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ONU vota marco legal para procesos de reestructuración de deudas

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La Asamblea General tratará hoy la iniciativa impulsada por Argentina, que busca poner límites al accionar de los fondos buitres. El nuevo instrumento contempla nueve principios básicos para los procesos de canjes con acreedores.

El ministro de Economía, Axel Kicillof, y el canciller Héctor Timerman encabezarán la delegación argentina que participará hoy en Nueva York en la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas (ONU), en la que se tratará la resolución que condena el accionar de los fondos buitres y busca crear un marco legal multilateral para los procesos de reestructuración de deuda soberana.

De cara a esa votación, la embajadora argentina ante la ONU, María Cristina Perceval, manifestó su confianza en que la propuesta recibirá una respuesta positiva de la mayor parte de los países miembros del organismo.

“Espero que sea una votación mediante la que claramente la comunidad internacional mande la señal y defina principios básicos para orientar los procesos de reestructuración, que ya no serán para Argentina, pero estarán presentes cuando quieran tomar su decisión algunos jueces o hacer movimientos los predadores”, dijo Perceval.

Nueve principios
La Asamblea General tendrá lugar a las 15 (hora local, las 16 en Argentina), y entre los temas que abordará se destacan los “nueve principios” aprobados a fines de julio pasado por el Comité Ad Hoc sobre Procesos de Reestructuración de Deuda Soberana de la ONU, con los que se busca limitar el accionar de los fondos buitres en los procesos de canje de deuda, de manera de permitir el crecimiento y el desarrollo inclusivo de los países.

El documento -que surgió del trabajo realizado en los últimos cinco meses por la mayoría de los países miembros de la ONU- plantea como primer principio que los Estados soberanos tienen “el derecho de diseñar sus políticas macroeconómicas, incluyendo la reestructuración de su deuda soberana, la cual no debe ser frustrada o impedida por ninguna medida abusiva”.

También establece que la “buena fe tanto del deudor soberano y de todos sus acreedores, implicaría su participación en las negociaciones de una reestructuración de deuda soberana constructiva y otras etapas del proceso, con el objetivo de un restablecimiento rápido y duradero de la sustentabilidad de la deuda y su servicio”.

Otro ítem fundamental es el apoyo “de una masa crítica de acreedores a través de un diálogo constructivo sobre las condiciones de la reestructuración”, de manera de evitar que alrededor de uno por ciento de los acreedores -como sucedió en el caso argentino- prime en los estrados judiciales por encima de la opinión de casi 93 por ciento de los bonistas que aceptaron canjear sus títulos en default por bonos reestructurados.

Otro de los principios sostiene que el “tratamiento equitativo impone en los Estados el deber de abstenerse de discriminar arbitrariamente entre los acreedores, salvo que un tratamiento diferente se justifique bajo la ley, sea razonable y en correlación a las características del crédito, garantizando la igualdad entre todos los acreedores, discutida entre todos los acreedores”. A su vez, “los acreedores tienen el derecho de recibir el mismo tratamiento proporcional de acuerdo con su crédito y sus características. Ningún acreedor o grupo de acreedores debería ser excluido ex ante del proceso de reestructuración de deuda soberana”.

Otro de los principios sostiene que la “inmunidad soberana de jurisdicción y ejecución respecto a las reestructuraciones de deuda soberana es un derecho de los Estados ante tribunales nacionales extranjeros y las excepciones deberían ser interpretadas restrictivamente”, entre otras cuestiones.

Apoyos estratégicos
La iniciativa impulsada por Argentina recibió apoyo de -entre otros- el Grupo de los 77+China y de un importante número de países que componen el organismo multilteral, mientras que los votos negativos y las abstenciones provinieron de EEUU, naciones europeas y Japón, entre otras. “Los poquitos que votaron en contra en las resoluciones anteriores fueron 11 Estados, que representan 7% del poder de decisión en la Asamblea General”, precisó la embajadora Perceval.

Esta decisión “va a impactar política y éticamente, porque cuando el juez (Thomas) Griesa o cualquier otro juez que es tan sensible a los intereses de estos grupos especulativos quiera ‘mover la ficha’, hay una comunidad internacional que ha hablado a través del voto de mañana, la inmunidad soberana de los Estados, la legitimidad, y estos principios es muy difícil ignorarlos porque están en el derecho internacional”, agregó la diplomática.

Sobre la votación de hoy también se pronunciaron, durante las últimas horas, 19 economistas internacionales que hicieron público su respaldo a la creación de un nuevo marco regulatorio.

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