ESCUCHARPor razones de “decoro y delicadeza” todos los jueces se apartaron. Aseguran que al no pagar ese tributo surge un “impedimento moral subjetivo”.
Por razones de “decoro y delicadeza” sigue paralizado en la Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba el amparo colectivo que interpusieron contra el impuesto a las Ganancias diversas entidades sindicales de la provincia.
El trámite se presentó originalmente en septiembre de 2013 y luego de ser rechazado por el juez federal Nº3, Alejandro Sánchez Freytes, fue apelado por el abogado Miguel Ángel Rodríguez Villafañe. Desde febrero los apartamientos de los diversos jueces que integran la Cámara Federal han hecho que el trámite haya quedado virtualmente paralizado.
El primer camarista en apartarse fue Abel Sánchez Torres, quien sostuvo que lo hacía “por razones de decoro y delicadeza”, ya que los magistrados no abonan el impuesto a las Ganancias, lo que le producía un “impedimento moral subjetivo” para resolver el caso.
Después de esto y bajo los mismos fundamentos se apartaron Luis Roberto Rueda y José María Pérez Villalobo. Más tarde, hicieron lo propio Fabián Asís y Carlos Lascano.
Así las cosas y a cuatro meses de que el expediente ingresara en la Cámara, los jueces Julián Falcucci, Ignacio Vélez Funes y José Vicente Muscará deberán resolver ahora si aceptan los apartamientos formulados y, de esa manera, recién podría resolverse quiénes integrarán el tribunal que tramitará el amparo. No obstante, en caso de que sean rechazados los apartamientos los magistrados podrán apelar la decisión ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN), lo que puede extender los plazos entre nueve meses y un año. Cabe recordar que al interponerse el amparo colectivo, los gremios cordobeses calificaron de “injustos, ilegales y confiscatorios” los descuentos que realiza el Fisco sobre los haberes de los jubilados.
Los argumentos
Sánchez Freytes lo rechazó en primera instanciaEn diciembre último, el juez federal Nº 3, Alejandro Sánchez Freytes, al rechazar el amparo sostuvo que “escapa a la competencia de los jueces pronunciarse sobre la conveniencia o equidad de los impuestos o contribuciones creados por el Congreso Nacional o las legislaturas provinciales (…), así como tampoco le corresponde examinar si un gravamen ha sido o no aplicado en forma que contradice los ‘principios de la ciencia económica”.
Además, en la sentencia agregó que los trabajadores y jubilados “no han probado que la aplicación del tributo les resulte confiscatorio”.
