Mientras la tonelada de soja llegó al récord de 605 dólares en el mercado de Chicago, aún es incierto el desenlace del conflicto planteado por el esquema de retenciones móviles. El oficialismo, que confía en contar con una ley sobre el tema antes del 9 de julio, tenía la intención de obtener ayer un dictamen de comisión apoyando el proyecto definido por los legisladores, pero decidió suspender el debate hasta hoy a la mañana.
Hoy se buscará un dictamen para avanzar en la ley de arrendamiento que impulsa Eduardo Macaluse (SI) y otras iniciativas como el pago del impuesto a las Ganancias para los pooles agropecuarios.
El titular de la comisión de Agricultura de la Cámara baja, Alberto Cantero, destacó las modificaciones “sustanciales” introducidas por el oficialismo al proyecto sobre retenciones móviles y expresó su “confianza” en que ahora sea “acompañado por la mayor cantidad de bloques”.
Desde la oposición, que cuenta con 86 diputados y -pese a tener cuestionamientos comunes- tampoco pudieron unificar un criterio, se especula con que las dilaciones del oficialismo son producto de que “no le cierran” los números para aprobar el proyecto y “buscan ganar tiempo”.
El proyecto de ley que consensuó el oficialismo, que no baja el tributo pero incluye cambios, no circuló por escrito y fue explicado en diferentes declaraciones: según Cantero, el bloque oficialista decidió introducir “diez cambios” a los que consideró “sustanciales” con la intención de que “los pequeños y medianos productores no vean alterada su economía”. El diputado oficialista puso el acento en la “eliminación” de “impedimentos” para acceder a las compensaciones y, dentro de este ítem, destacó la elevación del límite de toneladas “de 500 a 750”.
Sobre este punto, Alberto Cantero explicó que, en todos los casos, “las primeras 750 toneladas que se produzcan no van a tener ningún incremento en las retenciones” y que, recién a partir de ese límite, comenzará a aplicarse el nuevo esquema de retenciones móviles. Cantero admitió que “hay algunos sectores que piden la extensión de este límite”. Incluso desde el seno del bloque K se habría deslizado la posibilidad de llevar ese monto a las 1.000 toneladas. A los reintegros podrán acceder los productores que tengan deudas impositivas, que antes estaban excluidos; los primeros reintegros serán destinados a cubrir el rojo fiscal del productor.
No obtante, la diputada oficialista Patricia Vaca Narvaja aseveró que el proyecto oficialista aún puede incorporar modificaciones.
Desde las entidades rurales se insistió con que el esquema “es más de lo mismo y no conforma a nadie”, según advirtió el vicepresidente de la Sociedad Rural, Hugo Biolcati. El dirigente consideró que la incorporación de un menú de compensaciones y beneficios para pequeños y medianos productores se enmarca en “un operativo dirigido a cooptar a la Federación Agraria”. Miembros de las entidades aseguraron también que podrían recurrir a la Corte Suprema de Justicia.