ESCUCHARHasta julio inclusive había cancelado 595 demandas por 88,9 millones de pesos, apenas por debajo de las abonadas durante todo el año pasado. Las causas más importantes involucraron expropiaciones pero también pago de garantías, como en el caso de Codere, empresa vinculada con el juego
El Gobierno provincial canceló hasta el 31 de julio pasado un total de 595 juicios por 88,9 millones de pesos, apenas por debajo del monto pagado durante todo el año pasado.
Efectivamente, de acuerdo con datos oficiales de la Procuración del Tesoro, en los primeros siete meses del año se habían pagado poco más de 100 demandas por debajo de 2015 por un monto en torno a 20 millones de pesos inferior a aquel año.
Se descuenta que con los números de agosto o máximo los de septiembre se supere la cifra de 2015.
En rigor, no sorprende el aumento en los montos pagados, toda vez que actualizan con intereses judiciales.
En todo caso, el impacto sobre las cuentas públicas debería medirse deflactado del Índice de Precios al Consumidor (IPC) que mide la Provincia y que en la medición interanual supera 40 por ciento.
El dato saliente tiene que ver con la cantidad de demandas pagadas.
Esa cifra se mantiene más o menos constante en los últimos dos años y levemente por encima de 2013.
Efectivamente, ese año se cancelaron 577 demandas por 54,5 millones de pesos. En tanto, en 2014 se abonaron 717 juicios por 45,3 millones de pesos. Finalmente, el año pasado se pagaron 723 sentencias por 111,8 millones de pesos.
En función de la evolución de los siete primeros meses de este año, se estima que la Provincia terminará pagando en torno a las mil demandas en 2016.
De cualquier manera nada es directamente proporcional respecto de las demandas afrontadas. Muestra de ello es la irregularidad en los montos y la cantidad de juicios pagados.
Así, en enero se cancelaron ocho juicios por apenas un millón de pesos.
En tanto, en febrero ya subieron a 56 demandas por 4,3 millones de pesos, en marzo fueron 65 juicios por 26,5 millones de pesos, en abril llegaron a 95 por 16,1 millones de pesos, en mayo hubo 78 pagos por 13,5 millones de pesos, en junio 165 juicios cancelados (récord desde que se mide la serie) por 20 millones de pesos y en julio 128 demandas por 7,5 millones de pesos.
Respecto al tipo de juicio, al igual que en períodos anteriores, hay de todo tipo aunque algunos sobresalen por sus montos.
Así, el más elevado es por 6,3 millones de pesos y se pagó en el mes de junio. Corresponde a una demanda de expropiación y se abonó a Establecimientos Five Agropecuaria y Forestal.
En tanto, en marzo se cancelaron 6,08 millones de pesos en una demanda iniciada por Valdesolo Umberto, sin especificar por qué tipo de situación.
También fueron voluminosos los pagos a empresas constructoras, por caso a José Cartellone a la que se le pagaron 2,3 millones de pesos o bien a Luis G. Bosch Empresa Constructora, a la que, también en marzo, se le abonaron por tres causas un total de 7,1 millones de pesos, la más voluminosa por 4,9 millones de pesos, según figura en los datos oficiales.
Respecto al resto, hay por daños y perjuicios, accidentes laborales, mala praxis, cobro de honorarios y amparos por mora, entre otras causas informadas.
Codere percibió $3,04 millones por restitución de garantías
Si bien no es la demanda que más fondos insumió a la Provincia, sí llamó la atención el pago efectuado a la empresa Codere, vinculada con el juego, producto de una demanda en la que la Provincia fue condenada a pagar 3,04 millones de pesos.
Concretamente, la causa “Codere Arg. SA y Bingos Platenses SA y Entretenimientos Mediterráneos SA c/ Pcia. de Córdoba – plena jurisdicción”, se inició ante la Cámara Contencioso-administrativa de 2ª nominación el 5 de junio de 2009 y tuvo por objeto que se declarara la nulidad del Decreto Nº 528 de fecha 21 de abril de 2009, normativa que resolvió rechazar el reclamo administrativo formulado por la actora por el que solicitaba la restitución del valor del depósito de garantía de impugnación.
Codere se había presentado en su momento en la licitación para la concesión y explotación de máquinas tragamonedas, concurso que luego se adjudicó a la Compañía de Entretenimientos y Turismo (CET) que se hizo cargo del negocio en diciembre de 2002.
La causa tuvo dos sentencias desfavorables para la Provincia -la Nº 202 de la Cámara Contenciosa-Administrativa de 2ª nominación del 27 de noviembre de 2012 y la Nº 156 del 19 de agosto de 2015 del Tribunal Superior de Justicia que resolvió rechazar el recurso de apelación interpuesto en contra de la Sentencia de Cámara.
La sentencia de Cámara había ordenado, entre otras cuestiones, “condenar a la Provincia de Córdoba a devolver a la actora el mencionado fondo de garantía de la impugnación constituido por la suma de Pesos Quinientos mil ($500.000), con más los intereses fijados en el Punto XIII de la Primera Cuestión, en el plazo de cuatro (4) meses computados a partir de la aprobación de la liquidación pertinente, debiendo la demandada proponerla dentro del mes siguiente al momento en que adquiera firmeza la presente resolución, para su contralor por la parte actora. Todo bajo apercibimiento de ley (…)”.
En cumplimiento del resolutorio, la Provincia presentó la correspondiente liquidación formulada con la intervención del área contable y, según las pautas fijadas en la sentencia, y una vez aprobada el 24 de febrero de 2016, se gestionaron los fondos, procediéndose al pago de de $3.045.465,43. Ese pago se concretó mediante transferencia a la cuenta para uso judicial abierta al efecto.
