ESCUCHARLa Caja de Jubilaciones y Pensiones de la Provincia afronta juicios de beneficiarios por 130 millones de pesos, producto del recorte sufrido en los haberes a partir del decreto 1777 dictado durante la gobernación de Ramón Bautista Mestre y que, en 2007, fuera considerado inconstitucional por la Corte Suprema de Justicia.
La cifra se conoció ayer en el marco de la presentación que realizó Osvaldo Giordano, secretario de Previsión Social, ante los legisladores que integran las comisiones de Economía, Previsión y Legislación General.
Los reclamos por la inconstitucionalidad del decreto representan el 30 por ciento de los juicios que actualmente afronta la Caja.
La proporción reúne 220 litigios que involucran a 1.506 beneficiarios de jubilaciones y/o pensiones de la Provincia, los que representan el 1,7 por ciento del total de beneficiarios.
Según datos proporcionados por el secretario de Previsión Social, el 31 por ciento de los demandantes percibe haberes mayores a los 4.000 pesos. Esa franja sólo representa el 14,5 por ciento del total de beneficiarios.
En resumen, los haberes medios de los demandantes son de 4.623 pesos. Si se tiene en cuenta que el salario promedio de la totalidad de los beneficiarios es de 2.335 pesos mensuales, resulta que los demandantes cobran haberes promedios 98 por ciento superiores a los de la totalidad de los pasivos de la Provincia.
Otros juicios
Un 46 por ciento de las presentaciones, es decir, 325 juicios representando los intereses de 2.490 beneficiarios, se deben a reclamos por la proporción del pago de haberes en términos de no remunerativos. De ellos, el 70 por ciento de los juicios fueron presentados por docentes.
Otro 17 por ciento de los litigios, es decir, 219 juicios que reúnen a 927 actores, se deben a reclamos por la movilidad.
En definitiva, la Caja enfrenta en la actualidad reclamos de 5.308 actores reunidos en 1.109 juicios.
Si se considera el total de beneficiarios de jubilaciones y/o pensiones, que llegan a 87.039 personas, se deduce que cada 17 beneficiarios, uno entabló algún tipo de reclamo.
En tanto, el 27 por ciento de los actores que reclamó por el decreto 1777 de la gestión Mestre, pertenecen al sector bancario y al Poder Judicial. Ese sector representa el 5,9 por ciento del total de beneficiarios de la Caja.
