclada en ese 10 por ciento de retención por redeterminación de precios, fue creciendo a tenor de obras que en algunos casos se extendieron tres años y que, en un contexto inflacionario, derivaron en numerosas redeterminaciones por suba de costos.
Aunque en menor medida, también hay pagos pendientes por el mismo concepto pero bajo el paraguas del Decreto 800/16 que es la normativa provincial en materia de redeterminaciones de precios. Sin embargo, esa norma fija una retención de 5 por ciento y no del 10 por ciento como el Decreto nacional.
Por lo demás, la deuda que reclaman las contratistas se asienta principalmente en esos conceptos y en mucho menor medida en alguna certificación de obra impaga que, según admiten las empresas, en general están al día.
Por ahora no habrá acciones judiciales más que los reclamos administrativos de rigor, admiten las contratistas. No obstante, esa potestad dependerá de cada empresa en particular.
Cuando Fernández arregle
Desde la Provincia por ahora son cautos respecto a fijar eventuales plazos para cubrir esos pagos. No obstante, este medio pudo conocer que la promesa del Gobierno nacional para atender el pago de unos 13 mil millones de pesos, se abordará recién cuando la administración de Alberto Fernández termine de renegociar la deuda externa bajo legislación extranjera.
De ser así, recién podría analizarse el pago en el segundo semestre del año. Sin embargo, esa hipótesis se concretaría siempre y cuando la renegociación resulte exitosa y el país no caiga en default. En ese último escenario, la resolución del litigio entraría en un terreno incierto.
Por lo pronto, el último contacto oficial y de hecho el primero que hubo entre Córdoba y la Nación por el tema fue a principios de febrero pasado cuando el ministro de Obras Públicas, Ricardo Sosa, se reunió con su par nacional Gabriel Katopodis. En aquel encuentro, también estuvo el titular de Vialidad Provincial, Martín Gutiérrez, y el cordobés y secretario de Obras Públicas a nivel nacional, Martín Gill.
Sosa calificó entonces de “positiva” a la reunión. El funcionario llevó documentación que acreditaba los reclamos por obras viales que la Nación se había comprometido a cofinanciar en Córdoba.
Fue en el ya lejano 26 de enero de 2016 cuando el entonces presidente Mauricio Macri desembarcó en el Centro Cívico de Córdoba con su gabinete en pleno para firmar una serie de convenios, entre ellos el financiamiento de obras claves que en total sumaban más de 27 mil millones de pesos.
Los compromisos de Macri
– Obras viales. Autovía ruta nacional 9, tramo Jesús María-Totoral; autovía ruta nacional 19, San Francisco-Córdoba; cierre del Camino de las Altas Cumbres; ruta nacional 8, autovía Río Cuarto-Holmberg; Circunvalación Villa María; ruta nacional 158, autovía Villa María-Río Cuarto y trabajos en ruta nacional 7; finalización de la autovía Córdoba-Río Cuarto; Circunvalación de Córdoba; Variante Costa Azul camino hasta La Falda (alternativa a ruta 38). La Nación aportará un total de 16.323 millones de pesos.
– Gasoductos. La Nación contribuirá al financiamiento de 33 por ciento de la obra de gasoductos troncales que ya preadjudicó la Provincia. Aportará 2.900 millones de pesos. Y autorizará a la Provincia a tomar financiamiento para la obra. Finalmente, ese acuerdo quedó luego desactivado.
– Saneamiento. La Nación financiará 67 por ciento de las cloacas de las ciudades de Córdoba, Río Cuarto y San Francisco, lo que se traducirá en un aporte de 1.911 millones de pesos. En una segunda etapa se avanzará en el estudio del financiamiento de las cloacas de Sierras Chicas, además de las correspondientes a las cuencas media y oeste del lago San Roque, por 240 millones y 85 millones de pesos, respectivamente.
– Para Sierras Chicas. La Nación se comprometió a desembolsar los 440 millones de pesos restantes del crédito que concedió a la Provincia durante la anterior gestión, para reparar los daños ocasionados por las inundaciones de febrero de 2015 en las Sierras Chicas.
– Obras hídricas. El Gobierno nacional contribuirá con 50% del financiamiento de las obras correspondientes a embalses de regulación en Sierras Chicas, aporte que implica 60 millones de pesos. Nación y Provincia firmaron un compromiso para constituir el comité de cuenca de la laguna La Picasa, para finalizar las obras aún no terminadas (Reservorio número 3 en Leguizamón), e invitar a Santa Fe y Buenos Aires a sumarse al acuerdo. Sistematizar el arroyo Tortugas y financiarlo junto a Santa Fe, por 540 millones de pesos. También se comprometieron a finalizar las presas Zelegua y Cortaderas, por 385 millones y 500 millones de pesos, respectivamente, así como las de la alta cuenca del Río Cuarto con otras dos represas, por 950 millones de pesos.
– Viviendas. Trabajo conjunto en la construcción de unidades habitacionales. Se firmó un convenio por el cual la Nación ayudará a erradicar 500 ranchos y terminar con la enfermedad de Chagas en el norte cordobés. Se urbanizarán 10 asentamientos irregulares, cinco en Capital y cinco en el interior provincial. La Nación ayudará a realizar la infraestructura de lotes, que serán serán 5.000: en la ciudad de Córdoba 4.000 y mil en el interior. La Nación invertirá, sólo en este rubro, cerca de 2 mil millones de pesos en 2016.
