ESCUCHAREl legislador anticipa “una reforma integral del sistema”, que “ya está en la mesa de negociaciones el Gobierno nacional con los mandatarios provinciales” pero que, para avanzar, deberá ser consensuada
Por Javier De Pascuale – [email protected]
El sistema de seguridad social vigente hasta ahora en Argentina cambiará drásticamente de escenario de aquí a los próximos dos años. La reforma probablemente vaya realizándose en forma gradual, aunque no se descarta un proyecto de ley antes de 2019 que establezca límites al actual sistema previsional de reparto e incorpore nuevamente en el régimen compañías privadas de seguros de pensión.
Lo confirmó ayer a este periodista Javier Pretto, titular de la bancada oficialista en la Cámara de Diputados de la Nación, al señalar que “el sistema de seguridad social debe ser mirado en forma integral y así deben ser las soluciones. Está en crisis en todo el mundo, necesita nuevas soluciones y en un plazo de dos años esperamos lograr el consenso para se den”.
Y abundó: “Lo que se está planteando es repensar el sistema previsional a fondo. Nos debemos un debate de cómo vamos a hacer para incorporar a los trabajadores en negro pero además cómo hacer para tener un régimen sustentable en el tiempo, sostenible”.
Afirmó el legislador: “Si logramos que otros contribuyan al sistema, esa solución llegará antes”, en referencia a la porción de trabajadores “en negro”, que no realiza aportes al sistema y que -se estima- son 38% de la población económicamente activa del país.
De hecho, la reforma ya comenzó. El proyecto de ley que logró media sanción del Senado nacional la semana que pasó y que el Gobierno espera que trate la Cámara de Diputados en sesiones extraordinarias durante este mes no sólo modifica el sistema de actualización de los haberes (el denunciado “ajuste” previsional, que le permitirá al Gobierno ahorrarse miles de millones de pesos en jubilaciones futuras).
En otros ítemes, la iniciativa establece la opción de los hombres activos de seguir trabajando una vez cumplidos los 65 años, con la posibilidad de jubilarse recién a los 70. Además, en el resto del articulado limita una vez más los llamados regímenes “privilegiados”. El punto es que el proyecto votado por la mayoría de los senadores aclara en sus considerandos que aspira a una reforma integral del sistema.
“En el Congreso hay una comisión bicameral para analizar este tema”, precisó Pretto, quien anticipó además que “el Ejecutivo ya lo tiene en la mesa de las negociaciones con los gobernadores, ya que la idea es que sea un acuerdo de todos”.
Sobre el regreso de las aseguradoras de fondos de jubilaciones y pensiones (AFJP), el titular de la bancada del PRO admitió: “Sí, es posible. Se están analizando todas las posibilidades, las alternativas. Lo que sí se requiere es que sea una apuesta de todas las fuerzas políticas. No estamos excluyendo ninguna posibilidad pero lo cierto es que hay que lograr soluciones de fondo a la crisis previsional y para eso se requiere un análisis a conciencia de cómo hacemos para que sea viable el sistema a futuro”, lo que incluye la posibilidad de que trabajadores activos registrados, otros no registrados e incluso ya jubilados tengan la opción de realizar aportes a un seguro privado de ahorro de pensión.
En rigor, se trata de un régimen que fracasó en diversos países de Latinoamérica donde rigió. Mientras en Argentina y en Bolivia fue eliminado (en este último país, en 2010), en Chile sigue vigente pero recibe fuertes críticas. De hecho, pocas semanas antes de los comicios presidenciales del anterior domingo se realizaron manifestaciones que llegaron a movilizar, según los organizadores, a dos millones de personas, con una concentración central en Santiago que reunió a 350.000 manifestantes, en reclamo de terminar con el sistema de jubilaciones privadas para ir a un sistema de reparto de carácter estatal.
Chile fue pionero en la instalación de las jubilaciones privadas en América del Sur. Fueron establecidas en 1980 con la promesa de que iban a pagar lo equivalente a 70% del salario del trabajador en actividad. La realidad, más de 30 años después de instalado el sistema, es que los retirados cobran en promedio entre 30% y 50% de lo que cobrarían estando en actividad. A su vez, en Argentina y en otros países el sistema mostró su fragilidad ante vaivenes del sistema financiero internacional y causó fuertes pérdidas de ahorro nacional allí donde se instaló, sin contar con que más de un tercio de todos los fondos aportados quedaba “en el camino” en costos administrativos y ganancia de las propias aseguradoras.
El fundamento básico del establecimiento de la jubilación privada era que iba a movilizar un importante ahorro público hacia el mercado de capitales, por lo que iba a aumentar las inversiones y el crecimiento económico y el bienestar general. “Pero, en los hechos, el Estado perdió aportantes y hubo una importante rebaja de los aportes patronales mientras el propio Estado seguía pagando el grueso de las jubilaciones (en 2008, 14 años después de puesto en vigencia, las AFJP pagaban íntegramente solo 23% del total), por lo que aumentó el déficit público y tuvo que salir a pedir prestado para cubrirlo”, explicó recientemente el especialista Humberto Zambón. “Se estableció un circuito perverso: el Estado renunciaba a cobrar los aportes previsionales, que pasaban a las AFJP que, a su vez, descontaban una importante comisión y el remanente se lo prestaba al mismo Estado que, además, les pagaba los intereses correspondientes”, explicó.
El debate se acerca y, esta vez, la iniciativa viene del propio Estado, gravemente afectado por aquel régimen
