ESCUCHARLo hizo durante su exposición ante el plenario de comisiones del Senado, que ya debate el proyecto de ley que crea la Agencia Nacional de Participaciones Estatales en Empresas (ANPE).
El ministro de Economía, Axel Kicillof, consideró que la venta de “una sola” de las acciones de empresas privadas que el Estado posee mediante el Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) es “un acto de privatización” y recordó que “este Gobierno no vendió ni una sola acción desde que llegaron de las AFJP”.
Subrayó el ministro: “Lo que proponemos es que la decisión de desprenderse de una sola acción no esté prohibida, porque hacen a diferentes situaciones, pero que no sea una decisión arbitraria unilateral tomada por una dependencia del Poder Ejecutivo sino que sea una decisión del Parlamento”.
Kicillof, junto con el titular de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses), Diego Bossio, fueron los encargados de exponer, durante un plenario de las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Trabajo y Previsión Social del Senado, el proyecto de ley enviado por el Poder Ejecutivo que declara de interés público la protección de las participaciones del Estado en empresas privadas.
Dijo que las “tenencias accionarias dan derecho político a participar en la decisión de las compañías” e insistió en que “si hoy esas acciones son públicas y las vendemos, estamos privatizando esa parte de la compañía, que hoy es pública”.
Mayoría agravada
En referencia a la necesidad de contar con dos terceras partes de los votos positivos de ambas cámaras del Congreso para poder vender acciones que integran el FGS -tal como establece el proyecto-, Kicillof subrayó que “lo que está haciendo el Ejecutivo es la política de devolver al Parlamento la decisión última de desprenderse de estos paquetes accionarios”.
Al respecto, citó un artículo del diario La Nación del año pasado en el que un dirigente de PRO había admitido que si llegaban al gobierno se iban a vender la totalidad de las acciones del FGS. “Se trata de una extranjerización a través de la privatización de lo que hoy es patrimonio de todos los argentinos”, enfatizó el ministro, y calificó tal iniciativa como una idea “ruinosa, malísima y vendepatria”.
“En 2008 algunos nos decían que vendiéramos las acciones. Si lo hubiéramos hecho nos hubiéramos perdido de un crecimiento de 736%. Fue muy buena inversión para el FGS retener esas acciones”, afirmó.
Lo público y lo privado
El proyecto que crea la Agencia Nacional de Participaciones Estatales en Empresas (ANPE), para Kicillof “encierra una discusión muy importante sobre la relación de lo público con lo privado y del Estado con el mercado”.
Indicó: “Da respuesta a la pregunta de qué relación debe tener el Estado nacional con las compañías privadas cuando el Estado es tenedor de acciones de esas compañías privadas”.
Por otro lado, el funcionario puntualizó que las “tenencias accionarias dan derecho político a participar en la decisión de las compañías”.
Finalmente, Kicillof aclaró que los directores nombrados en las compañías sólo percibirán el sueldo que pague el Estado y que el dinero que les corresponda por su integración en la compañía seguirá yendo a parar al Fondo del Menor y la Familia.
Qué dice el proyecto de ley
La ANPE, una nueva agencia del Estado
La iniciativa enviada por el Ejecutivo declara de interés público la protección de las acciones que el Estado posee en empresas privadas, que forman parte del FGS del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA).
De ese modo, se prohíbe la venta, la transferencia o cualquier otra acción que implique que el Estado se desprenda de esas acciones, salvo que el Congreso de la Nación lo autorice mediante el voto de los dos tercios de sus miembros.
De acuerdo con el proyecto ingresado el lunes al Senado, la finalidad es preservar la sustentabilidad del fondo y “promover el rol activo del Estado en la coordinación de la gestión de los directores que representan al Estado nacional” para “resguardar el interés público comprometido en las participaciones societarias”.
Para ello, se crea la ANPE como continuadora de la Dirección Nacional de Empresas con Participación del Estado, que deberá entender en la ejecución de las políticas y acciones que hacen al ejercicio de los derechos societarios de las participaciones accionarias o de capital de las empresas comprendidas en el proyecto.
La ANPE tendrá a su cargo ejercer los “derechos políticos” inherentes a las acciones que integran la cartera de inversiones del FGS.
De ese modo se busca “contribuir a la coordinación estratégica de la política económica del Estado nacional, orientada a la administración unificada e integral de las empresas en que participa en forma minoritaria”.
La nueva agencia se integrará con un directorio y un consejo consultivo, previendo la conformación de una Comisión Bicameral Permanente de Participación Estatal en Empresas, conformada por ocho miembros de la cámara de Diputados y ocho del Senado.
El directorio estará conformado por un presidente, ejercido por el director Ejecutivo de la Anses; dos directores designados por el Poder Ejecutivo Nacional y dos directores propuestos por la Comisión Bicameral: uno por la mayoría o primera minoría y otro por la primera minoría o segunda minoría.
