ESCUCHARUn informe de la consultora Ecolatina abre interrogantes sobre la efectividad del programa lanzado por la gestión de Sergio Massa para poner un freno a la inflación. EL principal problema son las desigualdades en la posibilidad de acceso a los productos.
A pesar de su progresiva ampliación, el programa Precios Justos presenta dificultades para llegar a los sectores más pobres, casualmente los que más sufren la inflación, especialmente en los alimentos, según un informe de Ecolatina. Ante esta situación, el Gobierno fue tomando distintas medidas a fin de contener los precios, que escalaron un 94,8% interanual.
“Por un lado, se realiza un ajuste del gasto en términos reales en conjunto con una política monetaria más contractiva, sumado a la búsqueda de que las paritarias se firmen con una pauta más acotada (60% anual). Por el otro, se dispusieron y profundizaron medidas de tinte más heterodoxo, como el programa Precios Justos”, explicó Ecolatina.
“A principios de febrero, luego de un dato de enero peor al esperado -la inflación se aceleró al 6% mensual según el Indec, 0,4 puntos porcentuales por encima de la expectativa del mercado- que alejó aún más la intención del ministro Massa de que la inflación perforara el 4% en abril, el acuerdo se renueva y amplía: la pauta de aumentos mensuales baja al 3,2% hasta junio y contempla a 15 sectores diferentes en acuerdo con más de 500 empresas, con 1.925 productos con un aumento de 9% en febrero para luego quedar congelados, y otros 50.000 dentro del corsé de aumentos pactados al 3,2%”, señaló.
La decisión es cuanto menos extraña: el gobierno insiste en intensificar una receta que no le ha dado resultado en ningún momento de toda la gestión, pero específicamente durante la del ministro Massa, que lleva una inflación acumulada cercana al 35%.
Por supuesto que eso sorprende menos que las inverosímiles declaraciones del presidente Alberto Fernández, quién afirmó en diálogo con C5N que “Cuando vos revisás donde está el meollo del problema inflacionario en enero y febrero te vas a dar cuenta que en Argentina 35 millones de personas se tomaron vacaciones y la hotelería y gastronomía empujaron todos esos precios para arriba”. Quizás en febrero todo el mundo quiso comer carne y eso la hizo subir un estimado de 25%.
Diferencias entre canales
Durante los meses desde la vigencia de Precios Justos, Ecolatina asegura que la inflación en el consumo masivo se desaceleró: pasó de promediar 6,9% en septiembre y octubre a 4,8% entre noviembre y febrero. En febrero registró 4,7%, 1,6 puntos porcentuales por debajo del promedio del trimestre septiembre-noviembre, previo al acuerdo.
“Ahora bien, mientras que en el canal moderno (supermercados, hipermercados) se observó una mayor incidencia del programa, en el canal tradicional (almacenes, pequeños comercios de cercanía) -no cubierto por el acuerdo y con menor trato directo con el Gobierno- el aumento de precios de los productos atravesados por Precios Justos fue mayor”, afirmó Ecolatina.
Es apenas una estrategia estadística con la que se puede enmascarar la realidad que viven millones de argentinos que compran en comercios de cercanía, en efectivo y al margen de los acuerdos y reembolsos que puedan acordarse para las grandes cadenas y comercios en vías de digitalización.
Según el informe, desde la puesta en marcha del programa, la diferencia entre los aumentos de algunos productos dentro del acuerdo no es menor: por ejemplo, en el canal tradicional el agua creció 10 puntos porcentuales por encima del canal moderno; los fideos, 9; la leche, 7 y los yogures, 6.
“Si se toma sólo diciembre y enero, meses donde no hubo actualizaciones en los precios que estaban congelados (en noviembre y febrero se actualizaron 4% y 9% respectivamente), la diferencia es aún más profunda”, indicó la consultora.
Esto sirve para reforzar el hecho de que la desaceleración en la inflación no sólo se vio favorecida por el programa, sino porque hubo otros factores que jugaron a favor. Como la menor dinámica de los precios de la carne hasta enero y el retroceso de 2,1% en los precios de verduras en diciembre.
En la moderación del índice de diciembre, la clave también radicó en que hubo poco ajuste en servicios regulados e indumentaria se mantuvo relativamente más contenida.
Las debilidades del programa
“Esta brecha entre los aumentos de productos de consumo masivo incluidos en Precios Justos que se venden en supermercados y los que se consiguen en comercios de cercanía o pequeños autoservicios implica un impacto más severo sobre los sectores más vulnerables”, aseguró la consultora.
“Los deciles más pobres de la sociedad no sólo gastan un mayor porcentaje de sus ingresos en productos de consumo masivo, sino que tienden a utilizar menos las grandes superficies: según la última Encuesta de Gasto de los Hogares los hogares del 10% de menores ingresos destinan sólo el 15% de sus gastos en alimentos y bebidas al canal moderno, mientras que ese porcentaje crece a 45% en los hogares del 10% de mayores ingresos”, apuntó.
“Entonces, si bien el plan logró cierto impacto, posiblemente no haya tenido la misma repercusión en hogares con menores ingresos, ya que casi no compran en supermercados y destinan un mayor porcentaje de sus ingresos a bienes de primera necesidad en pequeñas superficies de venta, donde los precios han tendido a aumentar más”, agregó.
Pese a esa diferencia, el desempeño del consumo viene aumentando en las grandes cadenas de supermercados. De acuerdo a datos de Scentia, en 2022 el consumo en los supermercados trepó 3,1% interanual, mientras que en autoservicios independientes subió 0,8%.
Esta diferencia se ha ido agudizando en los últimos meses: en enero, las ventas en supermercados subieron 7,8% interanual y cayeron 9,1% en autoservicios.
“Esta dinámica se encuentra explicada en gran medida por las promociones y la diversidad de medios de pago que ofrecen las cadenas más grandes”, indica Ecolatina.
“Por otro lado, a pesar de la vigencia del programa y de la desaceleración del IPC Consumo Masivo, en el arranque de 2023 la inflación en alimentos y bebidas se aceleró notablemente, producto de los aumentos registrados en carne vacuna (en febrero creció casi 26%, luego de ocho meses de atraso relativo) y la aceleración en los precios de frutas (+30%) y verduras (+36%) en el primer bimestre, que son al mismo tiempo los grupos que más peso tienen en la canasta de consumo de los hogares de menores ingresos (en conjunto pesan 18% en los sectores más pobres y 6% en el 10% más rico)”, detalló.
“En este sentido, Precios Justos está compuesto principalmente por productos empaquetados, y la dificultad de concretar un acuerdo amplio y robusto para los alimentos frescos (frutas, verduras, carne vacuna) radica en la elevada atomización de los productores -distribuidos a lo largo y ancho del país-, el elevado índice de informalidad presente en algunos eslabones y el impacto sobre los precios de factores asociados a la estacionalidad, los ciclos biológicos y/o las inclemencias climáticas”, precisó.
Además, se debe tener en cuenta que la escasez de divisas le hará difícil al gobierno cumplir con su parte del acuerdo de precios, la garantía de un mayor acceso al MULC. Por este motivo, “los riesgos de que algunos acuerdos se resquebrajen por menores incentivos a permanecer dentro -que además se reducen en tanto la inflación es más alta- no son menores”, advirtió la consultora.
La perspectiva a futuro
“En medio de un escenario signado por la profundización de las necesidades de asistencia social en los sectores más bajos, los límites para expandir el gasto público en asistencia social que impone el programa financiero incrementan las tensiones derivadas del impacto de una inflación persistentemente elevada sobre los hogares más pobres“, indicó Ecolatina. Cabe recordar que casi nueve millones de menores son beneficiarios de la AUH (más la Tarjeta Alimentar que va ligada a la misma) y que hay casi un millón y medio de beneficiarios de planes Potenciar Trabajo.
“Producto del patrón de consumo de las familias, la escasez de divisas y la sequía, las debilidades que presenta Precios Justos complican la búsqueda por evitar un mayor impacto de la inflación sobre los hogares más vulnerables”, precisó.
“Asimismo, lo sucedido en ediciones pasadas muestra que, aunque los acuerdos de precios de bienes de consumo masivo tengan algún impacto de corto plazo -como los que estamos viendo actualmente – traen aparejados riesgos hacia adelante, ya que, cuando se levanta el congelamiento, los precios se actualizan intentando recomponer el terreno perdido y terminan por acelerar nuevamente la inflación”, agregó.
“Los controles de precios/salarios resultan insuficientes para utilizarse de manera aislada como herramienta para desinflacionar en forma sostenida. En el marco de la implementación de un plan de estabilización técnicamente sólido, con amplio respaldo político y creíble para los agentes económicos, los acuerdos pueden funcionar como un complemento para alcanzar el objetivo de moderar la inercia inflacionaria y anclar expectativas, pero comprendiendo su rol y sus limitaciones”, concluyó.
