ESCUCHAREl intendente aplicó una considerable alza en la tasa de Comercio e Industria. La compañía
eléctrica reclamó una revisión, por ahora sin éxito. Si bien el impacto en la factura es menor,
estiman que aportaría $500 millones anuales a la comuna. En el caso de Ecogas, deberá pedir aval al Enargas para trasladar ajuste a usuarios. Bancor logró revertir en parte el incremento. El municipio, justificó la medida
Alfredo Flury [email protected]
La Empresa Provincial de Energía (EPEC) y Distribuidora Gas del Centro (Ecogas) analizan trasladar a tarifas el aumento de la presión fiscal aplicado por la Municipalidad de Córdoba a través de la tasa que grava la Actividad Comercial, Industrial y de Servicios, luego de advertir un fortísimo aumento de las alícuotas que la administración de Martín Llaryora dispuso desde el primero de año.
En tanto, el Banco de Córdoba logró revertir en parte el incremento de esa tasa aplicado por la comuna y que, de haberse concretado, dejaría la entidad “fuera de competencia” respecto al resto de sus pares del sistema financiero.
La situación fue confirmada a Comercio y Justicia por fuentes de las diferentes empresas y de la propia Municipalidad.
El aumento de la tasa generaría sólo en el caso de la energía eléctrica, una recaudación extra de unos 500 millones de pesos anuales respecto a ese tributo.
Fuentes de la Municipalidad de Córdoba justificaron la decisión al asegurar que, respecto a EPEC, el monto fijo que pagaban había quedado muy desfasado con relación a la suba de tarifas y la inflación. “Adecuamos la tarifaria a la que ya cobran otros municipios, incluso aún por debajo”, reseñaron. Lo mismo en el caso de Ecogas. La comuna aseguró que el tributo ya se aplica y que en todo caso será decisión de las compañías trasladar o no el extra a los usuarios.
La mayor presión fiscal aplicada por la actual administración y que generó en el caso del Inmobiliario, quejas de diferentes sectores alcanzados, aparece reflejada en la nueva Ordenanza Tarifaria Anual (OTA) votada sobre fin de año por el Concejo Deliberante.
Ese proyecto del Ejecutivo modificó diferentes alícuotas, entre ellas algunas específicas de Comercio e Industria que, sin embargo, gravan actividades con alto aporte a las arcas de la comuna.
Entre esos rubros figuran las actividades financieras. En ese marco, fuentes al tanto de la situación admitieron a este medio que hubo un reclamo de Bancor para que reconsideraran el gravamen. Es que, a diferencia de otros bancos, la entidad oficial de Córdoba resultaba mucho más impactada por tener su centro de actividades en la ciudad capital.
En ese contexto y frente a un mercado muy competitivo, Bancor hubiese quedado en clara desventaja respecto a sus competidores.
La queja tuvo sus réditos aunque sólo de manera parcial. Con todo, la revisión fue lo suficientemente importante para las partes acordaran la nueva condición.
Pero la suerte de Bancor no fue la misma que para EPEC o Ecogas.
Según pudo conocer este medio, en el caso de la eléctrica, la suba de la presión fiscal se habría cuatriplicado respecto a la vigente. Concretamente, EPEC pagaba 0,031 pesos por cada kilovatio facturado. Pero desde enero, la Municipalidad le cobra el 1,5 por ciento más un fijo de 437 pesos por cada 10 mil kilovatios, según consta en la nueva Tarifaria.
Ese incremento se traduciría en unos 500 millones de pesos anuales.
En principio, EPEC reclamó una revisión que por ahora no tuvo respuesta favorable. Caso contrario, deberá solicitar al Ente Regulador de los Servicios Públicos (Ersep) que le permita trasladar al usuario final el incremento de la tasa.
En la práctica, para una factura promedio implicaría unos 25 pesos extra. En rigor, el monto no es determinante. Sí para la comuna que de esta forma, además de la suba de tasas en general, recaudará por vía indirecta, ahora también a través de la EPEC.
De trasladarse al usuario, seguramente el Ersep deberá convocar a audiencia pública para debatir el tema.
Por su parte, en el caso de Ecogas la situación es parecida. La compañía pasó de tributar el 7,25 por mil, al 15 por mil, o sea 1,5 por ciento sobre la facturación, más un fijo de 2.235 pesos, según la normativa vigente.
Fuentes contactadas por este medio señalaron que el traslado a tarifas deberá ser solicitado al Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas) por tratarse de un servicio que el regulado a nivel nacional.
Todavía no hay ninguna novedad sobre ese tema.
La fuerte suba de tasas y su eventual traslado a tarifas de los usuarios de ambos servicios, se produce en momentos en que los valores se encuentran congelados hasta mitad de año tras una decisión del Gobierno nacional.
En el caso de la energía eléctrica, el cepo se aplicó sobre la energía mayorista, no así sobre el Valor Agregado de Distribución (VAD) que cobra EPEC por ese servicio y que es regulado por el Ersep.
En tanto, para el gas, el congelamiento rige para producción, transporte y distribución, esto es sobre todo el tramo de la factura.
También el resto
Si bien la suba de la tasa de Comercio e Industria no fue generalizada, de hecho fue específica para actividades concretas, sí supuso un fuerte incremento para aquellos alcanzados.
Días atrás, el concejal radical Rodrigo De Loredo advirtió respecto al impacto de esos incrementos que, según indicó, alcanzaban al 20 por ciento del total de rubros nominados.
Sin embargo, en algunos casos, el alza supera el 100 por ciento. De Loredo se quedó corto.
Con todo, se trata en todos los casos de actividades de alto impacto que, en muchos casos como determinados servicios, terminan por traducirse en un tributo indirecto al usuario.
En su momento, De Loredo había reseñado algunos casos emblemáticos. Así, para la telefonía celular, del año 2011 al 2019, la alícuota para esta actividad subió 60 por ciento (pasó de 14 por mil en 2010 a 25 por mil en 2019). Para este año, la Tarifaria la ubicó en el 45 por mil. Al mismo tiempo, para servicios de Internet, la suba llega al 112 por ciento. Además de las empresas de servicios públicos, los incrementos alcanzan a tarjetas de crédito e incluso a grandes superficies comerciales y compañías aseguradoras, entre otros.
Críticas cruzadas con Mestre por la situación de la ciudad
El intendente Martín Llaryora y su antecesor Ramón Mestre cruzaron ayer cuestionamientos respecto a la situación de la ciudad y a sus respectivas gestiones.
Lo hicieron luego del duro discurso que pronunció el domingo el jefe comunal actual en el marco de la apertura de sesiones ordinarias del Concejo Deliberante y en el que responsabilizó a su predecesor por la situación de “abandono” de la capital y su administración a la que calificó de “fundida”.
“Lo que existe hoy es una página del relato para tratar de justificar un impuestazo a los vecinos de la ciudad de Córdoba”, dijo Mestre al mediodía tras participar de un encuentro con legisladores del radicalismo.
“Doy vuelta una página con logros, errores y aciertos, en la que ha habido dificultades”, admitió el ex intendente al tiempo que consideró que el discurso de Llaryora fue “absolutamente desafortunado”.
“Están hace casi tres meses al rente del Gobierno y esto exige que uno de manera permanente esté dando respuestas” dijo.
Por su parte, el intendente también volvió a cargar contra la gestión del radical. Lo hizo al encabezar el acto de apertura del ciclo lectivo a media mañana en una escuela municipal.
En ese marco, Llaryora consideró que la oposición “es la responsable de que la ciudad esté fundida” y negó que su gestión haya aplicado un impuestazo en los primeros días de gobierno.
En ese sentido, reiteró el argumento que utilizara el domingo por la noche en conferencia de prensa cuando aseguró que la suba de tasas y las quejas llegaron desde los sectores de mayor poder adquisitivo, no así de los más vulnerables que no tuvieron aumento en el caso de estar al día.
“Los vecinos están cumpliendo con sus obligaciones”, destacó y remarcó que su gestión lleva apenas 70 días, en los que se buscó regularizar los problemas económico financieros que heredó su administración.
