ESCUCHAREl Gobierno accedió a nuevos cambios al texto del proyecto y se asegura la media sanción en Diputados. Tras una reunión entre el ministro Francos y los gobernadores, entre ellos Martín Llaryora, el oficialismo accedió en coparticipar el 30% del impuesto PAIS. Privatizaciones y delegación de facultades, siguen como temas abiertos y en pugna
El Gobierno nacional sorteó ayer un escollo clave para lograr la media sanción de la denominada ley ómnibus en la Cámara de Diputados luego de que los gobernadores de diferentes provincias que representan a la denominada oposición dialoguista, acordaran con el ministro del Interior, Guillermo Francos, avanzar con la coparticipación del impuesto PAIS, como forma de neutralizar la pérdida de los envíos nacionales por la poda en Ganancias.
La presión de los mandatarios y la necesidad del Gobierno de contar con los votos de una vez para enviar la ley al Senado luego de múltiples cambios al proyecto original, determinó que la administración de Javier Milei volviera a ceder para conseguir el apoyo indispensable para obtener la media sanción.
Con todo, varios de los mandatarios con representación parlamentaria, mantenían sus reclamos en contra del capítulo que habilita las privatizaciones de diferentes empresas públicas y también sobre las facultades delegadas que, si bien ya acotadas, se mantienen para varias áreas.
En ese marco, finalmente y luego de varias postergaciones y cambios, la norma se tratará el miércoles desde las 10 de la mañana en una sesión que se descuenta será maratónica.
El avance para sacar la ley se aceleró ayer tras la cumbre mantenida entre un conjunto de gobernadores, legisladores de diversos espacios políticos y el ministro del Interior, Guillermo Francos, en la sede porteña del Consejo Federal de Inversiones (CFI) para lograr nuevos puntos de encuentro y asegurar la media sanción.
El cónclave tuvo como desenlace el acuerdo entre las provincias y el Gobierno nacional de coparticipar el 30% del Impuesto PAIS, un reclamo que unía a distritos de distintos colores y que se arrastra desde que la administración de Alberto Fernández, a instancias de Sergio Massa, impulsó la eliminación de la cuarta categoría de Ganancias.
Ahora, la administración de La Libertad Avanza (LLA) espera tener el apoyo en la Cámara baja para que por fin el tan postergado mega proyecto avance en el parlamento.
La cumbre tuvo como particularidad haber reunido a dirigentes de diferencias fuerzas políticas, todos con la voluntad de «ayudar» a que Nación tenga finalmente aprobado su paquete.
Los gobernadores que dijeron presente fueron Martín Llaryora (Córdoba); Leandro Zdero (Chaco); Ignacio Torres (Chubut); Rogelio Frigerio (Entre Ríos); Marcelo Orrego (San Juan); y Maximiliano Pullaro (Santa Fe); y Jorge Macri (Ciudad).
Todos, a excepción del peronista no K Llaryora, son de Juntos por el Cambio (JxC). Catamarca y Tucumán, dos provincias administradas por el justicialismo, enviaron a sus vicegobernadores y reforzaron su posición autónoma respecto a Unión por la Patria (UP).
Quienes también estuvieron presentes fueron un grupo de legisladores de los bloques “dialoguistas”. Asistieron Miguel Ángel Pichetto, Nicolás Massot, Emilio Monzó, Oscar Agost Carreño, Ricardo López Murphy, y Carlos Gutiérrez por Hacemos Coalición Federal, Diego Santilli y Damián Arabia por el PRO, Rodrigo De Loredo, Lisandro Nieri, Pamela Verasay y Soledad Carrizo por el radicalismo, así como los integrantes de Innovación Pamela Calletti, Agustin Fernandez, Alberto Arrua, Carlos Alberto Fernandez, Osvaldo Llancafilo.
Francos, por su parte, fue de los primeros en llegar al encuentro.
Su visita duró apenas media hora, hecho que bastó para que las partes tejieran un acuerdo. Casi treinta minutos después de su arribo, el funcionario nacional partió en su camioneta, levantando el pulgar. «El clima del encuentro fue muy bueno», detallaron desde su entorno.
Temas pendientes
Saldado ese punto, clave para las provincias, subsisten aún diferencias que sin embargo no harán naufragar la media sanción de la ley.
En todo caso, sí habrá disidencias en particular, entre ellas las vinculadas al capítulo de las privatizaciones o bien a las facultades delegadas.
También está presente la discusión sobre el futuro de los biocombustibles, tema muy caro para la administración de Martín Llaryora.
El mandatario cordobés ya anticipó que sus legisladores acompañarán en general la norma pero que no avalarían determinados artículos.
Más concesiones
Más temprano, trascendió que el Gobierno había aceptado más cambios al proyecto que por cierto ya había sufrido una fuerte poda respecto al texto original.
En ese marco se conoció que la iniciativa finalmente no incluirá una autorización para que el Gobierno se quede con las acciones de empresas privadas en manos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de la Anses. Por ello, si se aprobara la norma, quedaría autorizado únicamente a liquidar la deuda pública que forme parte de la cartera de ese fondo administrado por el organismo previsional.
El artículo 226 de la redacción original planteaba la posibilidad de que el Poder Ejecutivo se quede con todos los activos del fondo inversor de Anses, entre ellos US$22.200 millones de bonos del Tesoro y, lo que disparó más críticas en el resto de los bloques, otros US$5.700 millones en acciones de empresas privadas líderes, que en su momento pertenecían a las AFJP y que quedaron en manos de la Anses tras la estatización del sistema jubilatorio en 2008.
Se trata mañana
La ley ómnibus comenzará a discutirse en Diputados mañana miércoles desde las 10 horas, tras un pedido realizado por el titular del oficialismo, Oscar Zago, junto a otros 10 legisladores de la Libertad Avanza.
El mismo fue ratificado y formalizado por el secretario parlamentario de la Cámara baja, Tomás Ise Figueroa, en medio de frenéticas negociaciones entre libertarios y la oposición no kirchnerista por un conjunto de artículos que aún no tenían los votos para ser avalados en el recinto.
Con el fin de ordenar la sesión el presidente de Diputados, Martín Menem, moderará hoy una reunión de Labor Parlamentaria junto a todos los jefes de bloque para intentar organizar un debate que, se estima, duraría más de 30 horas. Se espera que dicho cónclave ocurra durante la tarde.
Los legisladores más experimentados en el Congreso temen un inicio de sesión complejo. Algunos creen que la oposición kirchnerista y la izquierda podrían exigir, por lo traumático que fue el devenir del dictamen, que el mismo vuelva a comisiones. Eso precisaría una mayoría simple.
