ESCUCHARLas autoridades de la entidad fabril almorzaron ayer con el ministro Jorge Triaca, quien reconoció que los cambios en materia de trabajo e impuestos serán tratados después de los comicios del 22 de octubre
La falta de adhesión de las provincias a la nueva Ley de Riesgos del Trabajo (LRT), la posibilidad de impulsar reformas laboral e impositiva, y las subas de los costos fueron algunos de los temas que el ministro de Trabajo, Jorge Triaca, abordó ayer con el Comité Ejecutivo de la Unión Industrial Argentina (UIA) en un almuerzo en la sede de ésta.
El ministro fue acompañado por el viceministro Horacio Pitrau y su jefe de Gabinete, Ernesto Leguizamón.
Por su parte, el presidente de la UIA, Miguel Acevedo, y el vicepresidente, Daniel Funes de Rioja, oficiaron de voceros del encuentro. “Fue uno de los almuerzos que venimos haciendo entre el Comité Ejecutivo de la UIA, de 20 miembros, y los ministros del Poder Ejecutivo. Esta vez vino Triaca y fue una reunión interesante. Hablamos con él de temas laborales y la ley de accidentes de trabajo fue el tema recurrente. La ciudad de Buenos Aires y la provincia de Córdoba son las únicas jurisdicciones que adhirieron. Falta el resto. Como la ciudad adhirió se están tramitando juicios laborales en la provincia de Buenos Aires, es terrible”, advirtió Acevedo.
Tanto él como Funes de Rioja y luego el economista jefe de la UIA, Diego Coatz, dijeron que la adhesión de las distintas jurisdicciones a la nueva ley, que busca poner fin a la denominada “industria del juicio” y morigerar los costos que representan para las pymes, “es el tema que más preocupa” a la entidad.
“Éste es el tema que más preocupa, el de la adhesión de las provincias. Lo veo como un tema político” que se disipará luego de las elecciones legislativas del 22 de octubre, estimó Coatz.
Al ser consultado sobre las posibles reformas laboral e impositiva, Acevedo dijo que Triaca reconoció “que son temas que están en tratamiento y que serán abordados tras los comicios”.
A criterio de Funes de Rioja, el tratamiento de todas esas modificaciones legales “marca la necesidad de diálogo social para buscar acuerdos”. A su criterio “cuando hay inflación alta se discute eso. Cuando desciende, la discusión es más sustantiva y entran a discutirse temas como la productividad laboral o el ausentismo”.
E indicó: “Acá no se trata de romper una cosa u otra sino de ir a un mejor modelo. Por ejemplo, el sector automotor negocia paritarias por empresas”, en cambio otros sectores industriales arriban a acuerdos paritarios globales. “No es una discusión normativa sino la dinámica de la relación laboral”, agregó Funes de Rioja.
“La convocatoria a diálogo” para el caso de la adhesión a la LRT “es una iniciativa del Gobierno. El ministro (Triaca) nos planteó la necesidad de apoyo del sector empresarial para que se logre lo antes posible. Se debe tratar con los legisladores de las distintas provincias. El Gobierno más de lo que hizo no creo que pueda hacer”, expresó.
Y agregó: “El establecimiento de comisiones médicas, para el caso de los accidentes laborales, impide llegar a juicio, y esto influye en el costo de los riesgos laborales de las empresas”.
Por su parte, Acevedo recordó que uno de los temas que se le requirió al ministro Triaca fue que se trate de reducir los costos laborales según la distancia que existe entre la empresa y el puerto, “para beneficiar así las empresas del interior del país. El ministro fue receptivo”, indicó.
“No se habló de porcentajes de baja en los aportes patronales”, dijo Acevedo, y reiteró que luego de los comicios legislativos “el Gobierno dará pautas sobre qué hacer”.
Sobre el blanqueo laboral, Acevedo dijo que “es un tema. Tiene que ver con la reforma impositiva”, dado que el ingreso a la formalidad de los trabajadores los hará pasivos de pago de tributos al tiempo que las empresas deberán aportar más.
“No se va a hacer una reforma tributaria ni un blanqueo laboral sin estudiar cómo compensar las bajas y las alzas de ingresos”, señaló el jefe de la UIA.
En tanto, Funes de Rioja dijo que “son 4,5 millones de personas las que actualmente están en la informalidad. Tenemos la fiscalidad laboral más alta de Sudamérica”, se quejó Funes de Rioja al aludir a “los costos laborales no salariales, a la presión adicional que ocasiona el trabajo en negro, cercana a 50% en el país, frente al 15% de la que se da en otras naciones”.
