ESCUCHAREl proyecto del gobernador Martín Llaryora, que implica una nueva ley de Seguridad provincial, se aprobó finalmente anoche en la Legislatura de Córdoba con votos del oficialismo y de algunos legisladores “aliados” de los monobloques.
Las medidas se centran en la creación de más fiscalías, el fortalecimiento del sistema de monitoreo a través de cámaras de seguridad, el desarme de los ciudadanos y el uso de armas no letales, entre otras.
Concretamente, en lo que al Poder Judicial se refiere, la iniciativa incluye la creación de seis fiscalías antinarcotráfico que funcionarán en las ciudades de Villa Dolores, Bell Ville, Marcos Juárez, Carlos Paz, Cruz del Eje y Córdoba.
Para la ciudad de Córdoba está previsto que se sumen 12 fiscalías criminales que permitirán profundizar el plan de territorialidad del Ministerio Público Fiscal.
Cabe recordar que como política criminal desde hace un año el fiscal General, Juan Manuel Delgado, comenzó con la reorganización del Ministerio Público. El plan piloto se puso en marcha el 13 de mayo en el Distrito 4, el 27 de mayo se extendió al Distrito 3 y luego se sumaron todas las fiscalías y unidades judiciales de los distritos 1 y 2.
La idea original de este programa es que cada fiscal trabaje de forma permanente en el territorio y con un equipo que integra al personal de las fiscalías y de las unidades judiciales de un modo estable.
El cambio operativo busca profundizar la actuación del Ministerio Público Fiscal y favorecer la coordinación con las fuerzas de seguridad con anclaje en el territorio, procurando aumentar la celeridad y la eficacia en la persecución penal.
En el transcurso de la implementación de los cambios se incorporaron 116 nuevos sumariantes y cuatro ayudantes de fiscal para reforzar la atención, en especial durante los fines de semana
