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Por dos años no podrán exportarse siete cortes parrilleros

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El Gobierno nacional estableció ayer un esquema que mantiene suspendida hasta fines de 2023 la exportación de siete cortes parrilleros, para garantizar el abastecimiento en el mercado interno, al tiempo que liberó de manera total los envíos de carne de vacas tipo D, E y toro, también denominadas de conserva o de manufactura.

Mediante las resoluciones 301/21 y 302/21 publicadas en el Boletín Oficial, se instrumentó el paquete de medidas que establece un marco normativo para la comercialización y exportación de la ganadería argentina para los años 2022 y 2023.

“Se ha consensuado con las entidades de productores (y la industria frigorífica), con el objeto de dar previsibilidad y confianza a la ganadería argentina, garantizando la producción, la exportación y el consumo de los argentinos, en base a los análisis técnicos del sector», se indicó en un comunicado.

La resolución 301/21 libera en su totalidad las exportaciones vacunas de las categorías D, E y toros, así como de huesos con carne resultantes del desposte.

También establece la creación del Observatorio de la Producción de la Carne Vacuna,  “que brindará asesoramiento para impulsar la productividad y generar un buen clima de negocios en la cadena de la carne”.

A su vez, el decreto 911/21 reserva para el mercado interno los cortes preferidos por los argentinos -asado con o sin hueso, falda, matambre, tapa de asado, nalga, paleta y vacío- hasta el 31 de diciembre de 2023 inclusive.

En tanto, mediante la resolución 302/21 abre el registro de exportadores por un lapso de 60 días, para permitir la inscripción de grupos de productores y de nuevas plantas.

El paquete de medidas también incluyó otra resolución -de manera conjunta con el Ministerio de Desarrollo Productivo- en la que se determina que las carnes vacunas destinadas al comercio minorista deberán salir de los frigoríficos en unidades de hasta 32 kilogramos, o sea, dejando de lado el sistema de media res.

La disposición, según el comunicado emitido por el Ministerio de Agricultura, responde a una solicitud formulada por las entidades gremiales del sector y los frigoríficos cuentan con un plazo de seis meses para implementarla.

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