sábado 2, noviembre 2024
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Comercio y Justicia 85 años

Las provincias se unen contra las retenciones al vino

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Es una de las economías regionales golpeadas por el plan de ajuste de Milei. En Córdoba hay más de 30 bodegas, pero la voz del reclamo la llevarán ante autoridades nacionales San Juan y Mendoza. Hay audiencia el martes

El ministro de Producción de San Juan, Gustavo Fernández, y su par mendocino Rodolfo Vargas Arizu, harán punta con una estrategia común ante autoridades nacionales para pedir que se revea la aplicación de las retenciones del 8% a la vitivinicultura que estableció el gobierno de Javier Milei y que por supuesto, afecta también a las bodegas salteñas, neuquinas y cordobesas, por mencionar algunas de las provincias donde se produce vino. 

El proyecto de “ley ómnibus” enviado por Milei al Congreso Nacional, que contiene 664 artículos que proponen más reformas en el Estado y desregulaciones a las ya establecidas en el reciente DNU 70/2023, además de privatizaciones, emergencias por dos años y cambios económicos, impositivos y contractuales, entre muchos otros temas, golpea al conjunto de la industria, por diferentes lados.

Allí se establece que las retenciones a la industria vitivinícola serán del 8% y que regirán no sólo para el vino sino para el conjunto de los productos derivados de la industria vitivinícola. 

El gobierno de Milei decidió el regreso de las retenciones. Y como ha sucedido con otros temas, mantuvo una política zigzagueante al respecto. En una primera instancia anunció que serían del 15%; luego esos derechos de exportación se bajaron a cero en la mayoría de las economías regionales, excepto en la vitivinicultura que se le aplicó el 8%.

En Córdoba hay más de 30 bodegas que forman parte del Camino del Vino, sumando además viñedos y elaboradores artesanales y todas son pequeñas y medianas empresas, algunas en período de consolidación. 

Pero fueron las principales provincias productoras, San Juan y Mendoza, las que se pusieron al frente del reclamo. Tras el pedido conjunto, lograron que el secretario de Bioeconomía, Fernando Vilella, los reciba en su despacho el próximo martes 2 de enero -primer día hábil del 2024- y allí plantearán la cuestión, según se informó desde el Ministerio de Producción de San Juan. “Se va a llevar una voz única de la vitivinicultura, desde las dos principales provincias productoras de uva”, dijeron.

El argumento que usarán los ministros es que el costo fiscal de la medida –de unos 70 millones de dólares- es una suma de bajo impacto para las arcas nacionales, pero nefasta para esta economía regional.

En San Juan, el ministro Fernández viene manteniendo reuniones con las diferentes entidades vitivinícolas -tanto de viñateros como de la industria- para sustentar y sumar apoyo al reclamo. El último encuentro fue el miércoles cuando recibió a integrantes de la Cámara Argentina de Mosto. “No entendemos por qué siendo la vitivinicultura una economía regional no está exenta de retenciones como el resto de sectores”, dijo el titular de la entidad, Fernando Morales; a la salida del encuentro.

Durante el 2023 las exportaciones vitivinícolas han venido a la baja: registran una caída del 27% en vino y del 51.4% en mosto concentrado, comparado con el año pasado, según el Instituto Nacional de Vitivinicultura.

A su vez, el Observatorio Vitivinícola Argentino calculó que de acuerdo a lo exportado hasta noviembre –unos 918 millones de dólares-, si tienen que empezar a pagar 8% de retenciones y suponiendo que se repita el mismo nivel de facturación, el impacto estimado para el sector es de 73 millones de dólares.

Cálculos bodegueros

La prensa especializada reveló que la devaluación aplicada por Milei, del 100% del cambio oficial, y la continuidad de la medida de que el sector puede liquidar exportaciones en un 80% al dólar oficial y 20% al dólar financiero, genera una mejora competitiva del 20% respecto del sistema vigente previo a las elecciones, calcularon en Bodegas de Argentina. Estiman que esa mejora baja al 12% si se aplican las retenciones del 8%. Pero a eso se le debe descontar el costo de los insumos tales como corchos, botellas y etiquetas, entre otros, que en pocos días se incrementaron 60%.

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